¿Es posible construir una Argentina libre de los lobbies de las corporaciones? ¿Se puede conducir un país sin someterse a los designios de los grupos de poder? Nos hacíamos esta pregunta cuando repasábamos los títulos periodísticos de la última semana.

La oposición le dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se modifica la composición del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra, evalúa y sanciona a los jueces. No sólo aumentaron el número de miembros del Consejo sino que en su composición les dieron más poder a los abogados, a los jueces y a las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la corporación judicial.

Esta semana la soja cotizó en Rosario a 950 pesos por tonelada. Recordemos: cuando se desató el conflicto por la 125 la soja se pagaba cerca de 1.000 pesos la tonelada. Hubo una cosecha récord de 55 millones de toneladas de soja. No hubo sequía y en Santa Fe hubo rendimientos casi inéditos. Basta con ir a los pueblos del interior de Santa Fe para darnos cuenta de la nueva bonanza del campo, a la que se agregan buenos precios en la leche y en la carne. Sin embargo, la Mesa de Enlace y los diputados opositores quieren que se bajen las retenciones. Lo plantean al mismo tiempo que quieren aumentar las jubilaciones mínimas. Esto es, las corporaciones del campo empujan a la oposición a bajar impuestos cuando ellos quieren aumentar los gastos.

Los empresarios del campo no son mucho peores que las corporaciones de la industria. La Unión Industrial Argentina salió a criticar el intento opositor de financiar un aumento de las jubilaciones vía la restitución de los valores históricos de las contribuciones patronales y alertaron sobre el potencial riesgo sobre el empleo. En otras palabras, dijeron: “si aumentan las contribuciones patronales vamos a despedir gente”. ¿Suena amenazante, no?Pero no sólo se expresaron en esta semana las corporaciones judiciales, industriales y agropecuarias. También se expresó la corporación eclesial, que es muy distinta a la Iglesia–Pueblo de Dios en la que muchos creemos. La Iglesia–Corporación es la que apoyó todos los golpes de Estado. Es la que encubrió el terrorismo de estado. Es la que se opuso al divorcio. Es la que impidió las reformas educativas en los tiempos de Alfonsín. Es la que censura a los pedagogos que piensan distinto.

La Iglesia–Corporación, la institución a la que le preocupa más el poder que la fe, habló a través de su vocero, Jorge Bergoglio, quién comparó al matrimonio homosexual con una guerra contra Dios. Según Bergoglio, no se trata de una modificación al código civil de un país supuestamente laico, donde existe separación entre Iglesia y Estado. Comparar al matrimonio gay con una lucha contra Dios convierte al tema en una especie de guerra santa. ¿No es demasiado?

Si a estas presiones corporativas, que se expresan a través de políticos elegidos por el voto popular, le sumamos la continua presión de las corporaciones mediáticas que tratan de impedir la democratización de la comunicación que propone la Ley de Medios, el combo alcanza un volumen para nada despreciable.

Hay políticos que dicen que no se puede gobernar la Argentina sin un acuerdo con las corporaciones. Y para fundamentar su posición se remiten a la historia. Sin acuerdo con ellas, Perón fue destituido en 1955. Sin su apoyo, Illia no llegó al final de su mandato. Enfrentado con la Iglesia, con la Sociedad Rural y los barones de la Industria, Alfonsín no pudo manejar la Argentina. ¿Podrá Cristina lograr lo que otros no lograron?

Lamentablemente, muchos dirigentes políticos de la oposición no se dan cuenta y su afán por debilitar a la Presidenta los lleva a decirle sí a todo lo que plantean los grupos de poder. Se hacen sus voceros, sus empleados y, a veces, sus esclavos.

Cuando la política, que tiene que velar por el bienestar general, se transforma en felpudo de las corporaciones, la democracia tiembla. Cuando en nombre del voto popular se trabaja para el beneficio de unos pocos que siempre se salieron con la suya, se traiciona el pacto que une al representante con el representado.

Si ganan las corporaciones, llámese Clarín, Sociedad Rural, UIA o como se llame, no sólo Cristina, sino perderemos todos los que necesitamos que el estado nos proteja, nos cuide, equipare nuestros derechos y nos garantice el marco institucional adecuado para que la justicia social sea mucho más que una frase recurrente en los discursos políticos.

(*) Lic. en Ciencia Política - Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario

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La Dirección de Información y Análisis Sectorial, dependiente de la Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación, difundió durante la 1er. semana de julio, un informe sobre la “Evolución de los complejos exportadores provinciales” en el primer trimestre de 2010.

Entre enero y marzo de este año, las exportaciones argentinas totalizaron 12.731 millones de dólares, un 6,8 % más que en el mismo trimestre del año pasado en que se ubicaron en los 11.916 millones de dólares.

Según el informe, elaborado sobre información de INDEC, “todas las regiones del país mostraron un alza en los valores de sus ventas externas” aunque resalta que “se observan diferencias tanto en la magnitud de la variación, como en el comportamiento de las distintas provincias”.

Adriana Sánchez, Directora de Información y Análisis Sectorial, informó que “la Región Nuevo Cuyo fue la que evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 52% en sus exportaciones. Las regiones del Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA) y Patagonia registraron incrementos de entre 15% y 20% en los valores de exportación. Por su parte, las ventas de la Región Centro y Buenos Aires permanecieron prácticamente sin variaciones”.

Analizando en particular la Región Centro y Buenos Aires, las exportaciones en este primer trimestre de 2010 se ubicaron cerca de los 8.400 millones de dólares superando en un 0,1 % la performance del mismo trimestre del año pasado.

Las exportaciones cordobesas bajaron un 4 %, pasando de 1.534 millones en el primer trimestre de 2009 a 1.473 millones en este 2010. La performance de Entre Ríos fue inversa: las exportaciones de los tres primeros meses de este año fueron un 5,1 % más elevada que las del 2009, totalizando 204 millones de pesos versus 195 millones de dólares exportados el año pasado.

Si bien Santa Fe “es una de las provincias en las que la relación exportaciones / producto es más importante”, el análisis de los datos del primer trimestre de este año no dejan de merecer un análisis pormenorizado. En contra de lo que cualquiera pudiese llegar a pensar, las exportaciones de Santa Fe pasaron de 2.567 millones de dólares en el primer trimestre del 2009 a 2.209 millones en este año, reduciéndose en un 13,9 %.

No todos los rubros se comportaron de la misma manera. Las exportaciones de productos primarios santafesinos se redujeron en un 23,9 % y las de manufacturas de origen agropecuario (MOA) cayeron en un 25,4 %. Por su parte, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron un 87,1 % y las de Combustibles y Energía se incrementaron en un 24,4 %.

El informe plantea que “Santa Fe registró la caída más abultada de la región, como consecuencia de la baja de las exportaciones en el complejo de mayor participación relativa (Oleaginoso), dada la disminución en el volumen vendido de harina y pellets de soja (-55%) y de aceite de soja (-29%)”. La especialista a cargo de la Dirección antes indicada, explicó que “en el análisis de los meses siguientes (abril y mayo) puede observarse una importante recuperación de los mismos que se expresarán claramente en el informe del segundo trimestre”. Por nuestra parte, somos optimistas respecto del futuro próximo, ya que en el segundo trimestre se van a notar los efectos positivos de la buena cosecha de soja y de los buenos precios de comercialización.

Además, debe tenerse en cuenta que en el primer trimestre de 2009 hubo un buen volumen de exportaciones de derivados de la soja realizadas principalmente sobre ventas de stocks acumulados por el sector agropecuario luego de la cosecha del 2008 y que encontraron entre enero y marzo del año pasado mejores condiciones de venta. Es por ello que la funcionaria del Ministerio de Economía recomienda “hacer los análisis de los datos teniendo en cuenta los contextos económicos, especialmente en productos vinculados a la soja, donde existe gran capacidad de almacenamiento y pueden prorrogarse ventas por algún tiempo esperando mejores precios”.

En sentido contrario, las exportaciones ganaderas santafesinas crecieron un 8,6 % y las del sector automotriz en un 137 %, pasando de 77.098 millones de dólares en el primer trimestre de 2009 a 183.423 millones de dólares en el mismo período de este año. Este crecimiento se explica fundamentalmente “por el incremento de la venta de vehículos y autopartes al mercado brasileño”, explicó la funcionaria. Pero además debe tenerse en cuenta que el primer trimestre del año 2009 fue el peor de los últimos tiempos para las terminales automotrices, las autopartistas y las fábricas de maquinaria agrícola por el efecto de la crisis internacional. Vale recordar que en el 2009 Santa Fe se ubicó como la segunda provincia en participación en el total de exportaciones del país, llegando a los 12.244 millones de dólares, un 22,4 % del total de exportaciones nacionales.

Si bien – como indica Sánchez – “Santa Fe tiene una base exportadora bastante diversificada”, en la performance del año pasado, sólo 10 productos concentraron el 78,4 % de las exportaciones provinciales, resaltando la venta de pellets de soja (33,6%), aceite de soja (22,2 %) y porotos de soja (7,4 %). Las exportaciones santafesinas del año pasado se destinaron en un 11 % a China, un 8 % a Brasil y un 32 % a la Unión Europea.

“Preocupa saber qué puede pasar con los productos que se destinan a la Unión Europea”, señala Sánchez y recuerda que el 32 % de las exportaciones santafesinas tienen ese destino, cuando China representa un 11 % y el Mercosur otro tanto. En este sentido, es importante resaltar la necesidad de diversificar los mercados a los que se exportan productos santafesinos para disminuir potenciales dependencias, lo que requiere una actitud mucho más proactiva de parte de las autoridades provinciales, a diferencia de una Cancillería argentina muy activa que busca nuevas oportunidades comerciales en economías emergentes.

Colombia presentó ante la OEA supuestas pruebas de la complicidad de Hugo Chávez con las FARC. Los viejos patrones que se repiten y una silenciosa y preocupante política del Pentágono

Ayer uno asistía, con el grado de interés que la profesión y la vocación por los temas mundiales le provoca, a la transmisión de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Como es conocido a estas alturas, el tema que le daba el calificativo de “extraordinaria” a la sesión era la intención del gobierno de Colombia de presentar pruebas de la connivencia de Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC, permitiendo la existencia de campamentos de esa organización en territorio venezolano. Y a medida que la exposición del embajador colombiano ante el organismo hemisférico transcurría, uno no podía dejar de experimentar una sensación de deja vú; de que esto ya lo vio antes. Y entonces me acordé. Era una puesta en escena casi calcada de la ya tristemente famosa presentación del secretario de estado Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2003 para justificar y legitimar la invasión norteamericana a Irak.

En aquella ocasión, el jefe de la diplomacia del gobierno de George W. Bush, asistido por una batería de gráficos, fotos satelitales, datos, cifras e informes de inteligencia, demostraba (supuestamente) que el régimen de Saddam Hussein estaba nuevamente en posesión de armas de destrucción masiva. Este hecho, decía Powell, en el contexto de la guerra global al terrorismo, representaba una amenaza inminente a la seguridad de los Estados Unidos y del mundo y, por lo tanto, se hacía imperante una acción inmediata del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza. Después sabemos cómo terminó esa historia. Las armas de destrucción masiva nunca aparecieron; la CIA acusada de falsear informes de inteligencia para exagerar el grado de amenaza representado por Irak; etc., etc., etc.

Y ayer pasó algo parecido. El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, mostró toda una serie de imágenes, gráficos, coordenadas y demás datos, para argumentar la existencia de campamentos de las FARC dentro de territorio venezolano. Por poner un par de ejemplos, afirmó que hay cinco campamentos en Venezuela, cercanos a la frontera con Colombia. Tres de ellos serían los más importantes: campamento Berta, el campamento Bolivariano y el centro de instrucción Santrich. Este último es utilizado para entrenar a los guerrilleros en el manejo de armas y explosivos. “Las coordenadas de Santrich son 10º 40’ 55’’ Norte y 72º 30’ 23’’ Oeste”, afirmó. Además, mostró fotografías donde aparecen el líder rebelde Iván Márquez, además de otros tales como “alias” Jesús Santrich y “alias” Pablito. A la vez que se proyectaban las imágenes de los guerrilleros, el embajador colombiano insinuaba la protección que tendrían de parte de Venezuela. En particular sobre el último de los mencionados, Pablito, Hoyos exhibió una foto donde aparece en una playa, que tranquilamente podría ser Cartagena, pero que Hoyos ubicó en la isla Margarita. Sería la playa Chichirivichi y el guerrillero se estaría tomando una cerveza Polar, producida en Venezuela.

Todo esto me disparó una serie de reflexiones y preguntas. Desde un punto de vista puramente escéptico, lo primero que se me ocurre pensar es que en la era del Photoshop todo es posible. Hacer aparecer a este escritor en una foto sosteniendo un surubí de 10 kilos –cuando es famosa y reconocida mi ineptitud a la hora de empuñar una caña de pescar– es un juego de niños para cualquier persona diestra en la manipulación digital de imágenes. Ni hablar entonces de hacer aparecer a un guerrillero en una supuesta playa en Isla Margarita tomando cerveza venezolana.

Pero para que esto no parezca un análisis completamente sesgado o ultrachavista supongamos por un momento que los alegatos del gobierno colombiano son ciertos. No obstante, ¿es realmente creíble la justificación respecto de cómo se obtuvieron esos datos? ¿Suena verosímil que guerrilleros arrepentidos huyeron de los campamentos de las FARC, atravesaron la jungla cruzando por todo el territorio que según el propio gobierno está bajo control de la guerrilla, con toda la información, videos, fotos, coordenadas y demás pruebas para intercambiarlas por inmunidad? ¿O los datos de inteligencia provienen de otro lado? ¿Si es así de dónde?

Esto me hace acordar mucho al ya épico rescate de Ingrid Betancourt. Justo en el momento en el que parecía comenzar a tomar fuerza la alternativa del diálogo por medio de intermediarios internacionales como forma de liberar rehenes en manos de las FARC y darle un duro golpe a la estrategia de confrontación permanente de Uribe, aparece la operación militar de rescate de la ex candidata presidencial a la que ya casi se daba por muerta. Ahora otra vez lo mismo. Apenas a dos semanas del traspaso del poder, cuando desde Caracas se pretendía instalar un ambiente de renovación de aires a partir del cambio de gobierno, Uribe se decide condicionar la relación bilateral con Venezuela montando todo un espectáculo en el foro diplomático en el que se siente más cómodo, ya que es en el que históricamente los Estados Unidos, su gran aliado continental, han hecho valer su poder predominante.

No sé. ¿Qué quiere que le diga? Esto ya me suena demasiado a un guión de una película de acción muy mala. Porque, de paso, convengamos en algo, muy atinadas son las observaciones que hace Luis Bruschtein en su nota de Página 12 del 23 de Julio: a la situación de las siete bases militares norteamericanas en Colombia él añade además que “la flamante presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, autorizó la entrada a ese país de tradición pacifista a entre siete y trece mil marines norteamericanos y 46 barcos de la flota estadounidense. Costa Rica no tiene ejército. En poco tiempo lo tendrá, y será el de los Estados Unidos.”

Un poco más adelante Bruschtein continúa diciendo que “a su vez, el nuevo presidente de Panamá, el empresario derechista Ricardo Martinelli, firmó con Hillary Clinton otro acuerdo para instalar cuatro bases aeromilitares. Y lo mismo se dice con respecto a Perú: el presidente de Ecuador, el centroizquierdista Rafael Correa, no renovó contrato para la base de Manta, por lo que será trasladada a Iquitos. En una época en que no existen conflictos militares en la región, sino que, por el contrario, el impulso integrador ha sido más fuerte que en toda su historia reciente, resulta por lo menos sospechoso el evidente interés del Pentágono por regar América latina con bases militares norteamericanas. Y resulta más inquietante si al mismo tiempo, desde Colombia, donde está la mayoría de ellas, un presidente a punto de retirarse echa fuego al conflicto con Venezuela y condiciona a su sucesor y a Chávez a una política de tensión creciente.”

Amén.

(*) Lic. en Relaciones Internacionales - Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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Lenta pero inexorablemente, en nuestro país comienza a confirmarse que la política es más que puro consenso. Su estrecha relación con el conflicto es notoria, y algo de eso parecen señalar las últimas declaraciones de Elisa Carrió.

“Yo no iría a ningún lugar al que me inviten el Guasón y su mujer”. La frase la pronunció el viernes por la tarde Elisa Carrió. Y se refería –con el apodo de Guasón– a Néstor Kirchner. Y “su mujer” no es otra que la mismísima Presidenta de la Nación.

Pero puntualmente, ¿a qué se debía esa reflexión? En realidad fue un mensaje a Ricardo Alfonsín, quién fue invitado a un acto que se realizó en su pueblo, Chascomús, al cual asistieron la Presidenta y varios ministros, entre ellos Florencio Randazzo y Julio De Vido. Se ve que la foto de Alfonsín participando de una actividad institucional del gobierno nacional no le gustó para nada a Carrió, quién agregó “ya estamos grandes para estudiantinas”.

Vale la pena preguntarnos entonces: ¿hizo mal Alfonsín en ir a un acto institucional que se realizó en su pueblo y al que fue invitado protocolarmente por la presidencia de la Nación? ¿No hubiera sido un fuerte gesto de intolerancia faltar a la cita?

Imaginemos un poco. En poco tiempo, la Presidenta puede llegar a San Genaro, provincia de Santa Fe, a inaugurar un acueducto. ¿Qué diría la prensa si Cristina Fernández no invitara a Hermes Binner o si éste no asistiera a la cita? Se hablaría de intolerancia, de crispación, o sin ir más lejos, de falta de respeto.

¿Qué le pasó entonces a Carrió? ¿Desvarió? ¿Equivocó el camino? Para nada. Lo que está sucediendo, lenta e inexorablemente en la Argentina es que comienza a desmontarse esa ficción colectiva que se había instalado después del 28 de junio del año pasado y que decía, palabras más, palabras menos, que “los problemas de los argentinos se solucionan con consensos” y que el mensaje de las urnas había expresado que se necesitaba más diálogo.

A casi un año de esos hechos, las autoridades de la Iglesia Católica prefieren un tono beligerante hablando de guerra santa a la hora de diseñar una estrategia legislativa en contra del matrimonio igualitario. Nada de diálogo ni de tolerancia: sólo presiones, descalificaciones, agresiones a los que piensan distinto.

A un año del permanente bombardeo discursivo pidiendo diálogo, los mismos grupos políticos que se unen en el Congreso Nacional en contra del gobierno se tiran con municiones pesadas en la Legislatura de la ciudad de Buenos aires alrededor del tema de las escuchas ilegales de Mauricio Macri.

Se terminó el cuento del diálogo. Se terminó la hipocresía. Los que lo pedían era por mera cuestión de marketing electoral. Un ejemplo: hace 15 días, en la Cámara de Diputados, el presidente de bloque del radicalismo Oscar Aguad, mientras se discutía sobre una cuestión reglamentaria, afirmó: “estamos discutiendo poder y las cosas se dirimen votando”. En resumen, tolerancia cero, diálogo nulo, “somos mayoría los opositores y acá se hace lo que nosotros decimos”.

Este lenguaje se creía que era propiedad exclusiva del kirchnerismo. Es más, se pensaba que era una novedad institucional de los argentinos. “En los países serios esto no pasa”, decían algunos analistas. Hoy vemos que España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Grecia e Italia viven situaciones de intolerancia política parecidas e incluso superiores a las que vemos aquí en la Argentina.

¿No será hora de que aceptemos que el conflicto y el disenso son partes inescindibles de la política? ¿Y que en etapas complejas de la historia hay serias barreras para que esos conflictos se diriman racionalmente en el marco del juego de las instituciones y que, en definitiva, se priorizan las estrategias confrontativas?

No sorprende tanto que Néstor Kirchner tenga palabras fuertes en sus discursos como que Carrió y otros líderes opositores, anteriormente profetas de la tolerancia, ahora prefieran la confrontación directa. Diálogo y conflicto son dos caras de una misma moneda: la democracia. No hay que asustarse ni escandalizarse. Sólo hay que registrar la coherencia de los actores políticos. Y acordarse cada dos años, cuando se vota.

(*) Lic. en Ciencia Política - Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario

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Pese a sus críticas a los gobernadores que ceden ante la "billetera" de Olivos, cuando estuvo al frente de la provincia el ex piloto suscribió todos los pactos sin cuestionamientos aunque le sumaban obligaciones y retaceaban fondos.

Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal (Funif Rosario) que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento Rosario 12 - Ver artículo Original

El Fondo Federal Solidario es una buena herramienta para reducir las desigualdades regionales. Así surge del análisis de transferencias a provincias en relación con la localización de la producción de soja.

Se sabe que el Fondo Federal Solidario (FFS) se conforma con el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones al complejo sojero y se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Desde la creación del FFS, y hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias 2941 millones de pesos que, a su vez, deben ser transferidos en idénticos porcentajes a los municipios, con la finalidad de financiar obras de infraestructura económica y social.

Los meses de abril (393 millones de pesos), octubre (389,7 millones) y mayo (389,3 millones) fueron los de mayores transferencias. Esto se debió a las variaciones en los volúmenes comercializados y los precios FOB a los que cotizó la soja en los diversos momentos del año. Al ser distribuido por el coeficiente respectivo de Coparticipación Federal, las provincias de Buenos Aires (21,22 por ciento), Santa Fe (8,63) y Córdoba (8,58) fueron las que más recursos recibieron del FFS. Pero más allá de las transferencias realizadas a las provincias, vale la pena hacer un análisis de los efectos redistributivos del FFS.

Desde el mismo momento en que se eligió transferir los recursos de acuerdo al índice de coparticipación, el gobierno nacional optó por privilegiar un criterio distributivo en lugar de un criterio retributivo, lo que hubiera implicado que las regiones y provincias que más soja producen, más recursos recibirán. Este criterio subyace en los análisis económicos de diversas organizaciones y centros de estudios localizados en la Región Pampeana que plantean que “el gobierno nacional no devuelve a las provincias lo que ellas producen y exportan de soja”.

Esta opción del gobierno nacional fue, claramente, una decisión de política económica y social. Trasunta la idea de que la recaudación por retenciones a las exportaciones de commodities que tienen origen en la zona económicamente más favorecida de la Argentina por condiciones naturales (suelos y clima) ayude al desarrollo relativo de las regiones que no cuentan con condiciones tan favorables. Si uno confronta el porcentaje de recursos del FFS recibidos por cada provincia con el porcentaje de participación de cada provincia en la producción total de soja, podemos corroborar el efecto redistributivo del Fondo Federal Solidario: el 88,4 por ciento de la soja se produce en la Región Pampeana, que coincidentemente concentra casi el 89,0 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero a esta región sólo se transfiere el 47,3 por ciento de los recursos del FFS. En sentido inverso, el 52,7 por ciento del FFS se transfiere a las regiones y provincias extra pampeanas, que sólo producen el 11,6 por ciento de la soja y aportan algo más del 10,0 por ciento al PBI nacional.

La Región Pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires) recibió en 2009 un total de 1392 millones de pesos por distribución del FFS, representando un 47,3 por ciento del total de recursos enviados a las provincias. Siendo la Región Pampeana la productora del 88,4 por ciento de la soja, queda claro que es la riqueza producida en esta zona la que permite la redistribución de los recursos generados en regiones menos favorecidas por la calidad de suelos y el clima.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) recibió en 2009 el 9,5 por ciento de los recursos del FFS, totalizando unos 279 millones de pesos. Su participación en la producción de soja es mínima: sólo un 0,96 por ciento, cerca de 295 mil toneladas que sólo se producen en San Luis.

La Región NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) recibió por el FFS un total de 444 millones de pesos, un 15,1 por ciento del total de transferencias. Sólo produce el 2,2 por ciento de la soja, lo que transforma a la región en la más favorecida en términos de redistribución.

La Región NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) recibió el 19,7 por ciento de los recursos del FFS, unos 579 millones de pesos. Produce el 7,9 por ciento de la soja (2,6 millones de toneladas), lo que la transforma en la segunda región más favorecida en términos de la redistribución conseguida por el FFS.

La Región Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut), sin ser productora de soja, recibió el 8,4 por ciento de los recursos del FFS, unos 245 millones de pesos. Es la tercera región más favorecida por la redistribución de los recursos obtenidos por las retenciones al complejo sojero.

Esto permite concluir que una parte importante de la renta producida en la región económica más próspera de la Argentina se distribuye en un elevado porcentaje (52,7 por ciento) entre las regiones (y provincias) menos favorecidas por las condiciones naturales, incluso en aquellos territorios donde no se produce nada de soja.

¿Qué hubiera pasado si la Presidenta hubiera seguido el consejo de consultoras económicas financiadas por gobiernos y empresas localizadas en la Pampa Húmeda? Sencillamente, se hubieran potenciado las desigualdades regionales existentes. Consideramos que en un año clave –por el impacto de la crisis financiera– la decisión del Gobierno de conformar el FFS transfiriendo recursos a regiones y provincias desde un claro criterio de justicia distributiva ayudó a sostener la inversión pública en infraestructura en las zonas más necesitadas de un esfuerzo colectivo como Nación para reducir las importantes brechas de desarrollo relativo existentes al interior de nuestro querido país.

(*) Director ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal (Funif), Rosario

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento CASH - Ver artículo Original