La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas confirmó el camino emprendido por Alvaro Uribe hace ocho años. SI bien los números finales no le dieron al candidato oficialista, Juan Manuel Santos, el margen para imponerse en primera vuelta, queda posicionado para un cómodo triunfo en el ballotage.

Hasta hace no mucho tiempo algunos analistas se planteaban el interrogante de qué era lo que estaba en juego en Colombia, tomando como referencia las elecciones presidenciales celebradas a finales de mayo. En un país con dinámicas internas atravesadas por variables singulares en la región y perdurables en el tiempo (a saber, la presencia de la guerrilla de las FARC y la consecuente militarización de la sociedad colombiana) la única certeza que parecía ofrecer estos comicios era la continuidad de las políticas implementadas en los ocho años de gestión del presidente Álvaro Uribe, centradas principalmente en el combate a la guerrilla. Por el contrario, las incógnitas eran más numerosas.

Una de ellas era si el candidato oficialista, el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, podría capitalizar la enorme popularidad de Uribe. Otra era discernir como encasillar al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, y sus formas progresistas de acción política, así como también su capacidad efectiva de instalarlas en un nivel más general. Si bien el resultado abrumadoramente mayoritario a favor de Santos en primera vuelta es tributario de aquellas variables únicas en la región y de su correlato en el seno de la sociedad civil colombiana, la aparición de otros elementos novedosos en el transcurso de la campaña ofrecidos por Mockus y aceptados por buena parte del electorado habilita el interrogante de cuál es el rumbo al que se dirige Colombia.

Puede decirse que hubo dos hechos que marcaron un antes y un después en el proceso que desembocó en las elecciones de mayo. El primer factor fue la imposibilidad de Uribe de presentarse para un tercer mandato consecutivo, en virtud de un dictamen del Tribunal Constitucional a tales fines. Si bien esta cuestión no estuvo exenta de polémicas, centradas en torno a supuestos acuerdos bajo cuerda en el Parlamento colombiano para apoyar esta iniciativa y a irregularidades de forma, lo cierto es que la popularidad adquirida por Uribe a partir de los éxitos en la lucha contra las FARC permitía pensar no sólo en la posibilidad del tercer mandato sino en una previsible victoria. La prohibición judicial implicó, en los hechos, un cambio rotundo del mapa político con vistas a las elecciones presidenciales. Por otro lado, un segundo factor fueron los resultados de las elecciones legislativas de marzo, importantes en tanto constituirían un indicador del margen político del sucesor de Uribe. El desempeño del oficialista Partido de la Unidad, que obtuvo una cómoda mayoría (52 escaños sobre un total de 102), sumado al éxito de los conservadores, aliados naturales de la actual administración, prefiguraba un escenario despejado para la continuidad del proyecto uribista con miras a la próxima gestión, con el resultado adicional de mantener a Álvaro Uribe como actor central de la política colombiana.

En este sentido, el nombramiento de Juan Manuel Santos parecía consistente con este escenario. Habiendo ocupado el cargo de Ministro de Defensa desde 2006 a 2009, fue Santos el encargado de poner en práctica los principales lineamientos de la agenda política de la Administración, plasmados en la política de seguridad democrática. Bajo este paraguas, y a partir de la presión constante por parte del Ejército sobre la insurgencia armada, el gobierno obtuvo no sólo un repliegue de las actividades de las FARC sino que se le adjudican dos de los hechos más importantes en este marco: el rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt tras 7 años de cautiverio por parte de la guerrilla, y el descabezamiento de la cúpula guerrillera con la muerte de su segundo al mando, Raúl Reyes, en un cuestionado ataque en territorio ecuatoriano que acabó con la ruptura de las relaciones entre Bogotá y Quito. Estos éxitos lo convirtieron en el heredero y sucesor natural de Uribe, posición que se vio confirmada tras la prohibición a un tercer mandato por parte del actual presidente.

Tras las legislativas, todos los analistas descontaban su elección como nuevo mandatario hasta la aparición sorpresiva del candidato del Partido Verde, Antanas Mockus. Ex alcalde de Bogotá y proveniente del campo académico, Mockus exhibía como antecedente el saneamiento presupuestario de la economía bogotana y un fuerte sesgo pedagógico y ecológico-cultural que tuvo gran aceptación. Al sesgo educativo implementado en su campaña, y al sistema de consensos al interior del Partido Verde que desembocó en su candidatura, se le sumó un uso intensivo de Internet con sus redes sociales para la difusión de su propuesta de campaña, estrategia utilizada por Barack Obama en las presidenciales norteamericanas, y que le valió a Mockus el título de “candidato 2.0”. Este sesgo educativo se tradujo en un mensaje de campaña en el cual el respeto a la Constitución y a la ética fueron centrales, a partir de un enfoque en las falencias de la estrategia de seguridad democrática en materia de derechos humanos, con los llamados “falsos positivos”; esto es, ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate, política adjudicada a decisiones tomadas desde lo más alto del Estado e instrumentadas por Santos en su gestión ministerial; o en las consecuencias institucionales de la denominada “parapolítica”, término que define los vínculos entre funcionarios de alto nivel, algunos con presunta llegada al Palacio de Nariño, y sectores del crimen organizado o el paramilitarismo.

De esta manera, la campaña electoral colombiana tuvo como característica principal el hecho de que las cuestiones de seguridad interna y lucha contra la guerrilla no ocuparon la centralidad del debate político, por lo que asuntos tales como el déficit fiscal, el alto índice de desempleo e informalidad laboral, o las relaciones con Venezuela y Ecuador en sus aspectos comerciales ocuparon este espacio. Así, temas tradicionales en el conjunto de la región sudamericana se constituyeron en los “nuevos temas” de la política colombiana. No obstante ello, y a pesar de la amplitud ideológica del arco político colombiano, se hizo patente entre los diferentes candidatos (exceptuada la izquierda, representada por el Polo Democrático) una lucha por la herencia del legado político uribista, pugna de la cual tampoco estuvo excluido Mockus, anclado en el centro político. De esta forma, el debate de fondo dejó traslucir un corrimiento del eje de discusión en el que los parámetros básicos del modelo económico-social, pero sobre todo de seguridad, no estuvieron nunca cuestionados, centrándose la atención principalmente en la búsqueda de principios de legalidad constitucional a la hora de su aplicación. El ejemplo de los “falsos positivos” se constituyó así en el ejemplo claro de los límites de la aplicación a rajatabla del enfoque uribista en cuanto al combate de las fuerzas irregulares. Esta arista del debate, por lo demás inédita, puede ser considerada como una contribución decisiva de Mockus al conjunto de la discusión.

Así, los discursos de Santos y Mockus se estructuraron en dos posiciones polares: del lado de Santos, el pragmatismo y la continuidad de las políticas de Uribe, con énfasis en cuestiones económicas, mientras que Mockus centró su discurso en un mensaje de eticidad y transparencia en la acción política concreta, aprovechando su origen políticamente separado de los partidos tradicionales u orientados al uribismo. Todo esto parecía fundamentar la paridad en las encuestas en días previos a las elecciones, que preveían un empate técnico para ambos candidatos con victoria posterior de Mockus en segunda vuelta, lo que daba lugar a pensar en el surgimiento decisivo de un nuevo discurso. Esto explicó la virulencia de los últimos días de campaña, con una presencia mediática constante de Uribe, casi como si él mismo fuera candidato y no su ex ministro de Defensa.

Tal vez no fuera tanta sorpresa la victoria de Santos en primera vuelta, sino la enorme diferencia en comparación con Mockus, resultado imprevisto para propios y extraños, pero sobre todo para las encuestadoras, que fueron incapaces de predecirlo. Más allá de las discusiones en torno a las leyes sobre sondeos y la probable pérdida de influencia de las encuestadoras como formadores de opinión, lo cierto es que dicha diferencia (46% a 21%) constituye una clara muestra de las preferencias de la sociedad sobre el rumbo a seguir. Pueden esgrimirse varios motivos: la mejora en el conjunto de la economía en un marco de crisis financiera global, la incidencia del voto rural a favor de Santos, o la aprobación de la estrategia militarista contra las FARC. De esta manera, Santos pudo erigirse como continuador legítimo del uribismo, tributando el triunfo a la figura del presidente y prefigurando un gran acuerdo nacional entre todos los partidos, ubicándose ya como presidente electo. La derrota de Mockus también reconoce razones concretas: la confirmación de la tendencia histórica del elevado nivel de abstención (50% del padrón), lo que indicó además la ausencia del voto joven, principal target de campaña del candidato verde, así como también una falta de concretización en su propuesta ético-legalista, la cual fue percibida a la hora del voto como un ideal político más que como una meta plausible. También fue importante en el deterioro de su imagen su declaración de ateísmo, crucial en un país profundamente católico, junto con la vinculación de su figura en el imaginario popular a la del presidente venezolano Hugo Chávez

En este último sentido la figura de Chávez fue un factor decisivo en la campaña. Más allá de las declaraciones en contra de Santos, las que paradójicamente favorecieron al candidato oficialista, tanto Chávez como las FARC son considerados los principales causales de la incapacidad de la izquierda colombiana de consolidarse en las urnas, en tanto existe la percepción de que ser de izquierda implica ser partidario de uno de ellos, o de ambos. Así se entiende tanto el retroceso del Polo Democrático al cuarto lugar, cuando en las elecciones pasadas se había como segunda fuerza, y el ascenso del partido Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, que con el 10% se consagró tercero. Si el primer ejemplo se explica por la aparición de Mockus y su discurso ético, el segundo confirma una vez más el sesgo hacia la derecha de la sociedad colombiana, descontándose el apoyo de Vargas Lleras a las políticas ahora encarnadas en Santos.

Así, la segunda vuelta pareciera haberse definido de antemano. Con el arco político inclinado hacia la derecha, con una izquierda rezagada y con una diferencia apreciable en porcentaje de votos, probablemente Mockus se afiance en los 3 millones de votantes que lo apoyaron, buscando aquello de lo que careció en la primera vuelta: la organicidad de esa masa de votos jóvenes que expresaron su preferencia vía Facebook o Twitter, buscando a la vez una mística discursiva que fue superada electoralmente por el pragmatismo político de Santos. La victoria de este discurso da cuenta de que el ganador de esta primera vuelta fue, en realidad, Álvaro Uribe. No obstante ello, nadie ha perdido de vista la importancia de aquellos viejos “nuevos temas”: desarrollo económico, generación de empleo, o incluso la ética y el apego a la Constitución. Por ello, sea quien sea el ganador, tanto Santos como Mockus bien pueden ser las expresiones de la llegada del post-uribismo a la política colombiana.

(*) Analista Interncional de la Fundación para la Integración Federal

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Tres temas distintos y sin conexión entre sí dejan lecciones a analizar. El levantamiento de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cuestión de la negativa a reprimir la protesta social y los festejos por el Día de la Bandera marcan puntos altos en el camino de construcción política del gobierno que no pueden ser menospreciados.

La semana anterior ha dejado varias enseñanzas en términos políticos. Tal vez podríamos llamarla la semana de las lecciones, ya que se sucedieron varios hechos que deberían dejar un claro aprendizaje para quienes cuestionan aquello que resultan, las mejores decisiones del actual gobierno nacional. Como siempre suele ocurrir en estos casos, quedan temas abiertos para el análisis.

Lección 1

La semana se inició con el fallo de la Corte Suprema de la Nación respecto de la Ley de Servicios Audiovisuales. Por unanimidad, los supremos definieron, ya no quien tenía la razón a la hora de la instrumentalización de la ley, sino que dieron una verdadera lección de teoría política a la sociedad argentina, en especial al conjunto de actores públicos y privados que se muestran opositores a la flamante norma. La prestigiosa corte definió que un legislador, (Enrique Thomas, Peronismo Federal) sea que invoque la calidad de simple ciudadano o de representante del pueblo, no tiene atribución (legitimación) para reeditar ante el Poder Judicial un debate que perdió en el Congreso. Si el legislador estima que sus derechos a participar en el debate y sus inmunidades fueron violadas, sí puede presentarse en la Justicia, pero ello no puede llevar a un juez, razonablemente, a suspender la aplicación de toda la ley. Para la Corte, la solución que adoptó el juez no es proporcional al daño que eventualmente podría haber sufrido Thomas. Ante semejante contundencia, la mejor ocurrencia de algunos fue recordar que la norma sigue suspendida también en Salta y en Córdoba y no faltó el analista que pusiera en duda la dependencia política del máximo tribunal con el Poder Ejecutivo Nacional. Lástima que no se tuvo en cuenta que 24 horas después la misma Corte fallaba en contra de los embargos que lleva adelante la AFIP sin la intervención judicial pertinente y que el día domingo 20, la Dra. Carmen Argibay hacía un cuestionamiento público al accionar de la ANSES.

Lección 2

El devenir semanal continuó con lo que parece ser un nuevo caso de gatillo fácil, pero esta vez ya no en la provincia de Buenos Aires sino en uno de los más emblemáticos puntos turísticos del país: San Carlos de Bariloche. La muerte de un chico de 15 años que no habría estado cometiendo ningún delito, aparentemente a manos de la policía rionegrina, derivó en una marcha de protesta al centro mismo de la hermosa ciudad sureña, que a su vez fue fuertemente reprimida con el saldo de otros dos civiles muertos y un tembladeral institucional que derivó en la salida de los máximos jefes policiales de la provincia.

La situación viene a cuento de aquellas posturas que piden represión para los reclamos sociales. Algo de eso se intuía con la petición de sectores opositores y de buena parte de la sociedad que solicitaban que el corte de ruta de Gualeguaychú cercano al límite con Uruguay, se terminara de cualquier manera, sobre todo luego del fallo salomónico de la Corte de La Haya. La combinación de firmeza política para evitar la represión física, más la decisión del gobierno nacional de llevar la causa ante los estrados judiciales demandando a sus activistas, aunado todo ello al clima de desgaste que alcanzó a la protesta del corte de ruta entrerriano, coadyuvaron en una salida que lejos estuvo de potenciar la violencia física y la muerte. Ambos casos no son menores y sirven de ejemplo para poner en situación aquello que, luego de 26 años de democracia argentina, siguen siendo las fuerzas represivas en la Argentina. Pareciera inexorable que la matriz de represión y continúa sigue firmemente consolidada.

Lección 3

Y la semana culminó con lo que fue la fiesta por el Día de la Bandera y el correspondiente homenaje a la vida de Manuel Belgrano en la ciudad de Rosario. Otra vez se vivió un clima de alegría y serenidad en las calles, con espíritu festivo y reivindicación de una simbología que nos une, en este caso la bandera. Pero esta ocasión no fue el número redondo del Bicentenario, no fue la majestuosidad histórica de mayo de 2010, sino que se trató de una nueva celebración de la que los rosarinos nos seguimos apropiando, aunque ahora se vivió en mayor número y color, y que viene a demostrar que, aunque algunos les cueste aceptarlo, los festejos de un mes atrás no fueron una casualidad ni un hecho circunstancial sino que hay una sociedad que tiene la necesidad de reivindicar una historia y un presente y que con sus alegrías, tristezas, posesiones y carencias sigue intentando el sueño colectivo de una vida mejor bajo una misma identidad de la que, afortunadamente, no siente culpa.

El medio año se aproxima y con él ya viene aparejado una forma de balance. La tercer semana de junio se fue y dejó algunas enseñanzas que demuestra la calidad institucional de la Corte que supimos conseguir cuando se nombraron a los jueces actuales; que nos confirma cuanta razón teníamos aquellos que preferimos tolerar la espera por un corte de ruta a tener que lamentarnos sobre la muerte de algunos ciudadanos; y que nos permiten visualizar qué bien hacemos en celebrar una identidad que se reafirma todos los días un poco más. Lástima que no todos tengan los mismos sentimientos ni las mismas intenciones porque en definitiva se trata, como siempre, de poder escuchar todas las voces, de sentirse pleno formando parte de una comunidad y por si fuera poco, de defender la vida.

(*) Lic. en Ciencia Política - Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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A poco de cumplirse el segundo año del rechazo a la resolución 125 se hace necesario abordar un análisis respecto de cómo terminó presentándose posteriormente el panorama para el sector agrícola y cómo hubiese sido la historia si el resultado de la votación en el Senado hubiese sido diferente.

Falta poco menos de un mes para que se cumplan dos años del voto no positivo de Julio Cobos, que enterró en el Senado el proyecto de implementación de retenciones móviles a la producción agrícola. Parece como si hubiese pasado mucho más tiempo desde aquellos momentos de extrema agitación política y social. Mucha agua corrió bajo el puente en estos meses. Y en una coyuntura mundial, donde Europa y los Estados Unidos se encuentran sumergidos en la peor crisis económica desde 1929, se hace imprescindible preguntarse, ¿qué habría pasado en la Argentina si se hubiese aprobado la tan cuestionada resolución 125?

Hagamos un poco de memoria. El proyecto de aplicación de retenciones móviles establecía que, a diferencia del sistema de derechos de exportación que rige actualmente –las denominadas retenciones fijas, en las cuales se aplica una única alícuota al valor exportado sin diferenciar entre productores e independientemente de la cotización– la resolución 125 establecía que las alícuotas variasen según la evolución internacional de los precios de estos productos; es decir a mayor precio mayor alícuota.

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados establecía, además, algunos elementos claves para la defensa de los intereses de un arco determinado de productores: se realizaba una segmentación de acuerdo al volumen de toneladas cosechadas, diferenciando entre pequeños y grandes. Un primer segmento lo conformaban quienes producían hasta 300 toneladas. Un segundo grupo lo constituían aquellos que producían entre 301 y 750 toneladas. Un tercero los que iban desde 751 a 1500; y por último, los grandes, que producían a partir de las 1501 en adelante.

La alícuota aplicable variaba de acuerdo a la pertenencia a cada uno de estos grupos. Los pequeños afrontaban un menor rango, el cual iba creciendo según aumentaba el volumen de producción. La medida fue complementada con un régimen de compensación de costos de transporte para los productores de zona extrapampeana, es decir, aquellos que se encontraban a más de 500 km del puerto de embarque más cercano.

Hoy, dos años después del voto no positivo, ¿en qué situación se encontrarían los productores si el proyecto se hubiese transformado en ley? El análisis de la evolución de los precios internacionales de los productos agrícolas a lo largo de estos dos años arroja una respuesta contundente: en casi todos los casos, y especialmente en el de los pequeños productores, habrían obtenido una mayor ganancia bajo el régimen de retenciones móviles. En un informe elaborado por el economista Bruno Abriata de la Fundación para la Integración Federal, se da cuenta a las claras de esta situación. Allí se puede observar que debido a que los precios internacionales cayeron, con ellos habrían bajado también las alícuotas aplicables en cada caso. Si el proyecto de la 125 se hubiese aprobado, un productor de soja pampeano (entre el 1º y el 3º segmento) habría ganado un promedio de 20 dólares adicionales por tonelada. En el caso de aquellos productores extrapampeanos (también de los mismos segmentos), ajustado por compensaciones al transporte, habrían incrementado su ingreso en 50 dólares por tonelada.

No son pocas las voces que hoy se están haciendo la misma pregunta que nosotros. Políticos, periodistas e incluso muchos productores agropecuarios se plantean en qué situación se encontrarían actualmente si el desenlace de la historia hubiese sido otro. El principal error que cometió la masa de productores, pero principalmente sus dirigentes, fue creer que la espiral ascendente de los precios internacionales continuaría de manera indefinida. Que la tracción al alza que China generaba con su demanda de productos primarios no tendría fin. Y ese fue su principal error de cálculo.

En el escenario actual de crecimiento económico, reconocido aún por los críticos más enconados del gobierno, puso a los pequeños y medianos productores ante la inevitable pregunta de si sus intereses fueron bien defendidos por aquellas personas que afirmaban buscar lo mejor para ellos. Muchos llegaron incluso a la conclusión de que a lo largo del 2009, en medio del peor año para el crecimiento de la economía argentina, perdieron más dinero del que habrían ganado con la vigencia de la 125.

El vicepresidente Julio Cobos, tras manifestar su voto no positivo, afirmó, “que la historia me juzgue”. Muchos ya, lo están haciendo.

(*) Lic. en Economía - Economista de la Fundación para la Integración Federal

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La cita en Toronto dejó tela para cortar. El episodio más comentado fue la discusión entre Cristina Fernández y Nicolás Sarkozy en medio del plenario de mandatarios. La pregunta que se desliza es si detrás del enojo del francés con la presidenta argentina existe algún elemento del viejo/nuevo nacionalismo xenófobo europeo.

Se hace difícil despegar los resultados de la Cumbre del G-20 celebrada este fin de semana en Toronto, Canadá, del cruce protagonizado por la presidenta argentina, Cristina Fernández y el mandatario francés, Nicolás Sarkozy, durante el plenario del encuentro. En él se resume, en gran medida, el profundo estado de división que existe en el seno del grupo respecto de la mejor forma de afrontar la crisis financiera que tiene en jaque a las naciones europeas y en vilo al resto del mundo.

Esta crisis es como una suerte de río que divide en dos a las naciones participantes del G-20. En una orilla se encuentran los países europeos, Japón y Canadá. Estos defienden la aplicación de duras recetas de ajuste tales como los recortes de salarios, la reducción del déficit fiscal, el aumento de la edad jubilatoria y la flexibilización de las condiciones de trabajo. En la otra orilla, países como los Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, China y la Argentina, defienden una salida de la crisis a partir de la implementación de políticas expansivas del empleo cualitativo, estímulos fiscales y facilidades para el acceso al crédito destinado a la inversión productiva.

Dicho de otra forma, los primeros promueven una salida defendiendo a su sistema financiero y poniendo la carga de la solución sobre el conjunto de la población. Los segundos pretenden que la solución provenga de proteger las fuentes de ingresos de los trabajadores y que sean los sectores financieros (principales orquestadores y responsables de la fiesta especulativa que condujo a la presente situación) quienes asuman la carga y el costo de la salida de la crisis. Hay algo que sin embargo es evidente: no será posible –salvo un descalabro que conduzca a la crisis hacia límites inimaginables– que alguno de los grupos imponga su opción sin resignar alguna posición. Es la dinámica inherente a todo proceso de negociación.

La declaración final de la Cumbre es un intento precario de construir ese puente que comunique ambas orillas y permita sortear con éxito el río. “Nos comprometemos a adoptar acciones coordinadas para sostener el crecimiento, crear empleos y obtener una expansión más fuerte, sostenible y equilibrada”, afirma la declaración como clara alusión a la posición de las naciones entre las que se encuentra la Argentina. Sin embargo, también se pide a los países asegurar la sustentabilidad fiscal, reducir los déficits y controlar las deudas públicas, tal como pretenden los europeos. Es, hasta el momento, un inestable ejercicio de equilibrio y malabarismo para no desatar el malestar de nadie y construir el puente del consenso.

Sin embargo, el mencionado cruce de opiniones entre los mandatarios de Francia y de la Argentina nos provoca una sensación que va más allá de la mera falta de acuerdo en relación a una cuestión o sobre distintas visiones del mundo. A posteriori de que Cristina Fernández hiciese una descripción del derrotero que condujo al país a la debacle de diciembre del 2001 (dicho sea de paso, descripción que fue seguida con atónitos intercambios de miradas entre los mandatarios de Europa que reconocían en el camino recorrido por la Argentina, el mismo que ellos estaban construyendo para sus propios países) Nicolás Sarkozy pidió la palabra y sin pelos en la lengua dijo que “la Argentina y el resto de América Latina no comprenden ni tienen la menor noción del grado de hostigamiento que el EURO está sufriendo a manos de los operadores financieros”. La respuesta de la presidenta no se hizo esperar y le señaló que “en América Latina podemos dar cátedra respecto del hostigamiento de los sectores financieros sobre nuestras monedas”. “Es más –continuó– la Argentina tiene especial interés en la estabilidad francesa y del EURO puesto que una buena parte de las reservas del país están en esa moneda. No creo que Francia, por el contrario, tenga sus reservas en moneda argentina”, le retrucó.

Semejante cruce de opiniones es una rareza en cumbres a este nivel y fue vivida por los mandatarios asistentes como tal. Y la sensación que nos invade es que detrás del exabrupto de Sarkozy se esconde algo más profundo. Es casi como la exteriorización del sentimiento de no poder aceptar que una nación inferior venga a decirle a la poderosa potencia cómo hacerle frente a sus propios problemas. De no tolerar que la experiencia del país inferior sea exitosa y por lo tanto, la respuesta adecuada para el bienestar de la mayoría en contraposición del bienestar de unos pocos. Es la muestra de esa suerte de prepotencia con la que siempre se han sabido manejar, no sólo Francia, sino el mundo desarrollado en general. La prepotencia de aquel que pretende decirles a los demás cómo deben vivir. Y si cabe la comparación, ahí está el ejemplo de la prohibición que el gobierno de Sarkozy impuso en el uso de la burka (la vestimenta que usan las mujeres de origen musulmán que le cubre desde la cabeza hasta los pies) en espacios públicos bajo la excusa de que representan un símbolo del sometimiento al que son sometidas las mujeres en el mundo islámico.

Otra vez, dicho sea de paso, no estamos en desacuerdo con el argumento per sé, sino con el significado que se le pretende dar: la uniformidad de lo distinto, el fin de la multiculturalidad. Porque si bien el uso de la burka puede ser un elemento de sometimiento a las mujeres en países como Afganistán, su uso en sociedades occidentales obedece a cuestiones más ligadas a la costumbre y la cultura que a la imposición social. Esta obsesión por la uniformidad es una ola que amenaza desde hace un tiempo a esta parte al viejo continente producto del fenómeno inmigratorio que provocó comentarios –ya que estamos en tiempos de mundial– como el del líder de la extrema derecha francesa, Jean Marie Le Pen, respecto a que el fracaso de su selección en la cita sudafricana se debía a la presencia de demasiados jugadores procedentes de familias africanas; o para el caso de Italia, el del líder de la xenófoba Liga del Norte, Umberto Bossi, quien sostuvo que la eliminación de la “azzurra” se debió a la inclusión de demasiados napolitanos en el plantel.

Vivimos tiempos que para muchos son convulsionados. Algunos aprovechan fracasos deportivos para sacar a relucir lo peor de sí mismos y de sus dirigencias políticas. Otros se escudan en la defensa de intereses económicos para deslegitimar experiencias exitosas provenientes de naciones a las que en más de una ocasión pretendieron decirles cómo conducir sus vidas. Es complicado decir que la historia está comenzando a dar un giro hacia un cambio de esa dinámica. A muchos nos gustaría pensar que es así. Mientras tanto, en la construcción del camino hacia la utopía de un mundo más justo y equitativo, disfrutemos al menos, de las pequeñas alegrías que once muchachos tratando de perforar la meta rival nos están regalando por estos días.

(*) Lic. en Relaciones Internacionales - Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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El de Juan Domingo Perón es un caso que tiene sus características particulares. Como no sucede con ninguno de sus contemporáneos, décadas después de su fallecimiento, la historiografía oficial aún no le ha asignado un rol, una característica única, distintiva o una definición si se quiere, común.

Otro 1 de julio y la pregunta es qué Perón recordamos. No importa tanto en este comentario las debilidades, fortalezas, virtudes, defectos y miserias, casi 4 décadas después, de quien fuera el mayor líder político de la vida nacional del siglo XX. Lejos estamos de encarar ese análisis, ya que lo que interesa es poder pensar, desde unas pocas líneas escritas al paso, qué recuerda y qué prefiere recordar la sociedad argentina de la vida de aquel hombre y aporte al país.

El de Juan Domingo Perón es un caso que tiene sus características particulares. Como no sucede con ninguno de sus contemporáneos, décadas después de su fallecimiento, la historiografía oficial aún no le ha asignado un rol, una característica única, distintiva o una definición si se quiere, común.

A pocos personajes históricos les sucede lo mismo. Eva Duarte, por ejemplo, es recordada como una luchadora, una mujer apasionada que con sus errores y virtudes es reconocida por su acción social y por el trabajo por los que menos tenían. Si bien la sociedad argentina de hoy no aceptaría semejante fuerza política puesta al servicio de una causa, sí le asigna un lugar no menor en la historia del país.

Arturo Illia, por ejemplo, es recordado por su ascetismo, su carestía pública y por ser un ejemplo para las siguientes generaciones de lo que un hombre político debe ser en el escenario público. Si bien tampoco el electorado toleraría a un presidente que ejerciera el poder con algo más del 20% de los votos, teniendo proscripta a la mayor fuerza política del momento, no es menos cierto que la sencillez de la vida del cordobés sigue siendo un ejemplo para muchos, aunque ese ejemplo no sea corporizado por los mismos que lo ponderan.

Al mismísimo Raúl Alfonsín, apenas fallecido un año atrás, ya se le endilgó alguna calificación de su vida política. Edulcorado hasta el hartazgo, mostrado como un hombre de puro consenso, cual pusilánime que no entiende que la política es una lucha constante entre el conflicto y los acuerdos, coyunturales y estructurales; el primer presidente de la democracia aparece como “el padre de la democracia”. Se olvidan, aquellos que titularon sobre su paternidad que fue el mismísimo Alfonsín quien discutió en la cara y a la luz pública del poder imperial norteamericano con el Pte. Reagan; quien acusaba a Clarín de mentir en sus titulares; quien impulsó los Juicios a las Juntas, quien discutía con la iglesia y con la Sociedad Rural “jugando de visitante” y quien, entre otras cuestiones varias, denunció un supuesto pacto sindical – militar para derrocarlo. Necesidad política de la coyuntura, medios ávidos de mostrar un estilo diferente al imperante, el título de “padre de la democracia” se parece más a esa tendencia natural en la historiografía nacional de mostrar héroes desangelados, que a una muestra cabal de lo que fuera la vida y obra del hombre de Chascomús.

Pero el caso de Perón es diferente. Para algunos sigue siendo el dictador que manejó a un pueblo como marioneta, y a la vez, (para otros) sigue siendo el estadista con visión de futuro que se adelantó no menos de 50 años a los problemas que vivimos en el presente. Sigue siendo el cobarde que no se animó a luchar cuando en el 55’ lo derrocaron, teniendo buena parte del pueblo de su lado; que jugó a dos puntas, promoviendo la derecha y la izquierda del movimiento, como contrapesos en una coyuntura internacional que se mostraba como binaria.

Para otros sigue siendo el gran operador de las demandas sociales y de su estrecha vinculación con un empresariado nacional y popular que por estos días, es cierto, no abunda. Es el responsable de no haber superado definitivamente la etapa de la industrialización liviana lo que hubiera permitido otro tipo de desarrollo social y económico de la Argentina. Perón sigue resultando todo esto entre muchas cosas, ya no en la mirada que pueda hacer un analista formado, sino en el hombre común, y que más allá de la tinellización de la vida, tiene una mirada u opinión del país.

Y entonces nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Y las respuestas, como siempre pueden ser de las más variadas, pero hay un elemento que, me parece, es insoslayable: Perón sigue vivo. Pero no sigue vivo desde esa liturgia peronista, a veces tan vetusta y que viene acompañada de naftalina, tan refractaria de una derecha que, a falta de contenidos programáticos para el tercer milenio, reemplaza la discusión política con simbología anacrónica y disfraza de popular aquello que indefectiblemente terminará favoreciendo a los mismos de “casi” siempre.

Perón sigue vivo porque, en definitiva, a la sociedad argentina le cuesta enormemente saldar ya no el pasado que supone un líder muerto hace casi 40 años, sino el presente que acarrean las famosas díadas, muchas veces contradictorias, de libertad económica – desarrollo social, de Estado activo – Estado distraído, oratoria republicana ascética – discursos encendidos y cuestionadores del poder real. Estas tensiones relatadas son muchísimas más y cada una de ellas encuentra plena encarnadura en el presente de nuestros días. A la vez que el argentino quiere que el Estado no lo moleste participando de las ganancias, dice que el Estado debe sacar a los pibes de la calle. A la vez que se lo pondera cuando mete mano en la financiación crediticia para las empresas, evadimos deportiva y alegremente todo aquello que podemos. A la vez que cuestionamos las diferencias y brechas sociales, nos molesta que desde la primer magistratura se cuestione a ciertos poderes que en el pasado y en el presente (y si lo dejan, en el futuro también) han hecho fenomenales negociados con los vaivenes de la economía argentina; prefiriendo en definitiva los discursos monocordes, de medio tono, y románticos de una sociedad ideal que terminan siendo funcionales al status quo.

Es por esto que Perón sigue sin ser definido o encasillado por la historiografía argentina. Porque sigue vivo y sigue vivo porque el país no ha determinado qué valores prioriza y prevalecen y de qué forma estos valores se corporizan en lo cotidiano. Perón sigue vivo porque el péndulo se sigue moviendo desde un extremo al otro y va siendo hora de que nos vayamos definiendo. Ya estamos grandecitos, tenemos como 200 años y la historia no espera. Perón sigue vivo, ¿Ud. que piensa estimado lector?

(*) Lic. en Ciencia Política - Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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En apenas algunos meses podría darse una foto donde radicales, “lilitos” y socialistas podrían terminar sumando a una porción del peronismo, todos compitiendo “por adentro” en una gran interna abierta donde la UCR y aliados defina sus candidaturas para enfrentar al kirchnerismo, al PJ disidente, a Mauricio Macri y a quién se anime. ¿Pero realmente representan una alternativa válida en la construcción de un proyecto que vaya en interés y defensa de los intereses del conjunto de los argentinos?

Muchas cosas cambian en 10 años. El 2 de julio de 2000 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía las elecciones en México tras 71 años en el poder. El mismo espacio político que hace una década atrás aparecía como el ícono de la falta de renovación política en América Latina, resultó el triunfador de las recientes elecciones regionales realizadas en el país azteca. Aunque las sumas y restas de votos dejan un final abierto de cara a las elecciones presidenciales de 2012, el PRI ganó en 9 de las 12 gobernaciones en disputa, algo impensable hace diez años atrás.

En la Argentina, hace una década, eran indisimulables los cimbronazos de la famosa “Ley Banelco” en el Senado de la Nación que terminaría con la renuncia de Chacho Álvarez a inicios del mes de octubre de 2000. Con las coimas en el Senado de la Nación comenzaba el principio del fin del gobierno de la Alianza UCR-FREPASO. En 2 años y 9 días, la UCR pasaría del “impuestazo” de José Machinea al “Corralito” de Domingo Cavallo y de las muertes por la represión en el puente Chaco–Corrientes a los asesinatos por la policía en las protestas de diciembre de 2001.

Casi 10 años después del comienzo de la curva descendente del radicalismo en el poder, una foto reciente muestra a Ernesto Sanz, Julio Cobos, Ricardo Alfonsín y Gerardo Morales en una inusual demostración de unidad en la diversidad de cara a las elecciones presidenciales de 2011. La UCR, luego de una década, vuelve a ser alternativa de poder en la Argentina. Es más: los radicales pueden llegar a liderar una nueva alianza con la Coalición Cívica y el Socialismo (Elisa Carrió y Rubén Giustiniani, ex socios en 1999) que pueden darle al centenario partido una potencialidad aún mayor. Y hasta se comenta que el sector liderado por Felipe Solá podría llegar a ser parte de esta extraña coalición siendo la pata peronista del armado electoral de Cobos. En síntesis: en apenas algunos meses podría darse una foto donde radicales, “lilitos” y socialistas podrían terminar sumando a una porción del peronismo, todos compitiendo “por adentro” en una gran interna abierta donde la UCR y aliados defina sus candidaturas para enfrentar al kirchnerismo, al PJ disidente, a Mauricio Macri y a quién se anime.

Curiosamente, la imagen fotográfica recientemente tomada en la sede nacional del radicalismo muestra juntos a quién fuera hace apenas 2 años y medio candidato a vicepresidente de Cristina Kirchner (Cobos) y a quién fuera candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna (el senador Gerardo Morales). También aparece en la foto Alfonsín, quién saliera 4° en las elecciones a gobernador bonaerense en el 2007 y 3° (después de Francisco De Narváez y Néstor Kirchner) el 28 de junio pasado cuando acompañara a Margarita Stolbizer en la lista de diputados nacionales. A un año de esas elecciones, “Ricardito” pasó a ser presidenciable luego de ganar las elecciones partidarias del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, comicios donde participaron casi 100 mil bonaerenses cuando el total de votantes del padrón general es de casi 10 millones de personas. O sea: una elección sobre un 1 % del padrón electoral lo convirtió en una alternativa presidencial.

Parece casi increíble, pero el radicalismo de Cobos, Alfonsín, Sanz, Morales, Rozas y Jesús Rodríguez puede llegar a ser gobierno en el 2011. Y puede llegar a serlo gracias a la suma de votos radicales, socialistas y, quizás, peronistas. Pero todos sabemos que, en una interna abierta, los que definen los resultados no son los “aparatos” sino los “independientes” que pueden ver en la UCR una alternativa al kirchnerismo. Esos mismos independientes, normalmente provenientes de sectores medios urbanos: ¿No son los mismos sobre los que Machinea aplicó el ajuste? ¿No son los mismos que se resistían el achique en las universidades que proponía Ricardo López Murphy? ¿No son los mismos que se ilusionaron con la Alianza y terminaron pidiendo “que se vayan todos”? ¿No son los mismos que votaron a De la Rúa para que “termine con la fiesta de unos pocos” y terminaron golpeando las puertas de los bancos donde estaban sus ahorros acorralados?

Mientras esto pasa en la UCR, el Partido Justicialista se encamina casi inexorablemente a una ruptura formal que se viene acentuando desde 2003 cuando recurrió a los llamados neo-lemas para evitar una interna permitiendo que Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá vayan directo a la general. En el 2005, esa grieta se expresó en la competencia Chiche versus Cristina en la provincia de Buenos Aires; en el 2007, los restos del duhaldismo acompañaron la fórmula Lavagna – Morales y, hace apenas un año, todas las vertientes de peronismo no kirchnerista hicieron campaña contra el gobierno nacional en las elecciones legislativas. Más allá de los intentos de muchos operadores políticos por hacer que el PJ disidente compita en las primarias del partido, resulta difícil pensar que en apenas meses se puedan coser las heridas abiertas entre Néstor Kirchner y líderes claramente referenciados en los ’90 como Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann, el ya nombrado Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Ramón Puerta, entre otros.

O sea: el PJ puede llegar a formalizar una ruptura institucional que viene manifestándose en lo ideológico desde hace ya varios años. El kirchnerismo expresará el ala izquierda de un peronismo dispuesto a tejer alianzas con otras fuerzas progresistas. Y el PJ disidente puede llegar acumulando políticamente en la figura de Macri o Duhalde, expresando claramente la matriz conservadora de su pensamiento. De alguna manera, se estará materializando con esta ruptura electoral distintas asimilaciones realizadas al paso del menemismo por el poder, casi una década después de su crepúsculo.

Mientras tanto, el próximo presidente de la Argentina puede llegar a ser de la UCR, que junta a alvearistas e yrigoyenistas, a conservadores y a progresistas, a alfonsinistas y a cobistas, con cero autocrítica del tiempo de la Alianza y con una inquebrantable vocación de poder que los lleva a “meter a todos en la bolsa” con tal de llegar a la Casa Rosada. Ante estas actitudes, que durante décadas fueron imputadas negativamente al justicialismo, vale la pena preguntarse: ¿puede hablarse de una “peronización” del sistema político argentino? ¿Terminarán estos intentos de unidad del radicalismo tensionando a los gobernadores, intendentes y dirigentes políticos que siguen vinculados al kirchnerismo dando por terminadas las experiencias de “transversalidad” y “concertación plural”?

“Que se rompa pero que no se doble”, dijo Alem hace más de 100 años. Sus discípulos radicales no le hicieron mucho caso en la idea de evitar las rupturas, pero pueden dar cátedra de cómo dar vuelta la página de la derrota para diluirse ideológicamente en pos de un futuro triunfo electoral. Algo que hasta hace algunos años parecía ser sólo patrimonio de los peronistas.

(*) Lic. en Ciencia Política - Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario

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