La política de desendeudamiento llevada a cabo durante la gestión kirchnerista ha posibilitado agregar grados de libertad en el manejo de los resortes de la política económica al gobierno Nacional, así como ha mejorado claramente todos los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública nacional

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La Deuda Bruta del Sector Público Nacional (SPN) a diciembre de 2010 ascendía a 164.330 millones de dólares (45,8% del PBI), esto es descontando los 11.218 millones de dólares de títulos habilitados para los canjes de la deuda (Decretos 1735/04 y 563/10) que no fueran reestructurados.

Desglosando este total obtenemos que el 41,2% esta en pesos argentinos (en 2001 la deuda en moneda nacional representaba sólo el 3,1% del total), el 45,7% en dólares estadounidenses, el 11,4% en euros y el resto en otras monedas. Como se puede inferir, desde la reestructuración de la deuda pública argentina, el perfil de la misma está en gran parte en moneda doméstica, lo que permite no depender tan fuertemente de divisas como hace diez años atrás, en que la deuda en moneda extranjera del SPN llegó a representar 1.154,8% del total de reservas y el 415,1% de nuestras exportaciones. A su vez, los canjes han simplificado la administración de la deuda en lo que a legislación y moneda de emisión se refiere, posibilitando también reestructurar los plazos de la misma y haciendo que a la fecha gran parte de la deuda se componga por títulos emitidos a mediano y largo plazo.

De la deuda en moneda nacional el 56,2% (US$ 38 mil millones) se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), este es uno de los factores que hace que la deuda se incremente en términos nominales. Un factor fundamental que ha elevado la deuda nominal también ha sido la emisión de los títulos en el marco de los canjes de la deuda de 2005 y 2010, obligaciones que una vez reestructuradas pasan a contabilizarse en los registros oficiales como deuda en condiciones de pago normal.

Del total de Deuda Bruta, el 46,8% esta en manos del propio Estado Nacional, el 38,5% corresponde al sector privado, el 10,8% son deudas bilaterales en situación de pago normal y préstamos de organismos multilaterales y bilaterales de crédito (Banco Mundial, BID, Corporación Andina de Fomento, por nombrar algunos), y el 3,9% restante es principalmente la deuda que esta en proceso de renegociación por parte del equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas con el Club de París. Por lo tanto, la Deuda Bruta Nacional descontando la que esta en posesión del propio Sector Público Nacional a través de distintos organismos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional – ANSES, el Banco Nación , el Banco Central, entre otros, representa solamente el 24,4% del PBI.

La deuda en términos de PBI, como puede observarse, está muy por debajo de lo máximo recomendable en los postulados de Maastricht (60% del PBI en deuda y 3% del producto de déficit fiscal) de referencia para estas cuestiones a nivel internacional y mejora aún más cuando se descuenta la deuda que esta en manos del propio Estado Nacional. A su vez, es de destacar que los países más avanzados del planeta lejos de cumplir los postulados antes nombrados, cuentan con niveles de la deuda pública bruta del 100% del PBI en promedio, subrayándose Japón e Italia con el 221% y el 119% del producto respectivamente y niveles de déficit fiscal del orden del 8% del producto promedio, destacándose los déficit de EEUU, Reino Unido, Japón y España de alrededor del 10% del PBI.

La política de desendeudamiento llevada a cabo durante la gestión kirchnerista ha posibilitado agregar grados de libertad en el manejo de los resortes de la política económica al gobierno Nacional, así como ha mejorado claramente todos los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública nacional, fortaleciendo, a su vez, el entorno macroeconómico y la solvencia financiera local. Esta política podría resumirse mediante las siguientes decisiones impulsadas:

• El primer canje de la deuda donde el país negoció soberanamente sus deudas, permitiendo una quita histórica del orden del 66%, posibilitando la reestructuración del 76% de la deuda declarada en default en 2001/02

• El pago total de la deuda con el FMI efectivizado a inicios de 2006, que permitió al país salirse de la tutela y de los condicionamientos de éste organismo con sede en Washington

• El canje de 2010 que permitió la regularización del 92% de la deuda, quedando mayormente sin reestructurar la deuda en poder de los llamados "fondos buitres"

• La cancelación año tras año de los compromisos asumidos mediante la aplicación del superávit fiscal, y también desde el año 2010 con el uso de las reservas excedentes del BCRA (Decretos 297/10, 298/10, 2054/10 y 276/11)

El año pasado, por su parte, se desembolsaron en concepto de amortizaciones y cancelaciones de la deuda 11.865 millones de dólares y por intereses de la misma alrededor de US$ 5.600 millones. El perfil de vencimientos de capital e intereses de la deuda en situación de pago normal se prevé entre 2011-2013 un 25%, 2014-2019 un 32% y el 43% restante entre 2020-2089. Se proyecta además que en promedio de 2011 a 2020 tendremos vencimientos de capital por US$ 6.944 millones anuales y de intereses por US$ 3.887 millones promedio por año.

El actual gobierno, como se ha podido apreciar, ha honrado como nunca el pago de la deuda soberana, deuda que, por otra parte, no generó pero que decididamente afrontó desde el inicio de su gestión, allá por el año 2003, para de una vez poner fin a este condicionante siempre presente a lo largo la historia de nuestro país.

Analizando la serie histórica puede observarse que la deuda nació en 1824 de la mano del polémico empréstito con la Banca Baring Brothers por un millón de libras esterlinas de la época; luego en pleno modelo agroexportador, durante la Presidencia de Juárez Celman y en medio de la crisis por especulación financiera, la deuda en relación al PBI se elevó año tras año llegando a ser en 1891 del 117,7% del PBI, regresando a las proporciones en relación al producto previas a esta crisis recién en 1905, situación que se sostuvo controlada hasta el gobierno de facto que se instaura en 1976 y que cuadriplicó la deuda durante su gestión entre otras razones haciendo pública la deuda externa de los privados. Es de destacar que antes que esto sucediera durante el primer y segundo gobierno del General Perón (1946-1955) la deuda pública externa se redujo drásticamente hasta eliminarse en 1953, logro que perduró hasta el año 1961. El último gran salto que pegó la deuda fue durante el régimen de Convertibilidad en que la deuda pública se multiplicó por 2,4 veces pasando a ser en 2001 US$ 144.266 millones.

Como hemos apreciado en éste breve repaso histórico, desde el regreso de la democracia en diciembre 1983 la deuda ha sido un condicionante importante de nuestros gobernantes tanto en la libertad para el manejo de la economía por el peso de los compromisos asumidos como por los condicionantes que se imponían para lograr financiamiento. Hoy podemos decir que no ha sido en vano el esfuerzo que hemos hecho los argentinos estos años en negociar, reestructurar nuestras deudas, a la vez que íbamos pagando para desendeudarnos e ir saliendo del default económico, social y político al que nos llevaron las políticas neoliberales que han predominado en Argentina desde el golpe del '76 hasta la llegada de este gobierno, que ha vuelto a poner de pie al país y a su gente, le ha dado la posibilidad de creer que se puede mejorar, que se puede transformar la realidad para estar cada día mejor.

El desendeudamiento público se ha alcanzado a la vez que se ha ido trabajando para saldar la deuda social que aún es mucha, pero que es innegable que este proceso ha ampliado desde 2003 en más de 4 puntos del PBI los Servicios Sociales, esto es Salud, Promoción y Asistencia Social, Seguridad Social, Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, Trabajo, Vivienda, Urbanismo, Agua Potable y Alcantarillado. Este gobierno con diferentes políticas ha llevado la cobertura previsional al 90%, con las moratorias otorgadas a 2,4 millones de compatriotas y con las pensiones no contributivas, con los aumentos de jubilaciones y pensiones otorgados, institucionalizados desde 2008 a través de la Ley de Movilidad de Haberes, con los aumentos de Asignaciones Familiares y la creación del nuevo subsistema Asignación Universal por Hijo, y un sin fin de acciones que han ido saldando este pasivo social arrastrado durante años.

El desafío es entonces no dejarnos confundir por aquellos que decididamente o quizás haciendo lecturas erróneas del proceso que estamos viviendo quieren hacernos retroceder en los pasos que hemos dado, con planteos que suenan progresistas, que ponen en duda el pago de la deuda o el interés de este gobierno por los aspectos sociales. Debemos seguir profundizando el desarrollo de la infraestructura económica y social del país, las políticas de asistencia y protección a los sectores todavía no favorecidos por el proceso, pero a la vez debemos seguir honrando nuestros compromisos como país, ya que esto nos dará el marco de previsibilidad macroeconómica y la libertad suficiente para seguir creciendo, cambiando la realidad del país y mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Informe elaborado en base a información oficial publicada en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Nación

(*) Economista de la Fundación para la Integración Federal

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