El oficialismo consiguió ayer la media sanción en Diputados a su proyecto de ley privatizadora de la obra pública con 151 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones. La aprobación de la Ley de Participación Público Privada para inversiones en infraestructura, cuya votación naufragó en esta misma cámara la semana pasada, contó con el apoyo clave del Bloque Justicialista y el Frente Renovador, cuyos representantes se manifestaron conformes con los cambios introducidos en el tratamiento en comisión. Entre las modificaciones que se aplicaron se destaca la acordada en la jornada anterior entre Cambiemos y dirigentes de la CGT, la cual establece que un tercio de la obra debe ser provista por producción nacional, bajo el concepto de Compre Nacional. Pero se mantuvo la cesión de jurisdicción al extranjero en caso de litigios entre las empresas y el gobierno, y se modificó el artículo que aseguraba a las empresas una rentabilidad justa y se lo reemplazó por “ganancia mínima”. Con estos cambios cosméticos el proyecto vuelve al Senado.
Luego de la interrupción que sufrió el debate de este proyecto y su vuelta al plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación General, el tratamiento de ayer fue más formal, dado que las diferencias habían sido consensuadas entre Cambiemos y el bloque Justicialista y el Frente Renovador. El resultado fue el apoyo total de ambos bloques, junto al oficialismo, y el voto favorable de los diputados por el Frente para la Victoria Ana Gaillard (Entre Ríos), Miriam Gallardo (Tucumán) y Lautaro Gervasoni (Entre Ríos). Votaron en contra el resto de FpV (salvos dos abstenciones), el Progresismo y el PTS-Frente de Izquierda. Entre los ausentes se contó a la diputada por la Coalición Cívica Elisa Carrió; del FpV-PJ José Luis Gioja; y del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina Felipe Solá.
Otra negociación que se dio en paralelo fue la de Cambiemos con el triunvirato de secretarios generales de la CGT, integrado por los dirigentes Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. Los gremialistas habían amenazado con ir al plenario de comisiones a manifestarse en rechazo del proyecto, pero terminaron acordando con el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, algunas modificaciones al proyecto. En ese encuentro que tuvo lugar anteanoche, horas antes del tratamiento sobre tablas, el oficialismo aceptó elevar del 25 por ciento a un tercio el piso de incorporación de producción nacional en las obras de infraestructura. Paradójicamente, los diputados ligados al sindicalismo optaron por una postura conservadora y se abstuvieron en la votación. Ellos fueron Facundo Moyano y Héctor Daer, ambos de Federal Unidos por una Nueva Argentina; Omar Plaini, de Cultura Educación y Trabajo; Sandra Castro y Héctor Tomas, ambos de FpV-PJ; y Jorge Taboada, de Chubut Somos Todos.
Debate
El titular de la Comisión de Legislación General, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO), consideró que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”. Destacó que las modificaciones introducidas, en referencia a la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33 por ciento debe ser nacional, permitirán “cuidar al trabajo argentino, a las pymes y al medio ambiente”.
El diputado Axel Kicillof (FpV) sostuvo que el proyecto es parte de un paquete de “leyes neoliberales” con las que el gobierno de Mauricio Macri pretende cerrar el año. “Lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata. Cada vez que (el Ejecutivo) presenta una ley, lo que presenta es un error”, aseguró. La iniciativa asegura un umbral de transparencia a partir de la incorporación de una comisión bicameral de seguimiento de los proyectos de inversión, una solución formal que fue muy criticada en el debate. “Con la incorporación de una bicameral creen que se arregla todo”, se quejó el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini (FpV-PJ). Kicillof insistió en que en todos los países en los que se aplicó este tipo de proyectos hubo casos de corrupción. “Se desnacionaliza, se desestatiza. Como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”, adelantó.
El ex ministro de Economía también cuestionó que la ley plantee la jurisdicción de tribunales extranjeros en los litigios que puedan plantearse, un punto que justificó el rechazo de buena parte de la oposición. El diputado Carlos Heller (Partido Solidario), reconoció que algunos aspectos del proyecto “mejoran” pero no cambian el eje del proyecto: “En el contenido central, sigue siendo un proyecto que apunta a la privatización, a profundizar las políticas de privatización”. La diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur) dijo que “el proyecto deja al Estado al borde de una nueva estatización de la deuda de los privados”.
El radical Luis Pastori defendió la iniciativa destacando que “es un régimen de contrataciones alternativo a los distintos regímenes que ya existen”. “No estamos derogando ningún régimen de los que actualmente tenemos, sino que estamos agregando uno nuevo”, insistió Pastori. Por su parte, el diputado y sindicalista Francisco Furlán (FpV), quien impulsó la semana pasada la votación para que vuelva el tema a comisión, dijo mantener sus reparos a la iniciativa. “Están preparando el terreno para una ola de privatizaciones en la Argentina”, denunció por su parte el diputado del mismo bloque Martín Doñate.
FUENTE: Página 12
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri
