El informe nacional se presentó en el Congreso, y sus responsables expondrán las particularidades locales del estudio, en el Concejo Municipal. Será la primera de dos miradas que se ventilarán esta semana, porque el viernes lo hará la Universidad Católica Argentina, con el informe de su Observatorio de la Deuda Social sobre los primeros resultados del Plan Abre.
Es el segundo relevamiento el primero se hizo en 2013 que radiografió once distritos del país, en busca de mensurar la Argentina que vive en villas de emergencia. Y según han concluido, son 3 millones de personas hacinadas en 2.432 asentamientos. Techo es una organización no gubernamental que arrancó por iniciativa de jóvenes en 1997, primero en Chile, luego en El Salvador y Perú, y hoy opera construyendo viviendas a quienes no la tienen en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, de manera solidaria.
El estudio se realizó con 850 encuestadores que entrevistaron en territorio a referentes locales de cada asentamiento precario, y con datos cruzados de algunos municipios y dependencias como, en Rosario, la Secretaría de Hábitat y el Servicio Público de la Vivienda. La problemática es más estridente en territorio bonaerense, donde contaron 397.705 familias. A razón de un promedio de 4,6 personas por cada una, eso representa 1,83 millón de habitantes. En segundo lugar se encuentra Ciudad de Buenos Aires, con 82.585 familias viviendo en villas miseria. Y luego Rosario y su aglomerado departamental y de San Lorenzo: 49.475 familias en 174 asentamientos relevados, una población aproximada de 227.585 personas. Las otras jurisdicciones relevadas son las provincias de Córdoba, Salta y Misiones, el Gran Corrientes, Gran Resistencia, Alto Valle de Neuquen y Río Negro, Plaza Huincul, Cutral Có y Arroyito, y San Miguel de Tucumán.
Tomás Gregorini, director de la oficina de Techo en Rosario, consideró que la cantidad y dimensión de los asentamientos respecto de 2013 se ha mantenido estable. No obstante, reveló que la antigüedad promedio de las villas en esta área metropolitana es de 32 años. "Eso da cuenta de la profundidad de la pobreza estructural", observó Gregorini, quien hoy presentará el detalle del informe junto con la directora del relevamiento Florencia Yaccarino.
La medida del acceso a los servicios públicos en este sector de la ciudadanía es elocuente: sólo el 1,7 por ciento es un usuario legítimo de la red de agua potable, porque el 78,7% tiene una conexión irregular, el 7,5% se provee de perforación domiciliaria o pozo, 6,3% lo hace a través de un camión cisterna que distribuye en el barrio, y 3,4% se abastece de un tanque comunitario. En cuanto a eliminación de excretas, 75,9% lo hace en pozo negro directo, 17,2 en un sumidero con cámara séptica, 2,3 con cloaca conectada a un desagüe pluvial, y sólo 1,1 es usuario de la red cloacal regular. Con la energía eléctrica, el 9,8% es usuario de la red con medidor domiciliario; 87,9 tiene una conexión irregular, y 2,3 usa la red con medidor comunitario o social (programa Luz y Agua Segura). A la hora de calefaccionarse, 65,9% usa electricidad; 19,7%, gas en garrafa; 9,2 con leña o carbón; 4% no lo hace; y sólo el 0,6% accede a la red de gas natural. Para cocinar, 98,2% lo hace con gas en garrafa; 0,6 con leña o carbón, y sólo 1,2 con el gas natural de la red.
El recorte de asentamientos precarios sólo del municipio de Rosario guarda similitud con los números del área metropolitana, sólo que en la ciudad se contaron 111 asentamientos con una población de 34.500 familias (unas 159 mil personas). El muestreo se hizo concibiendo la categoría de asentamiento irregular al grupo de por lo menos 8 familias sin título de propiedad o alquiler y sin acceso a por lo menos dos servicios esenciales.
FUENTE: pagina12
RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González
