Tres hechos político – mediáticos parecen haber ocupado el centro de la escena en la Argentina durante la tercera semana de este fresco Octubre: las novedades surgidas en la investigación en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la respuesta gubernamental a un integrante de un programa televisivo de innegable éxito y el agregado de un par de artículos en el proyecto de presupuesto de 2023 en la Cámara de Diputados que refieren a la posibilidad concreta de que el conjunto de los jueces paguen el impuesto a las ganancias. En todos ellos, de una u otra manera, lo que subyace es la cuestión de los límites, tema, si se quiere, central de la práctica política. Al que quiera y le guste, que pase y que vea.

En la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta, no fueron pocas las novedades de la semana. Promediando la misma se conoció una carta del mes de setiembre, escrita de puño y letra por el detenido Fernando Sabag Montiel, donde renunciaba a la asesoría legal del abogado público que lo representaba y apoderó ipso facto, a un tal Hernán Carrol quien, según el detenido, “dispone de los medios para la implementación al cargo del nuevo abogado”. En mi Tablada natal eso se parecía, y mucho, a un apriete.

Lo interesante del caso es que el nombrado es uno los referentes de Nueva Centro Derecha, espacio político de dudosa legalidad y que cuenta con innegables vínculos con dirigentes de la talla de José Luis Espert (fue candidato a concejal en la ciudad de La Matanza), de Javier Milei y de la mismísima Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

A la situación se suma la detención de cuatro integrantes de Revolución Federal y la confirmación de parte de su jefe Jonathan Morel, vía declaración judicial, que los montos recibidos de parte de la firma Caputo Hermanos para la construcción de muebles que irían a Neuquén y que nunca se realizaron, no son ni $1.700.000 ni $7.000.000 sino $13.000.000. Parece que la inflación hace mella también en algunos “proyectos” productivos.

Lo interesante del caso es que todo esto lo vamos conociendo a más de 45 días de los hechos, y con causas tramitadas en distintos juzgados. “Divide y reinarás” dice el viejo dicho, y uno no puede dejar de pensar (y suponer) cómo se fueron preparando durante este tiempo los (ahora) distintos detenidos para enfrentar las demandas judiciales.

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Con una Corte Suprema de Justicia de la Nación y una Procuraduría que miran para otro lado, ya que no han agregado recursos humanos ni económicos que prioricen la investigación, los límites de la misma resultan cada vez más evidentes. El devenir a cuenta gotas de la información puede servir para cierta lógica de la agenda mediática, pero no para dar con los verdaderos ideólogos del hecho. La apuesta por dejar todo en el plano de cierta “perejilidad” resulta cada vez más evidente e intencionada.

Para el oficialismo ejecutivo tampoco fue una semana sencilla. Más allá de las inveteradas rencillas internas, cada vez más a la vista a medida que nos acercamos al 2023, la vocera Gabriela Cerutti supo ingeniárselas para ser el centro de críticas de propios y extraños. Su conferencia de prensa donde informaba sobre el inicio de acciones legales contra la producción del programa Gran Hermano y el canal que lo emite (Telefé) a partir de los dichos de un integrante respecto de haber coimeado en el pasado al mismísimo Alberto Fernández, quedaron a mitad de camino de la sorna y la burla pública.

De arranque, la situación parece excesiva. Si se pone la mirada con un enfoque tradicional todo parece indicar que lo actuado por la vocera por indicación del presidente, parece mucho: la afirmación fue hecha por un personaje menor, en un horario donde no abundan la cantidad de televidentes, resultó dicho como “al pasar” y en un programa que cierta progresía bien pensante desecha por su formato.

Pero como en esta columna nos gusta ir un poco más allá de cierta superficialidad que facilita y confirma nuestras sagradas e inconmovibles certezas, vamos a complejizar el análisis en formato de preguntas que cada uno de nuestros queridos lectores y estimadas lectoras, sabrán responder.

A más de 20 años de su primera edición en la Argentina, con 10 versiones desarrolladas, con un éxito diseminado a lo largo y ancho de la sociedad occidental que supimos construir, y tal como se pregunta la periodista y docente universitaria Mariana Moyano, ¿puede decirse que Gran Hermano es sólo un programa de televisión?

Con un formato que, en pleno siglo XXI, sigue liderando ratings que en nuestro país trepa a 25 puntos (lo cual supone 2.500.000 televidentes viéndolo en vivo y en directo), a lo cual debe sumarse la pléyade de programas satélites que tienen su razón de ser en lo que sucede en el encierro de estos seres humanos, ¿alguien puede estar seguro que los dichos de un lumpen – participante deben quedar sujeto a los humores de la producción de un programa?

En una Argentina que se acostumbró a que en programas televisivos que miden varias veces menos que los deudores de George Orwell, puedan instalar, vía el poder hegemónico mediático, temáticas de una narrativa demasiado imaginativas (cuentas en Seychelles, dinero enterrado en la Patagonia, supuestos expertos en narcotráfico que terminan siendo meros delincuentes al “servicio de los servicios” y personajes famosos que fungen de especialistas en lavado de dinero), insistimos con la idea, ¿tiene sentido depender de los intereses de, incluso, otras producciones que quieran instalar la idea, ahora o en el futuro inmediato, de un presidente corrupto? No parece un riesgo menor, aunque nos parezca demasiado que la centralidad política que supone una vocera presidencial, se ocupe del asunto.

Podemos tener la peor opinión del producto televisivo, de sus protagonistas fuera y dentro de los estudios de tv, de sus panelistas y hasta (si se quiere abundar en el extremo de la soberbia) trazar un perfil (apócrifo) de sus televidentes. Pero vengo a traerles una mala noticia para vuestras verdades sagradas: no pocos de esos 2.500.000 de televidentes, votan y deben ser interpelados por el sistema político.

Todo lo que pueda decirse a partir de aquí es contra fáctico, por lo tanto, como aprendimos allá lejos y hace tiempo en la universidad, no existe. Pero tan irrefutable como esa verdad, resulta que cierta lógica mediática que podría haber impuesto el latiguillo de un presidente corrompido por personajes menores, ha sido desechada. También aquí se trataba de límites. De alguna forma será creer o reventar.

Pero la perlita que adelanta una semana agitada en algunos frentes, fundamentalmente en la disputa entre los poderes legislativo y judicial, apareció en escena el jueves. El tratamiento en comisiones del presupuesto 2023, que todo parece indicar que será aprobado en la sesión especial del día martes, trajo como novedad el agregado de un par de artículos que disponen la eliminación de la exención impositiva de jueces del impuesto a las ganancias.

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El beneficio histórico que devino en privilegio, alcanza al conjunto de los trabajadores judiciales en el plano nacional, sin distinción de nivel ordinario o federal. El número en discusión, la friolera de $237.000 millones, explica por sí mismo buena parte de la disputa política que se avecina en múltiples sentidos:

a.       La rápida respuesta disfrazada de institucionalidad que ya comenzaron a elucubrar asociaciones de jueces, sindicatos y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, refleja, como nunca, el comportamiento de casta que alcanza al sector.

b.      Como pocas veces puede notarse en el ámbito público, quedará flagrantemente expuesto cómo se ve a sí mismo el Poder Judicial y cómo lo ve la sociedad. La distancia reflejada no será menor y es probable que, más allá del resultado final de la discusión que se viene (cobro sí o no del impuesto a las ganancias), la deslegitimación que sufre el primero de ellos se profundice.

c.       Para el oficialismo, la jugada es toda ganancia. En una coyuntura que en los últimos años ha sido de permanente tensión en su relación con el sistema judicial, además de permitirle abroquelarse, termina propiciando un juego de desgaste a varias bandas. Obliga a expresarse al conjunto de la oposición, en sus variados matices, la cual no atraviesa un momento muy propicio cuando hablamos de unidad y expondrá, una vez más, la estrecha ligazón entre el mundo PRO y variados sectores de la Justicia. Esta última tiene a su favor la posibilidad de fallar sobre temas que resultan de estricto interés personal y sectorial, pero cuenta con jueces supremos que públicamente han reconocido sobre la idea de justicia que supone el cobro al conjunto de los trabajadores que lleguen a determinado nivel de ingresos.

Aparecerán cuestiones técnicas. Por ejemplo, el famoso artículo 110 de la Constitución Nacional que refiere a que la compensación recibida por parte de los jueces, no puede ser disminuida de manera alguna es un argumento que aparece flojito de papeles si ponemos bajo la lupa el hecho de que aquellos que fueron nombrados partir del 2017, sí se encuentran alcanzados por el “descuento”.

En resumen, aquí también aparece el problema de los límites. Vale replantearse entonces hasta dónde la política puede imaginar, consolidar y plantear en los hechos la disputa por aquello que el conjunto de una sociedad supone justo. Ese parece un interesante desafío para los días que vienen.

Si, como entona el Pato Fontanet, el asunto se resume entre lo que “te toque y lo que te dejen hacer”, tal vez la clave radique, como siempre, en generar determinadas condiciones para que el “dejar hacer” se parezca más a ciertos principios de justicia. Para los intentos de asesinato, para lo que se dice en los medios y para que todos paguemos los mismos impuestos. A casi 40 años de su puesta en marcha, la democracia argentina aún se lo debe a sí misma.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez