La reforma previsional por un lado y el anuncio del no pago del IFE 4, han actuado como una referencia de esta etapa que habría comenzado a transitar el Poder Ejecutivo y que tiene como dato complementario las charlas con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El análisis sería más o menos claro: Argentina necesita un acuerdo que le permita evitar el pago del crédito obtenido bajo la administración Macri, y el organismo internacional aprovecharía la oportunidad para imponer condiciones que derivan en las medidas de siempre.
Otro dato innegable es que, del uso de los slogans al doble discurso, también se está a un solo paso. Muchos de los que ahora ponen el grito en el cielo por la decisión gubernamental de no renovar el pago del IFE, son los referentes que, a comienzos de la pandemia, criticaban la emisión monetaria que lo garantizaba. Erradores seriales de anuncios que nunca se producen, varios de ellos llegaron a afirmar que el país se enfrentaba a una inminente hiperinflación. Si bien la última medición dada a conocer por el INDEC, no puede dejar conforme a nadie, quienes pasamos cierta barrera etaria y hemos gozado del uso de la razón en el final del gobierno de Raúl Alfonsín y en los comienzos del que encabezó Carlos Menem, sabemos la distancia inflacionaria que existe entre este 2020 pandémico y los años 1989 y 1990.
El otro hecho que justificaría el ajuste sería la aprobación de una nueva reforma previsional que, de alguna manera, llevaría las cosas al modelo sancionado en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que la nueva vieja fórmula se compone de cómo evolucione la recaudación fiscal sumada a las negociaciones paritarias que lleven adelante los sindicatos, ajustando los haberes de manera semestral, en marzo y setiembre de cada año. A su vez, el modelo macrista, ajusta entre otros factores por inflación y de manera trimestral. De allí el mensaje claro de los grupos amarillos que sostenían que nuestros mayores nunca perdían sus haberes pese a los contextos inflacionarios, lo cual puede darse como cierto, pero con un dato incontrastable: resultaba casi imposible ganarle a la inflación, a lo sumo se le podía empatar.
La reforma que se intenta aprobar por estos días va en un sentido contrario: en un contexto de expansión económica, con mayores niveles de recaudación y gremios muy activos discutiendo el reparto más justo de la “torta”, los jubilados se verían beneficiados al igual que el resto de los activos. Si el nuestro es un sistema que se define como solidario, ya que los haberes de nuestros mayores dependen de los aportes mensuales de los activos, este modelo vendría a reforzar ese proceso. Algo así como si ganan los trabajadores, ganamos todos.
Pero lo que queda pendiente de explicación y que muchas veces evita comentar la oposición de Juntos por el Cambio, son las razones por las cuales es necesario sentarse a negociar con el FMI. Y la respuesta, de tan sencilla y obvia parece una explicación para analfabetos políticos que recién se incorporan a la vida social del país: es necesario negociar porque el desastre económico que dejó Mauricio Macri, y el tipo de préstamo otorgado por el organismo multilateral resultan inviables para la Argentina. Escuchar o leer los argumentos de aquellos que avalaron préstamos de 44.000 millones de dólares que nunca pasaron por el Congreso, tal como establece la Constitución Nacional, se parece más a una construcción de sentido propiciada por negadores, antes que por ciudadanos o dirigentes responsables y preocupados por el devenir de la realidad argentina.
Si la negación consiste en la invalidación de una parte de información desagradable o no deseada y en vivir la propia vida como si aquella no existiera, algunos protagonistas del período 2015 – 2019, podrían ser calificados de negadores.
Pero, además, la idea de ajuste que se trata de imponer desde algunos sectores resulta fácilmente cuestionable con un par de hechos que marcaron la agenda pública de la última semana. El primero de ellos fue la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas y el segundo, el aumento a jubilados del 5%.
Si la palabra a aplicar es AJUSTE, ya sabemos que, en la Argentina, nunca se ha “ajustado” con aportes de los más ricos. La reacción indignante, otra vez, de la corporación mediática y política por el aporte que deberán realizar poco menos de 10 mil personas, se parece mucho al reino del revés. Salvo que entendamos definitivamente, que muchas voces que se dicen “progresistas”, en realidad actúan como voceros de los intereses de aquellos que, directa o indirectamente, los contratan.
En un país que alguna vez le redujo ingresos a trabajadores estatales y a pasivos, que ciertos protagonistas se indignen por la insignificancia de un 5%, refuerza la vieja idea de que, a veces, los patos les tiran a las escopetas. Es cierto que el número de poco más de $19.000 para un ingreso mínimo duele, pero no es menos cierto que en 2020, con pandemia y caída de la economía mundial de más de un 10%, los jubilados argentinos ganarán unos pocos puntos de sus ingresos, en contraposición al resto de los mortales que hemos perdido sin remedio. ¿Vaso medio vacío o medio lleno? Lo dejo a tu criterio, diría la famosa modelo.
Resulta obvio que, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, algo deberán conceder los Guzmán boys, pero el riesgo superior radica en el ajuste de hecho que supone una devaluación. Lo que alegremente nos dicen ciertos cantos de sirenas respecto de las bondades macroeconómicas de hacer caer aún más el peso, nada tiene de beneficioso para la inmensa mayoría de los argentinos, ya que el corrimiento de precios en el mercado interno es inmediato y la transferencia de recursos muestra gananciosos a los mismos de siempre. Desconocer esta parte de la realidad y de la historia argentina supone dos cosas: interés individualista o ignorancia supina. Ninguna de las dos favorece a las grandes mayorías.
(*) Analista político de Fundamentar
