Puerto Rico hizo hoy público un plan de ajustes fiscales -menos gasto público y más impuestos- y reestructuración de deuda pero advirtió a sus acreedores de que, a pesar de ello, hay un lapso de 14.000 millones de dólares de deuda que se quedan en el aire entre 2016 y 2020. En total, el estado libre asociado a EEUU acumula un pasivo de 72.000 millones que no puede pagar, tal y como reconoció el Gobierno el pasado junio y como se empezó a mostrar al arrancar agosto, con el primer impago de deuda.

Si las cosas quedaran tal y como están, el desfase financiero sería de 27.800 millones de dólares entre los años fiscales 2016 y 2020, pero con medidas estructurales se podría reducir en unos 11.900 millones y con crecimiento económico en otros 1.900 millones, lo que dejaría la cantidad que el país no puede asumir en los citados 14.000 millones.

Aun que el Ejecutivo no reclamó la quita abiertamente, señaló que esa cantidad no quedaba cubierta por el plan pese a los ajuses y contando con crecimiento económico y el gobernador, Alejandro García Padilla, lanzó un mensaje muy explícito por las cadenas de radio y televisión de la isla: "Obligarnos a escoger entre pagarle a un acreedor o a un maestro, un policía o a una enfermera" es "una decisión que preferiría no tener que tomar, pero que tomaré", dijo. Si los acreedores no están dispuesto a sentarse a negociar, advirtió, Puerto Rico "no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos", y "ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro", porque "serían años de litigios, impagos y una crisis humanitaria de proporciones mayores", según recogió Efe.

El plan plantea una reforma laboral que incentive la incorporación al mercado de trabajo y también pedir a EEUU que exima a Puerto Rico de la subida del salario mínimo, que se rige en la isla bajo los parámetros del país más ricos del mundo. En el ámbito tributaria, planea culminar la implantación del IVa y suprimir algunas deducciones fiscales a las empresas, aunque también busca extender algunas ventajas para mantener las inversiones de las multinacionales.

El plan debe convencer sobre todo a Wall Street pero también lanza peticiones a EE UU, cuyo Congreso es clave para aceptar que el país se pueda a acoger a la ley de bancarrotas (como hizo Detroit), algo que ahora le está vetado, o para plantearse medidas de más calado como la anexión del Estado a la isla, algo que tiene algunos defensores en Puerto Rico.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Noelia Montero

FUENTE: ElPaís