La Corte Suprema de Justicia guatemalteca aceptó a trámite por unanimidad este miércoles una denuncia por corrupción contra el presidente Otto Pérez Molina. El mandatario está acusado, entre otros delitos, de incumplimiento de deberes y de enriquecimiento ilícito. La Corte estudiará ahora si se le retira la inmunidad que hasta ahora impide iniciar un proceso judicial en su contra.
De acuerdo con la ley, será el Congreso (unicameral) quien deberá determinar, con el voto favorable de 105 de los 158 diputados, si las acusaciones tienen el sustento necesario para privar de la inmunidad al mandatario y someterlo a juicio.
“Hay indicios suficiente y racionales para afirmar que el presidente cometió cuatro delitos. Entre ellos, el enriquecimiento ilícito. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público (Fiscalía) demostrar la existencia de tales delitos y de un juez dictar una sentencia de culpabilidad o inocencia”
El presidente del Supremo, José Baquiax, anunció en rueda de prensa que los magistrados se pronunciaron en forma unánime en favor de la solicitud del diputado Amílcar Pop, del partido Winak de Rigoberta Menchú, quien denunció a Pérez Molina por los delitos de encubrimiento y estafa, entre otros. El congresista presentó la denuncia el 22 de mayo. Al conocerse la decisión del Supremo, el diputado Pop dijo, por vía telefónica, que siempre confió en que su petición se resolviera favorablemente. “Reconozco que no fue fácil tomar esa decisión”, comentó.
Para el congresista, iniciar un proceso que podría terminar con el presidente de Guatemala sentado en el banquillo, una decisión sin precedentes desde la instauración de la democracia en 1985, hubiera sido impensable sin la presión de los ciudadanos. En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles para exigir la renuncia de Otto Pérez, una presión que ya le costó el cargo a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti. “El descontento popular ha sido determinante”, subrayó.
La demanda de Pop contempla varios delitos que el presidente habría cometido durante su gestión. “El primero, el incumplimiento de deberes, a los que se añaden el encubrimiento propio y la asociación ilícita. Encubrimiento a partir de hechos notorios, como tratar de proteger a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti y al ex secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que permitieron su fuga”. Monzón está señalado como el cerebro de la trama mafiosa que operaba en las aduanas de Guatemala.
“Hay indicios suficiente y racionales para afirmar que el presidente cometió cuatro delitos. Entre ellos, el enriquecimiento ilícito. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público (Fiscalía) demostrar la existencia de tales delitos y de un juez dictar una sentencia de culpabilidad o inocencia”, añadió.
Con respecto a la posibilidad de que el Legislativo retire la inmunidad al presidente, Amílcar Pop se mostró optimista. “No creo que haya algún diputado que se atreva a contradecir la verdad tan evidente: este Gobierno y sus funcionarios crearon una estructura criminal que ha saqueado los recursos del Estado”, concluyó.
En cualquier caso, el futuro de la demanda se adivina largo y tortuoso. Incluso en el caso de que los diputados sean convocados este mismo jueves, tendrán que nombrar, por sorteo, a una comisión investigadora integrada por seis congresistas cuyo dictamen tendría que ser aprobado por dos terceras partes del total de legisladores. Esto sucede mientras el Congreso se encuentra en receso y no reiniciará sesiones hasta la primera semana de agosto
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RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Noelia Montero
FUENTE: El PAÍS
