La Real Academia Española, en su definición de la palabra ardid parece ser clara y contundente: “Medio hábil o astuto que se emplea para lograr algo”. El libertarismo argentino, que llegó al poder con el beneficio de la duda, desde su posición embrionaria de debilidad estructural, ha tratado de revertir esa circunstancia con estrategias políticas y comunicacionales que tenían mucho de imaginarse como una especie de renovación moral de un país (supuestamente) devastado. En el contexto de una dirigencia política que convive con parte de culpa (gobierno de Unión por la Patria), de ineficacia (crisis de representación) y de una inexorable convicción anti peronista (amarillos y radicales de distinto pelaje), todo puede marchar más o menos dentro de ciertos carriles cuando, por lo menos, se cumplen con algunas promesas de campaña. El problema surge cuando cierta eticidad resulta relativizada y algunas máscaras se descubren, dejando la sensación de resaca del miércoles de ceniza. Recorrido de días donde ciertos modos oficialistas se parecen, y mucho, a todo aquello que, hasta ayer nomás, se denostaba. Quedan todos y todas formalmente invitados. Sin antifaces.  

En su proyección política, la propuesta libertaria se hizo fuerte desde la denuncia de un sistema político que, si bien no había colapsado en sus modos de representación, sí encontraba claros límites en ciertas formas de relacionamiento social. El grito, el salirse del molde comunicacional, la utilización de un discurso contra una dirigencia que no pudo evitar que fuera mirada como una casta, haciendo foco en políticos profesionales que eran en definitiva y casi exclusivamente responsables del devenir nacional, se transformaron en elementos sustanciales de un movimiento que se creyó (y aún se cree), atravesado por el designio irrenunciable de cierta renovación moral, la cual se emparenta con la siempre remanida batalla cultural.

El Banco Central no se cerró; el gobierno interviene cotidianamente en múltiples áreas de la economía; el peso se ha fortalecido; la dolarización parece una promesa de otros tiempos; el cepo sigue sin poder levantarse y el buen diálogo con el Fondo Monetario Internacional, ese organismo que Javier Milei denunciara hace veinte meses atrás como funcional a los intereses del gobierno anterior, promete la llegada de dólares frescos que, en la comunicación libertaria, sería una especie de respaldo a la gestión mediante un préstamo que no genera deuda. Cosas raras de la macro economía libertaria.

Ninguna de las promesas estructurales de campaña se cumplió. Excepto la motosierra, aplicada sobre los sectores más débiles y la baja de la inflación sostenida a base de un achicamiento de la economía y de un dólar planchado como un atributo, el devenir libertario se auto sostenía desde la prevalencia de cierta moralidad coadyuvante.

El problema radica en cómo se apalanca ese (supuesto) atributo, cuando el líder queda definitivamente expuesto a una estafa de proporciones, a la que nadie lo indujo y que hubiera sido imposible de desarrollar sin su participación excluyente. Más allá de las divergencias semánticas sobre lo que representa difundir o promocionar, tres semanas después comienza a conocerse algo que anunciábamos apenas conocido el caso $Libra: la imagen pública de Milei ha sido afectada por el escándalo.

De acuerdo a las encuestas que se han hecho públicas desde distintas consultoras, surgen dos datos en todas coincidentes: existe un número muy alto de ciudadanos y ciudadanas que están enterados del tema y prevalece un porcentaje mayoritario que ve al presidente como partícipe de una estafa. Aparece allí un problema de grado ya que la renovación moral queda más como atributo con el que no se cuenta, antes que algo sobre lo que, desde no pocos sectores de la sociedad, se daba por existente. No era raro escuchar “este es loco, pero es auténtico y decente”.

Che Milei! AL FINAL TERMINASTE HACIENDO LO MISMO QUE MACRI.

Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y TIRÁS LA TOALLA PIDIÉNDOLE UN PRÉSTAMO AL FMI.

Acabo de leer la nota que publicaste ayer en La Nación donde querés…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2025

El fenómeno del criptogate tal vez pueda ser pensado como una especie de ciclo que, al igual que la temporalidad de las estaciones de año, se produce de manera inexorable: se conoce el escándalo, el oficialismo diseña estrategias para sacar el tema de la agenda pública, pero comete errores no forzados (como aparecer estructurando qué debe preguntarse y contestarse en una entrevista o amenazando a un diputado de la Nación), genera nuevos bochornos, vuelve a intentar ganar centralidad para lo cual diseña un institucionalismo a gusto y piaccere, lo cual deriva en cuestionamientos que ya no sólo se reduce a sus enemigos (esa es su visión), sino que alcanza a los aliados de meses atrás, transformando al ciclo en una especie de circulo vicioso donde la degradación institucional se hace cada vez más profunda.

La designación en comisión de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo mucho de un ardid político inédito, superando a la creatividad normativa expuesta por Mauricio Macri, allá por inicios de su gobierno cuando designó de la misma forma a los ahora integrantes Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz, pero con otros tiempos constitucionales. Si en aquella oportunidad el escándalo se encausó con la aceptación de los nominados vía el procedimiento establecido en la Constitucional Nacional, nada parece indicar que no sea el propio Senado quien rechace a los nominados. ¿La historia que se repite como farsa? No lo sé querido Carlitos Marx, tú lo sabrás.

La saga no se redujo sólo a esas circunstancias. El capítulo de la jura de García Mansilla, entre gallos y medianoche, sin más presencia de los cuatro de Liverpool y el fotógrafo que reprodujo el momento, resulta directamente proporcional a la viscosidad del proceso. Un ciudadano asume unos de los tres cargos más importantes en la línea de sucesión presidencial en una república, y el acto se desarrolla en el más absoluto de los secretismos. A veces, con explicar los hechos resultan innecesarias ciertas explicaciones causales.

Para colmo de males oficialistas, Lijo no pudo acceder al máximo tribunal porque este último no le aceptó el inescrupuloso pedido de licencia (tengamos en cuenta que la nominación en comisión sólo tiene vigencia durante 2025), con voto de García Mansilla incluido, el cual, probablemente se haya querido curar en salud demostrando que puede votar en contra de los intereses gubernamentales. Cine.

Pero si los escándalos del criptogate y la designación de jueces en comisión había expuesto al gobierno con todos sus límites, el Decreto de Necesidad y Urgencia que habilitaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no parece quedarse muy atrás en ciertas formas de deterioro institucional y de la propia palabra presidencial.

Hasta hace horas nomás, el primer mandatario afirmaba en un encuentro mediático con el bufón de ocasión, que su gobierno respetaría el marco legal imperante (Ley Guzmán) y sometería a la aprobación del Congreso, el acuerdo que se teje con el organismo de crédito. Su referencia a que “esas son las reglas de juego y hay que respetarlas” pareció una especie de reivindicación a cierta racionalidad que en su gestión no suele abundar.

Pero todo resultó un espejismo. Con la sobreutilización de la creatividad normativa como bandera, el oficialismo recurrió al diseño de un DNU que intenta ocultar la letra chica (y grande) del acuerdo, transmutando lo que debería ser un apoyo legislativo en una especie de cheque en blanco sin retorno. La circunstancia de necesitar de ambas cámaras para rechazar el mamotreto legal, sería la punta de lanza de una hipotética y rebuscada victoria libertaria, la cual, por ahora, está lejos de concretarse. Un Congreso ninguneado al extremo tal vez no sea la mejor de las estrategias, pero resulta justo afirmar que el desaire macrista de siete años atrás, cuando firmó un endeudamiento por U$s 54.000 millones con su sola aprobación, no sería la mejor referencia para limitar las acciones libertarias.

En los nombramientos de jueces de la Corte en comisión y en el acuerdo con el FMI y su aprobación vía DNU, subyace una estrategia de casta y de la más concentrada. Esa que le notifica al pueblo argentino que se debe seguir al líder sin más, dada su irreductible capacidad y sagacidad para llevar a la vida de cada uno de nosotros a otro plano. Nótese que no hablamos de vida comunitaria, sacrilegio si los hay.

De manera cada vez más reiterada, la trampa se transforma en el principal eje de la gestión. Ya no alcanza con falsear balances, ocultar el volumen de reservas negativas, evitar el pago de deudas para mostrar superávits ficticios, castigar a jubilados y pensionados con aumentos irrisorios (con violencia física incluida en la protesta) y actualizar una forma de medición de la inflación que atrasa veinte años. El criptogate, como resorte iniciático de cierto deterioro, resultó emblemático por muchas razones. Tal vez la más importante sea que el ardid como instrumento de la política libertaria, llegó para quedarse.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez