A dos años de la aprobación de la emblemática Ley Bases en el Senado —jornada recordada por la fuerte represión en las calles y rebautizada irónicamente por algunos medios como "Ley Gases"—, el escenario político para La Libertad Avanza dista mucho de aquella inicial demostración de fuerza. En diálogo con Todas Las Voces por AM 1330, Miguel Gómez expone cómo el Gobierno nacional, a pesar de haber consolidado en aquel entonces su primer gran éxito legislativo y de mantener la vigencia del polémico DNU 70/2023 ante el prolongado silencio de la Corte Suprema, ha ingresado en un proceso de profundo desgaste que hoy lo coloca en una posición sumamente incómoda y con escaso margen de maniobra.
El deterioro de la gestión oficialista se hace evidente en la necesidad de sobreactuar situaciones de cohesión interna que la realidad contradice. Un claro ejemplo de esto fue la reciente difusión de la foto del cumpleaños de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una imagen que —lejos de reflejar una celebración auténtica— pareció una maniobra impulsada por Karina Milei para forzar un respaldo político y abroquelar a la funcionaria dentro del redil oficial. Este movimiento ocurre en un contexto donde Bullrich había intentado despegarse públicamente de los recientes escándalos que salpican al entorno presidencial, calificándolos como algo más grave que un simple error.
Gomez remarca que el foco de la tormenta política sigue centrado en la figura de Manuel Adorni, quien parece haber quedado reducido a una figura decorativa dentro del esquema real de toma de decisiones. El vocero y funcionario es duramente cuestionado tras sus recientes y contradictorias declaraciones sobre el hallazgo de un pendrive con supuestas criptomonedas valuadas en 500.000 dólares; una explicación calificada como un "mamarracho defensivo” que se contradice con sus propios archivos públicos de 2017 y con su situación patrimonial histórica. Esta crisis ha escalado al punto de generar la indignación pública de periodistas y comunicadores de medios tradicionales que antes solían alinearse con el relato gubernamental.
Esta encrucijada política ha impedido que el Poder Ejecutivo pueda capitalizar de manera efectiva lo que consideran sus mayores éxitos recientes en materia económica: la desaceleración de la inflación al 2,1% y la caída del riesgo país en torno a los 450 puntos, lo que teóricamente posiciona a la Argentina en la antesala de volver a los mercados de crédito tradicionales. Sin embargo, la gravedad de los cuestionamientos éticos y de gestión absorbe la agenda pública, relativizando los festejos de un índice inflacionario que los mismos protagonistas de hoy criticaban con ferocidad hace una década cuando se registraban números similares.
Miguel Gómez advierte sobre una marcada "demencia institucional" y una doble vara en el comportamiento del entramado judicial argentino. Mientras la oposición tradicional —salvo sectores específicos del peronismo dialoguista que actúan de manera funcional al oficialismo— mantiene una postura crítica, la corporación judicial con eje en Comodoro Py y proyecciones federales parece jugar con los tiempos políticos para otorgar aire al Gobierno. Ante una sociedad que paulatinamente deja de asimilar la narrativa oficial y un pretendido adormecimiento mediático que no llega a consolidarse, el Gobierno se prepara para convivir con un escenario de marcado aislamiento y un capital político que resta más de lo que suma.
