Frente al impacto de la última devaluación, Semino señaló que "la situación de los jubilados es muy mala en términos históricos, y ahora es gravísima, desde el punto de vista económico y de la asistencia que ni siquiera es tenida en cuenta. Yendo a los números, nosotros hacemos una medición de la canasta de jubilados en los meses de mayo y diciembre con los precios del mes anterior. Pero cuando hay inflación alta, como en 2014, 2016 y este año, hacemos una extra en agosto. Esta canasta con gastos mínimos de vivienda, calculados para grandes centros urbanos, nos da $21.170 y cuando uno confronta esta suma con lo que ganan los jubilados y pensionados en la Argentina se alarma."
En este sentido, el Defensor de la Tercera Edad explicó: "porque, por ejemplo, tenemos casi 4 millones de jubilados que están en la mínima de $8.600; hay un millón y medio más que exceden esa mínima, pero en la media entre $11.500 y $12.000 y hay 1.060.000 de pensiones no contributivas que nadie las señala, que son las de los discapacitados. Esas pensiones llegaron apenas a $6.600." Además, Semino destacó: “El adulto mayor tiene en su canasta componentes que no se consiguen en lo que es la medición de nivel saludable de inflación, como gastos farmacéuticos y lo que tiene que ver con alimentos hiposódicos e hipocalóricos que deben consumir. Esto hace mucho más dura la situación, pero no están percibidos. Inclusive en esta situación de crisis donde los propios funcionarios no contienen a los sectores más vulnerables tampoco se mencionan a los 7 millones de jubilados y pensionados.” Por otro lado, estimó que "a fines de diciembre la movilidad nos va a dar 28,5 puntos que confrontados con la inflación estimada para fin de año de un 42% vamos a ver una pérdida de alrededor de un 15%, que se agudiza por el carácter particular de la situación del jubilado."
En torno a los resultados previstos luego de la Reforma Previsional sancionada el año pasado, Semino expresó: "Nosotros hicimos una propuesta desde la Defensoría de la Tercera Edad en forma expresa al Poder Ejecutivo el año pasado y la hemos repetido este año. Con las medidas del 17 de diciembre de 2017 se cambió la fórmula de movilidad, pero en paralelo hubo otra medida que a nuestro criterio es la más complicada, que debería haber tenido más debate y análisis y que pasó totalmente inadvertida. Esta medida, que después se le atribuyó al acuerdo con el Fondo pero que en realidad ya se había hecho, fue la de dividir todo el sector de beneficios jubilatorios en tres pilares. Esto se hizo a través de un método muy particular que fue el otorgamiento del 82% móvil en relación al Salario Mínimo Vital y Móvil y que nada tiene que ver con el reclamo histórico de los jubilados, ya que el 82% que reclaman tiene que ver con la tasa de sustitución. Lo que se hizo fue separar a los aportantes plenos que tenemos más de 30 años como aportantes directos al sistema, que es el pilar cada vez más chico, ya que no hay trabajo permanente en blanco, del segundo pilar, que son lo que no tienen acceso al 82% pero que podrían haber inclusive tenido al momento de jubilarse 29 años de aporte y esperar 6 meses de moratoria al momento que fuere. Se los diferenció y esto quedó instalado, generando las categorías diferenciales del futuro, porque aquellos que no se les otorgó ese 82% móvil trucho pasan a ser parte un futuro no contributivo. Se cambió la naturaleza jurídica del derecho a la seguridad social del sector que más crece. Esto que parece un tecnicismo tiene fuertes implicancias hacia el futuro.
A su vez, Semino añadió que "en paralelo se hizo una comisión para una reforma estructural, pero la reforma estructural es ésta y ya pasó. Los sabios que están discutiendo como va a ser el cambio de estructura en realidad son parte del juego político, y lo hacen silenciosamente. En otros países el debate de la reforma previsional y estructural se da durante varios meses, de cara a la sociedad, donde participan académicos y actuarios de distintas universidades de varios sectores y esto acá no está pasando."
Para concluir, el funcionario explicó cuáles fueron las propuestas que podrían haber mejorado la situación de los jubilados: "Nuestra propuesta era derivar el flujo de Fondo de Sustentabilidad y Garantías directamente al bolsillo del jubilado, porque tenemos supuestamente un fondo de Sustentabilidad y Garantías de un billón trescientos setenta mil millones de pesos que se le prestó a empresas, muchas de ellas cuestionadas públicamente, a intereses promocionales en todas las administraciones, la anterior y ésta, y se le ha prestado al Estado a bajos intereses que nunca vuelven al sistema. Por lo cual el fondo se ha ido liquidando sin quién tiene su legítimo gobierno, el jubilado, reciba sus beneficios y ahora esté en esta situación. Ese fondo, con la última crisis cambiaria, perdió en una semana 17 mil millones de pesos, cosa que de haber estado en el bolsillo del jubilado se hubiese reciclado en el mercado interno, generando algo de bienestar para quienes lo recibían y a su vez impuestos y trabajo para el sistema."
(*) Colaboradora Fundamentar.com
