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Domingo, 18 Mayo 2025 13:42

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Guste o no, la campaña porteña tiñó el escenario de la política nacional. No fue tanto por las discusiones electorales y las propuestas para una elección de meras concejalías para esa ciudad, tratando de salir de un modelo que reivindica la crueldad o la escatológica circunstancia de eliminar el olor a pis, sino porque en ese contexto, donde el libertarismo se juega un pleno al éxito del vocero presidencial, aparecieron un par de anunciadas medidas que rápidamente ganaron centralidad, pero que, en simultáneo, demostraron los límites que enfrenta el Gobierno. Sacar los dólares del colchón y eliminar impuestos que protegen la producción industrial en Tierra del Fuego, resultaron anuncios que obligaron al Poder Ejecutivo Nacional, más temprano que tarde, a volver sobre sus pasos. 

Respecto del escenario electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las proyecciones previas de los resultados corresponde ser cautos. Ello es así por varias razones:

  1. No son pocas las experiencias donde las encuestas previas han fallado. Sin deslegitimar el trabajo de los encuestadores y más allá de las operaciones y chantadas que siempre circulan en un proceso electoral, no deben dejar de tenerse en cuenta ciertas limitaciones en las mediciones que han aparecido en el último tiempo: decisión del sufragio el mismo día domingo, voto vergonzante y la incerteza en el nivel de participación imponen relativizar los pronósticos previos.

  2. Con el antecedente común de que en las cinco elecciones provinciales anteriores han prevalecido los oficialismos, en CABA ya no se impone la seguridad de que pueda prevalecer una fuerza que gobierna la ciudad desde hace 18 años. Cierto desgaste natural, un líder en su ocaso y la emergencia de una extrema derecha que compite con toda la potencia que supone el manejo de los resortes del Estado a nivel nacional, le dan sentido a la idea.

  3. El electorado porteño. Abiertas las urnas en la tarde del domingo, vale preguntarse si el resultado será el de confirmar una atomización de las derechas argentinas, favoreciendo las posibilidades de triunfo de aquello que representa Leandro Santoro o si, como decíamos los jóvenes de antaño, el PRO ya fue y se le termina dando un voto de confianza a Manuel Adorni, hombre que recibió el suficiente espaldarazo de un Javier Milei que se cargó la campaña al hombro y que, de yapa, canceló su viaje a Roma para la entronización de León XIV.

Con la buena noticia (para los intereses del gobierno) de una inflación que, con apertura parcial del cepo, se ubicó sobre el 2,8%, casi un punto menos del mes anterior, el oficialismo continuó con un método que ya es parte de su carga genética: si un sector del Estado o una norma no cumplen adecuadamente su función, ya sea en parte o totalmente, se lo elimina y anuncia medidas que luego, por desconocimiento de los marcos legales que lo contienen, no logran ser implementadas.

Algo de todo ello ocurrió con las dos novedades más rimbombantes anunciadas por el vocero / candidato en los últimos días: el blanqueo de facto en el uso de hasta U$s100.000 y, la más reciente, la eliminación de una serie de impuestos que graban y protegen la producción electrónica en Tierra del Fuego. 

El primero de ellos, y no exento de ciertas diferencias internas en el oficialismo, comenzó a ser replanteado dado que no pasa ciertos pisos de legalidad. Como comentábamos la semana anterior en esta misma columna, el país ha suscripto una serie de acuerdos, vía su pertenencia al GAFI, en materia de lavado de activos que tienen en la mira, entre otros, a grupos narcos y organizaciones terroristas. 

A mitad de camino de parecerse a Venezuela o Cuba, el oficialismo gobernante nos ofrece la particular paradoja (seamos benévolos) de reivindicar un blanqueo que termine potenciando una serie de actividades ilegales, mientras celebra la elección de Rosario, región condicionada por los tentáculos del narco, para ser la primera ciudad en aplicar la Ley Anti mafias. Cosas del marketing político. 

Para el segundo, apareció en escena otra vez un sentido de grieta que no hace más que simplificar una problemática que tiene múltiples aristas que corresponden revisar y que, para ser justos, deberíamos atender desde su sentido inicial, ese que indica que la famosa promoción industrial en una provincia como Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, tuvo un sentido estratégico de geopolítica que suponía el poblamiento de una región deshabitada, inhóspita y muy rica en recursos naturales.

De acuerdo a lo que dicen los que dicen que saben, el no cobro de determinados impuestos en la isla ronda los U$s 1.000 millones anuales, cifra que fue chicaneada, al argumentarla como un número caro y que serviría para mantener dos presupuestos anuales del CONICET. Lejos de entrar en ese terreno o de plantear la cuestión terminal de que el país perdería un enclave estratégico de su soberanía, sí vale plantear que, como en todos los órdenes de la vida, lo de caro o barato debe ser relativizado de acuerdo a los intereses o valores que se pongan sobre el eje de la discusión. 

Ese número comentado en el párrafo anterior toma otra significación si se plantea que se pondría en riesgo, tal vez dejándola al borde de su extinción (tener en cuenta las declaraciones de Luis Galli, CEO de Newsan), una industria electrónica que representa unos 10.000 puestos de trabajo en la provincia. Teniendo en cuenta el componente social de ese mercado laboral, no sería de extrañar que hablemos de una afectación potencial de unas 40.000 personas, algo así como el 20% de la población en un territorio que, según el último censo del año 2022, está habitado por 180.000 personas. 

Para los que ya no nos cocemos con el primer hervor, ¿hace falta recordar los casos de ciudades como Cutral Co o General Mosconi en la década del noventa? ¿Imagina usted, querido lector, estimada lectora, el impacto social que representaría que, en su ciudad o región, una decisión política tomada a miles de kilómetros, sin consulta ni análisis previo, ponga en riesgo laboral a la quinta parte de la población? Tarea para el fin de semana.

Desde la justificación de la eliminación de la protección, además de ponderar lo barato que nos saldría traer equipos tecnológicos de alta gama (habría que ver qué porcentaje de argentinos estarían en condiciones de acceder a ellos), no faltaron las voces que plantearon la necesidad de la reconversión de la actividad productiva de la provincia. El ejemplo más trillado rondó por la responsabilidad de los propios fueguinos en haber rechazado, en su momento por el riesgo ambiental, la cría de salmones. Al respecto debe decirse que, aunque parezca obvio, un trabajador que se desarrolla en una actividad de ensamblado electrónico, poco y nada tiene que ver con una producción, si se quiere, de tipo primaria. Hay algunas cuestiones que cierto liberalismo (y ahora podemos agregar al libertarismo) no termina de entender: las personas no pueden ser moldeadas productivamente de la noche a la mañana, por el deseo electoralista de proponerle a un sector reducido de la sociedad adquirir bienes más baratos.

Tampoco debe soslayarse que Tierra del Fuego tiene tres actividades principales con su respectivo impacto en el mercado de trabajo: la industria electrónica, la extracción de hidrocarburos y el turismo. Afectada la primera de ellas, con visitantes extranjeros a los cuales el país les resulta caro mientras que a los locales nos resulta barato viajar al exterior, no es demasiado complejo imaginar cuánto tiempo pasará para que los números públicos, que sostienen todo el aparato estatal, afecten la vida comunitaria.

A partir de la contundencia en la respuesta político institucional y sindical, el Gobierno nacional se vio obligado a desescalar ante el riesgo de una afectación que condicione las posibilidades de las fuerzas violetas que se imaginan celebrando en la noche del domingo. 

En definitiva, esa discusión también se queda a mitad de camino. Porque, además, no debe soslayarse el peso y la capacidad de lobby de un par de grupos empresariales que resultan fuertemente beneficiados por el esquema actual. La presencia entre ellos de un tal Nicky Caputo demuestra por sí mismo, que la discusión no puede plantearse de forma maniquea entre buenos y malos de cada lado.

El caso de Tierra del Fuego y la eliminación de determinados impuestos internos desató un debate impensado hasta hace algún tiempo atrás. Algo late en ciertos sectores de la sociedad como para empezar a discutir en serio, con tiempo y con proyección de futuro, un enclave tan estratégico y paisajísticamente tan hermoso como el de la provincia más grande del país. Pero lamentablemente, el libertarismo circula a contramano de cierta previsión de largo plazo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

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