Si en la lógica de nuestras vidas privadas, chiquitas y cargadas de verdades relativas, aprendemos, a medida que crecemos, que nuestro accionar cotidiano tiene consecuencias (a favor o en contra); en el mundillo de la política, plagado de intereses cruzados, de los honestos y de los otros, el costo de cada acción nunca es gratis. Sobre todo si el objetivo inicial radica en poner patas para arriba un andamiaje legal construido desde los últimos 100 años, pero fundamentalmente si se quiere avanzar sobre los derechos de una sociedad que está agotada de cierta cotidianeidad, a la cual se le ofrece la certeza de un presente de esfuerzo y sacrificio, a cambio de la promesa de un mañana venturoso. A poco más de 45 días de gestión, la administración Milei tuvo que aceptar en los hechos que el posicionamiento de un panelista televisivo primero y el desarrollo de la campaña electoral después, son coyunturas muy diferentes a la hora de ejecutar el gobierno. Semana de desasosiego y derrotas varias para el libertarismo argentino. Pasen y vean. Como siempre, y este 2024 no será la excepción, están todos y todas invitados.
La expectativa semanal radicaba en dos temas centrales: el paro dispuesto por la Confederación General del Trabajo al que adherían el resto de las centrales obreras y un muy buen número de organizaciones de la sociedad civil y el tratamiento en comisiones de la mal llamada Ley Ómnibus, sobre el que el oficialismo tenía la aspiración de obtener el dictamen de mayoría.
En el primero de ellos, el mileismo intentó utilizarlo como una herramienta en su favor: con parte de la dirigencia sindical deslegitimada, por acciones históricas propias, pero fundamentalmente por la plena vigencia de esa construcción de sentido que indica que para buena parte de la sociedad argentina, todo lo relacionado con la acción sindical de cualquier tipo, representa un problema en sí mismo; el gobierno y algunos aliados circunstanciales, pecaron de falta de originalidad a la hora de dar la discusión de rigor.
Con un evidente sesgo interpretativo, basado en un prejuicio ideológico que encuentra su raíz en la Argentina de la Ley de Residencia de 1904, el oficialismo en sus múltiples terminales (funcionariado, medios de comunicación afines y voceros de redes) no se privó de pronunciar las zonceras tradicionales para este tipo de coyunturas históricas: desde que “el paro es político” (sí Javier, la sociedad en la calle reclamando es un hecho político en sí mismo), pasando por la decisión de desarrollar una medida de fuerza a 45 días de haber asumido el gobierno, siendo que a Alberto Fernández no se le hizo ningún paro, hasta llegar a la discusión de números, donde algún periodista devenido en reciente segundo del vocero presidencial se animó a dar números concretos del dinero que perdería el país con la medida de fuerza y donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no tuvo empacho alguno en minimizar la contundencia de la convocatoria en la Plaza del Congreso, realizando una cuenta algo trucha y obviando las distintas movilizaciones producidas a lo largo y ancho del territorio nacional.
🇦🇷 LA PATRIA NO SE VENDE 🇦🇷 pic.twitter.com/IW2cnjVQ61
— CGT (@cgtoficialok) January 26, 2024
Lo señalado merece algunas aclaraciones. La primera es que, más allá de algunas defecciones históricas, cuando el movimiento obrero reclama no obedece sólo a la cuestión inflacionaria sino a un entramado normativo que se intenta imponer y sobre el que el gobierno anterior jamás pretendió avanzar.
La segunda es que en los cuatro años anteriores, con plena vigencia de paritarias libres, todos los sectores que representan el conjunto del movimiento obrero, se vinculan con los sectores formales del mundo laboral y por lo tanto, con sus más y sus menos, pudieron ir “arrimando el bochín” al escenario inflacionario.
Y la tercera refiere a la falacia de afirmar que nada se dijo durante el período 2019 – 2023 de los problemas económicos que presentaba el país. Vale recordarle a unos cuantos, que si algo caracterizó a la gestión anterior fue la permanente discusión, con el consecuente internismo, sobre qué destino de gestión debía elegirse.
Lo que el libertarismo argento no entiende (entre tantas cosas), es que las disputas políticas se basan en un principio algo básico de acción y reacción. Si en la primera acción formal de gobierno, entre decretos de necesidad y urgencia de nula necesidad, urgencia y constitucionalidad, la misma se complementa con un bodoque normativo que modifica centenares de leyes, las cuales redundarían (si se sancionara) en la afectación de millones de personas, violando todo principio de discusión adecuada en cada una de las comisiones conformadas para tal fin en la Cámara de Diputados, pretendiendo desoír a los distintos sectores de la sociedad a las que afecta, es evidente que ese malestar deberá canalizarse por algún lado. Una sociedad verdaderamente democrática es como el cauce de un río: se lo podrá intentar obturar, pero siempre volverá a su destino original.
Pero además, discutir el número de una movilización, con plazas llenas de extremo a extremo, con evidentes muestras de masividad en las ciudades más grandes del país, pero también en las más pequeñas, trae consigo la desvalorización de aquel ciudadano o aquella ciudadana que se sienten contenido por la organización gremial a la que pertenecen, porque desde el libertarismo tonto e ignorante se cree que las personas pueden ser arriadas sin más razones que el interés del dirigente gremial de ocasión.
Así mismo, si honestamente funcionarios e influencers mediáticos (en mis tiempos jóvenes idos les llamábamos formadores de opinión), hubieran decidido pararse en una esquina cercana a una convocatoria en cualquier provincia del país, habría notado que no sólo las estructuras sindicales movilizaron, sino que mucha “gente suelta” se sintió interpelada para mostrar públicamente sus preocupaciones, miedos y enojos. No tratar de comprender esto demuestra la tempranera decisión gubernamental de dejar de intentar representar a los intereses del conjunto de los argentinos: la convocatoria no fue sólo gremial, implicó la presencia de vastos sectores y sirvió como una instancia de institucionalización de un descontento creciente y que, como veremos en los próximos días, se reflejarán en las primeras encuestas que marcan un deterioro en la imagen presidencial. Quien quiera oír que oiga, quien quiera escuchar que escuche.
En el enfoque oficialista subyace un error de base que hemos marcado desde el día uno de gestión: Javier Milei confunde un triunfo electoral en un ballotage con un 56% de los votos, con un cheque en blanco para legitimar sus dichos de campaña y su acción inicial posterior.
Ese número no se construyó sobre la base de un triunfo político donde una fuerza sobresale con más de la mitad de los votos y el resto de los partidos discuten poder de una manera claramente atomizada (versión electoral del resultado de 2011 y el triunfo en primera vuelta de Cristina Fernández de Kirchner); sino sobre la presencia de bloques verdaderamente intensos, lo cual no resulta fijo e inmutable, ya que la velocidad con que se intentan los cambios, resulta directamente proporcional a aquellos intereses que pueden afectar.
Si además, esa acción política gubernamental se construye sobre un andamiaje institucional definitivamente raleado, donde no se cuenta con ningún gobernador propio, con una minoría muy evidente en el Congreso de la Nación (no se tiene ni el 15% de los legisladores), si se maltrata a los posibles aliados legislativos y se amenaza a gobernadores que no están dispuestos a pagar el costo político que suponen nuevas imposiciones a las economías regionales, queda evidenciado que el resultado no será el esperado por el oficialismo. En la calle se aprende que para pelearse con los grandotes, hay que tener con qué, independientemente del uso o no de la chequera.
Como nunca, esta semana el oficialismo dio un espectáculo en sí mismo de los límites que supone la estrategia de hacerse fuerte desde la debilidad: hizo firmar el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados en blanco para reescribirlo después, exponiendo a sus aliados y a una denuncia penal de rigor; visibilizó (otra vez) una interna feroz que todas las semanas habilita renuncias de segundas y terceras líneas de funcionarios; el presidente ordenó la eyección de un ministro por un off the récord publicado en un medio, confirmando en definitiva que lo afirmado era verdad; abrió un nuevo frente de conflicto con gobernadores opositores y no tanto, que rápidamente le recordaron las “ventajas” de un sistema federal de gobierno; y en un típico escenario de crisis, el ministro del área convocó a una conferencia de prensa en un horario absolutamente inusual donde anunció que se retiraba la parte fiscal del proyecto de ley pomposamente llamado “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”, como forma de no exponerse a una derrota segura en la sesión de la semana próxima en la Cámara de Diputados de la Nación.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 27, 2024
El oficialismo vino anunciando un esquema de todo o nada. Pero esa estrategia puede servir (incluso en la derrota) cuando detrás se cuenta con una estructura consolidada que te sostiene: si a seis meses de haber asumido Cristina Fernández, el kirchnerismo perdió la batalla política por las retenciones en el Congreso de la Nación, supo capear el temporal (y más allá de algunos cantos de sirena que aseguraban el final del gobierno), esto fue así porque contaba con un respaldo institucional de proporciones. La historia reciente, más allá de los colores ideológicos, debería servir para aprender.
La pregunta que dejamos flotando por aquí (ya empezamos queridos lectores. Como verán, no damos respiro en el primer artículo del año), refiere a si la actitud oficialista de este tiempo tiene que ver con una ceguera o brutalidad política, que cada uno adjetive como le parezca, que se sostendrá en el tiempo, o si la derrota autoinflinjida por estos días, con un ministro renunciando públicamente a imponer lo que era el nudo gordiano del proyecto de ley, modificará las estrategias de relacionamiento con la oposición light.
Lo que vendrá en los días que siguen supone la propia valoración gubernamental de haber escuchado las demandas sociales, algo difícil de creer a partir de cómo operó ambos mamotretos legales (DNU y ley ómnibus) de cara a los opositores y a la sociedad. Pero el trasfondo es otro: el oficialismo se preparaba a cumplir otro récord, el de tener una ley rechazada a poco menos de dos meses de haber asumido, quedando en el aire la inevitable sensación de que sólo se aspira a la aprobación concreta del artículo 1º de la ley, ese que habla de delegación de facultades, con el fin de ir por más en el corto plazo vía decreto, y además, evitar el tratamiento legislativo del DNU, apostando un pleno a la aprobación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá por el mes de marzo.
Nada es gratis. Y al elegir equipos de gestión inexpertos y sin diálogo político, el gobierno acaba de tener una derrota que por lógica no resulta definitiva. Hay consecuencia de cada acto y habrá que ver cómo logra (si es que lo hace) recomponer una relación con aquellos sectores “amigables” a los que expuso con sus devaneos iniciales. Ante las faltas, los engaños y la crueldad, siempre habrá consecuencias. Cuidado con las sentencias prematuras.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
