“Sobre caranchos y otras formas de construcción política” podría ser la segunda opción de título para este artículo de comienzos de marzo. La semana resultó variopinta: acuerdos en el Congreso que le dan una buena noticia a varios cientos de miles de argentinos y argentinas; la presencia del presidente de la Nación Alberto Fernández inaugurando el período de sesiones ordinarias en el parlamento argentino y la balacera al supermercado propiedad de la familia política de Lionel Messi que tuvo el inevitable impacto social de rigor. Hay de todo, como en botica. Pasen y vean.
Cuando el mes de febrero languidecía, y no pocos analistas nos predisponíamos a comentar las consecuencias de otro período de sesiones extraordinarias que pasaba sin tratamiento de ley alguno, a partir de la obturación legislativa – institucional al que se ha prestado el conjunto de las oposiciones argentinas, surgió la novedad de un acuerdo con un grupo de bloques pequeños para la habilitación del quorum que permitiría tratar en el recinto el proyecto de moratoria jubilatoria que permitirá que, en el mediano plazo, alrededor de 800.000 personas puedan jubilarse.
El acuerdo no fue fácil y el oficialismo logró habilitar el tratamiento con el mágico (y ajustadísimo) número de 129 legisladores sentados en sus bancas. La sesión no resultó exenta de comentarios de todo tipo (hacía cinco meses que Diputados no sesionaba), pero su aprobación en el último día del período de Extraordinarias, se pareció y mucho, a ese gol sobre la hora que todo futbolero o futbolera de ley, sabe festejar exageradamente. El acuerdo, si quiere de corta duración, vino a demostrar que otra construcción política es posible.
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La sancionada ley, que, como bien afirmaron varios legisladores en sus discursos, no resulta la solución de fondo, llega para garantizar, o mejor dicho extender, un derecho que aparecía vedado. Más allá de las virtudes oficialistas en lograr su aprobación, el tratamiento del proyecto deja una certeza y una pregunta, ambas de rigor.
Sobre la primera vale decir que, de alguna manera, los tópicos que abonaron la discusión legislativa resultan un detalle anticipado de lo que se debatirá en este 2023 electoral. Más allá de las chicanas de ocasión, la postura de quienes votaron a favor se sintetizaba en aquella vieja y consagrada máxima evitista (muy a pesar de lo que diga una tal Carlos Rosenkrantz) que sentencia que a cada “necesidad le corresponde un derecho”.
Durante décadas (y por qué no en el presente), millones de ciudadanos y ciudadanas han sufrido las consecuencias de la evasión impositiva de quienes resultaban sus empleadores y nunca pudieron acceder, de manera directa, a los beneficios de la seguridad social.
Desde este lado del río la respuesta política es que algo debe hacer el Estado argentino ante esa histórica injusticia y ante la presente indefensión. Así se entendió desde 2004, y más allá de que los montos de las jubilaciones mínimas puedan resultarnos insuficientes y del achatamiento de la pirámide de los beneficiarios, más otras explicaciones técnicas que muchos especialistas disfrutan mostrar en muy prolijitos archivos informáticos, en los últimos (casi) veinte años, no pocos argentinos y argentinas se asomaron a cierta idea de mejora social, ya que no sólo debe contarse el dinero que cada uno recibe mensualmente en su bolsillo, sino que también debe ponerse en la balanza el acceso a ciertos servicios sociales a los mayores de 60 o 65 años pueden acceder.
Del otro lado, la justificación del voto negativo tuvo varias aristas. La más benévola para la oposición cambiemista es que los fondos (supuestamente) no están, y que por lo tanto, esa ley servirá para profundizar el déficit fiscal. Una segunda corriente, sintetizada en Martín Lousteau, planteaba una moratoria proporcional a los aportes realizados, para lo cual tendríamos que imaginar lo que debería cobrar alguien a quien solo le hayan aportado, por ejemplo, durante 15 años. La tercera, por su parte, estaba encarnada en la figura de Ricardo López Murphy, la cual indica que nada debe asignarse, para no convalidar una manifiesta situación de violación de la ley. Lo que nadie le repreguntó al ex ministro de Fernando De la Rúa es quién era que había cometido el delito: si los empleadores o los trabajadores a los que no se les había hecho los aportes. Mejor no saber.
¿Más derechos o una supuesta mayor racionalidad económica? “That's the question” para este presidencialista 2023.
La pregunta que queda flotando en el aire es hasta donde le sirve a Juntos por el Cambio el bloqueo sistemático al tratamiento de las leyes para los cuales cada legislador y legisladora han sido elegidos. En términos políticos, a partir de unos pocos meses los dirigentes interesados en renovar sus bancas, ¿podrán justificar alegremente que un cúmulo de leyes sobre las que ciertos sectores de la sociedad civil tiene concretas expectativas, no son tratadas porque la estrategia general de la conducción amarilla ha elegido saltar sobre la granada que supone la defensa de parte de un sistema judicial corrupto y putrefacto?
Al igual que la moratoria jubilatoria, el ejemplo de las universidades que esperan ser creadas a través de la ley resulta palmario. No son pocos los dirigentes que suelen reivindicar su formación académica en universidades públicas y el cambio que ello ha significado en sus vidas. Cuesta creer que pueda negarse el mismo derecho a cientos de miles de jóvenes que, seguramente, no pueden acceder a casas de altos estudios que les quedan muy alejadas de su domicilio y de su realidad social.
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Pero si hablamos del Congreso, la atención semanal se la llevó la presencia de Alberto Fernández para la inauguración del 141º Período de Sesiones Ordinarias. Más allá de las expectativas por la interna del oficialismo, ya que presidente y vice no compartían un acto conjunto desde hacía cinco meses, el centro de la escena le cupo al primer mandatario.
El discurso puede ser sintetizado en dos partes. La primera, de la que algunos se quejaban por lo monocorde y que suele ser algo tradicional en este tipo de eventos, refirió a un repaso de la gestión oficialista. No sólo referenció lo sucedido en el último año sino que proyectó lo realizado desde el 2019, evitando nombrar al ex presidente Mauricio Macri. De la lógica presidencial se desprende que en todo caso no era el hijo de Franco el único responsable, sino que hubo una estructura que había dejado al país en determinadas condiciones.
La alocución tuvo un modo original que hacía tiempo no se usaba en ese escenario: a varias de las afirmaciones presidenciales le seguían la presentación en cuerpo presente de ciudadanos y ciudadanas que, de alguna u otra forma, habían resultado beneficiados por las políticas públicas impuestas por el actual gobierno. Una forma de darle carnadura a discursos que en muchas ocasiones devienen muy abstractos.
La segunda parte, que resultó la más subida de tono, refirió a lo que viene sucediendo en la relación entre los poderes del Estado. Las presencias de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultó la ocasión perfecta para que Fernández se despachara a gusto con una serie de argumentaciones políticas y jurídicas sobre una multiplicidad de fallos. A la vez que exigió el esclarecimiento del intento de magnicidio contra Cristina Fernández; denunció las relaciones promiscuas entre un sector de la Justicia y el entramado Pro; elevando el tono no se privó de dejar en ridículo a un odiador serial, irrespetuoso y de discurso violento que funge de legislador; le pidió al Congreso que trate la ley que habilitaría la creación de una renovada estructura judicial para Rosario y la región; reivindicó las formas y el fondo del pedido de juicio político a los supremos; recordó sin nombrarlo al fugado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; al igual que el decreto macrista que extendió la posibilidad de blanqueo a los familiares del actual presidente de la fundación FIFA.
La respuesta no se hizo esperar de parte de los opositores amarillos y más allá del rumor previo que indicaba que Juntos por el Cambio se retiraría del recinto ante cualquier “agravio”, parece ser que primó cierta racionalidad y el bloque opositor mayoritario se quedó en sus bancas. Aunque más no sea para terminar a los gritos. En tiempos de grietas de todo tipo, el Congreso no puede ser una excepción.
Pero, si para el día miércoles alguien pensaba que había material suficiente para esta columna (opinión de este analista pero no del editor que, sabiamente, supo afirmar que esperara porque “falta mucho para el fin de semana”), el atentado contra el supermercado de la familia Rocuzzo en la zona oeste de Rosario, puso a la ciudad, otra vez, en el centro de la escena política y mediática nacional. Y en esta ocasión, con caranchos locales y foráneos, incluidos.
La balacera, lamentablemente, no es un hecho nuevo. La foto del frente del local baleado es parte de una película que los rosarinos conocemos bien. Es el último de un sinnúmero de hechos que se repiten desde hace varios años en barrios periféricos pero también en zonas más pudientes de la ciudad. En esto no hay ninguna novedad.
El dato llamativo viene dado por las personas sobre las que se ejerce la amenaza, a los fines de que alcance trascendencia mundial. El hecho es menos grave que otros atentados donde, casi a diario en Rosario, se pierden vidas humanas. Pero las consecuencias parecen ser otras. Para la sociedad y para el conjunto de la dirigencia política y social.
El fenómeno de las balaceras parte de un entramado que no se puede agotar a una gestión. Para llegar a lo sucedido el día jueves, Santa Fe en general y Rosario en particular viene sufriendo un deterioro persistente: jefes de policía detenidos por vinculaciones con el mundo del narcotráfico; autoridades ministeriales que organizaban concursos a dedo para que los comisarios narcos se hicieran cargo de ciertas áreas; algún juez que debía investigar crímenes y realizaba viajes al extranjero con el padre de la víctima que a la vez estaban acusados de victimarios; funcionarios de áreas informáticas que violaban la propiedad de una computadora de un narco asesinado; atentados contra la vivienda del gobernador, en el mismo modus operandi que en el caso Rocuzzo, en el hecho más gravoso que recuerde la institucionalidad santafesina, y que luego el propio primer mandatario provincial deseche la denuncia, el atacante logre un juicio abreviado y a la población santafesina nada se le informe con claridad y certeza; ex funcionarios nacionales que, ahora opositores, proponen como solución mágica la intervención de las fuerzas armadas (esquema que fracasó decididamente en México y Colombia) y que, al momento de la gestión en el período 2015 – 2019 reivindicaban la incautación del narcomenudeo como la gran política de Estado, al punto que Rosario y la región no registra ni un solo “pez gordo”, vinculado al blanqueo de la economía ilegal, detenido por investigaciones federales.
En el medio queda un gobernador que prometió “Paz y Orden” porque el problema de la inseguridad santafesina era más que evidente, y en su momento designó a un ministro que despertaba grandes expectativas en amplios sectores de la progresía provincial y que terminó eyectado del cargo por, entre otras cosas, no haber sabido construir cierto tipo de relacionamiento político para dar algunas batallas de envergaduras que lo excedían. Los cambios de ministros y de jefes policiales se suceden y en paralelo la disputa narco en el territorio se reproduce con una policía que, efectivamente, no se sabe si acusarla de cómplice o negligente.
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Y a todo esto se suma un intendente / comentarista que les avisó a los rosarinos en la campaña electoral de 2019 que estaba preparado para enfrentar la inseguridad en Rosario, porque sabía de leyes y que sabía cómo hacer que las fuerzas de seguridad cumplieran su tarea, y que no ha hecho más que reclamar responsabilidades para los niveles superiores. Para ponerle el moño a su accionar no tuvo mejor idea que recibir el día jueves en su despacho a Diego Santilli, pre candidato a gobernador de Buenos Aires y a Facundo Manes (supuesto) pre candidato presidencial de la Unión Cívica Radical. Cuál es el sentido de ciertas visitas, que nada pueden aportar para la solución o mejora del problema, sólo sirve para entenderlas desde el carancheo mediático y político de ocasión. Intendente incluido.
¿Le corresponde al Estado nacional intervenir más decididamente en el proceso? Si, indudablemente. Y fundamentalmente porque lo hecho hasta acá, resulta a la vista que no alcanza. A problemas especiales, soluciones especiales. O lo que es lo mismo en palabras de Albert Einstein, “si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.
Mientras nadie puede tener una expectativa real que las balaceras y los crímenes cederán en lo inmediato porque una familia famosa fue atacada, tal vez la máxima esperanza a la que debemos ceñirnos radique en un encuentro honesto y sin oportunismos de autoridades de todo tipo: policiales, políticas y judiciales. Cuesta definir desde el análisis político previo, en qué momento la sociedad, en tanto y cuanto la democracia no sea verdaderamente eficiente, no se vea seducida por los cantos de sirena que, por ejemplo, llegan desde la política represiva de El Salvador. Otra construcción política debe ser posible, para evitar que los caranchos, tirándose al río, saquen el pescado mayor.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez