En términos políticos, la segunda semana de marzo culmina con la “novedad” de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto del Acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La contundencia de su número (202 a favor, 37 en contra y 13 abstenciones), tiene una historia detrás, que no se remonta exclusivamente al ida y vuelta en la negociación de estos días, sino que tiene su razón de ser en tiempos más largos. Repasemos.
Antes de intentar cualquier explicación sustancial o conjetural debe insistirse en dos datos, si se quieren, obvios. El primero es que, en el tema del tratamiento del proyecto, como diría el entrañable David Lebón, “estamos parados en el medio de la vida”. Todo lo que pueda esgrimirse como argumentos en esta bella mañana de sábado, supone la relatividad de un tema que no ha concluido. El Senado de la Nación, cámara que desde el lunes comenzará su discusión, no sólo tiene otro reglamento para el tratamiento de leyes, sino que, y esto es lo más importante, por su naturaleza compositiva, también tiene otra dinámica política. Marcamos sólo los dos indicadores más evidentes: las proporciones de representación no son idénticas a la de diputados, ni en términos partidarios ni jurisdiccionales, y, además, en muchos casos existe una relación política directa con el gobernador de la provincia de origen que en el caso de los diputados muchas veces no existe más allá de los formalismos.
El segundo dato sobre el que debe insistirse es que "la cuestión FMI” no es un tema nuevo para la coalición gobernante ni para el conjunto de los argentinos. Se supo, desde la mismísima composición del Frente de Todos y, una vez iniciado su gobierno, con la apertura de una instancia de negociación, que el tema debía ser abordado en un sentido o en otro, no apareciendo en el baúl de los recuerdos del oficialismo la idea de un no acuerdo que llevara al país al default. Vale la pena insistir sobre el asunto: la discusión, las tratativas y los vaivenes en la negociación era un tema que formaba parte de la agenda pública porque no estaba resuelto. Ni por asomo.
La madrugada del viernes dejaron la contundencia de los números y también las múltiples interpretaciones (que se extenderán en el tiempo a partir de que el proyecto pueda o no convertirse en ley), sobre quién ganó y quién perdió a partir de lo sucedido. Si la pregunta fuera válida pese a estar a mitad de camino, podría decirse que para la administración de Alberto Fernández la respuesta viene en un doble sentido: en el plano externo podrá mostrar un consenso que nunca viene del todo mal, mientras que en lo interno habrá que trabajar mucho, y en sigilo, para restañar aquellas heridas que puede haber dejado la discusión en diputados ahora, y en senadores desde la semana que se inicia.
Un detalle para la futurología de diván y teniendo en cuenta que el apoyo opositor de Juntos por el Cambio se alcanzó eliminando el “plan” que proponía el gobierno como parte del acuerdo, ya que la oposición dice no compartir sus principales lineamientos que, como todos sabemos, no obliga a reformas estructurales tan caras a los intereses del organismo de des/crédito internacional. Preguntas en formato de digresión y de cara al futuro de mediano plazo en el hipotético caso de un triunfo opositor en 2023: ¿podría darse el caso paradójico que habiendo aceptado el acreedor una renegociación “más leve”, el deudor vaya por más y promueva esa serie de reformas que siempre han desfavorecido al pueblo argentino? Y ante esto, ¿nos enfrentaremos a la situación de repetir lo sucedido con los fondos buitre en el 2016, cuando en la “negociación” de aquel año, el Estado argentino ofreció más de lo que los tenedores de bonos pedían? Quien lo sabe. Lo único y concreto querida lectora, estimado lector, es que ya tiene tarea asignada para los próximos, digamos, dos años.
A lo ya explicado en cuanto a lo que el oficialismo debió ceder, pese a la negativa del mismísimo ministro de economía Martín Guzmán, debe agregarse un contexto donde el sector crítico que representa la agrupación política que conduce Máximo Kirchner, aportó con su silencio antes y durante el tratamiento, lo cual sirvió para no condicionar el desarrollo del tratamiento del proyecto. Junto con ello, la totalidad de los discursos aparecieron medidos, sin grandilocuencias, cuidando las formas con el fin de que nadie sufriera una derrota política: ni quienes tributan en el FDT ni quienes lo hacen en Juntos.
Y aquí debe ampliarse una idea: no solamente el oficialismo necesita el acuerdo y que la Argentina no caiga en default. Juntos por el Cambio en general y el Pro en particular depende de su aprobación para tratar de poner en el pasado su responsabilidad política al tomar una deuda de U$s 57.000 millones que debía ser devuelta a partir del tercer año, con muy poco plazo de pago y en tiempos realmente exiguos. Sería un verdadero despropósito que la fuerza política que generó el problema, mirara para el costado a la hora de tratar de darle una salida mucho más armónica para los intereses del conjunto social.
La forma en que se construyó ese apoyo que se traduce en 202 votos a favor tiene una lógica de la cotidianidad de este marzo, pero también tiene el trasfondo que se proyecta desde el mes de noviembre. “La necesidad tiene cara de hereje” diría mi sabia abuela, y los orígenes del consenso deben buscarse en algo que, aunque parezca obvio, algunos parecen olvidar: el resultado electoral de noviembre de 2021.
En el período preelectoral, en un clima que se suponía favorable al FDT, la gran apuesta residía en que el oficialismo obtuviera tal resultado que pudiera ganar siete diputados más en la cámara, con lo cual alcanzaría el quorum propio y lo que es más importante, quedaba posibilitado de aprobar aquellas leyes que no necesitan de mayorías especiales. El resultado fue determinadamente distinto, configurándose un oficialismo que ha quedado debilitado.
Debe decirse, le pese a quien le pese: si en la sesión iniciada el jueves y finalizada en la madrugada del viernes, el oficialismo hubiera contado con el conjunto de sus legisladores dispuestos a votar a favor, tampoco le habrían dado los números para alcanzar la aprobación del proyecto original. La postura negativa de bloques minoritarios como el Interbloque Federal que, entre otros, integran los socialistas santafesinos y que, en estas circunstancias de votaciones ajustadas, suelen transformarse en estratégicos, completan el cuadro. Es discutible si el proyecto estaba bien apuntalado originalmente, pero lo que no puede negarse es que cualquier tratamiento de ley de la cámara baja y que se proponga desde el propio oficialismo, siempre arranca con números que necesita de otros espacios. Como se ha impuesto en redes de estos tiempos: “datos, no opinión”.
De lo visto hasta aquí, de las justificaciones, fundamentos y críticas surge una pregunta de rigor: ¿tiene sentido emular decisiones políticas del pasado con escenarios que resultan muy pocos coincidentes? Nos explicamos: en el argumento de que el kirchnerismo supo desendeudar al país y que, de la mano de Néstor Kirchner, en 2006 Argentina se sacó de encima al Fondo con un pago histórico de U$s 10.000 millones, subyace el fundamento para no validar lo propuesto por Guzmán o, directamente, para no hacer frente a las obligaciones. Varias salvedades al respecto y que ya hemos señalado desde Fundamentar pero que vale insistir ya que el período 2003 – 2006 nada tiene que ver con el de 2019 – 2022:
1) Argentina no viene de una etapa de recuperación económica. Conocidas son las consecuencias de la pandemia y debe decirse que recién en el segundo año de gestión el país ha podido crecer.
2) El FMI es el de siempre, eso es ferozmente cierto, pero el contexto no. En lo interno, en 2006 se venía de una instancia de negociación previa con el organismo, de un triunfo electoral en 2005, el kirchnerismo se presentaba como una novedad política que renovaba expectativas y la oposición no estaba configurada, ni por asomo, en un solo bloque. En 2022 se viene de una derrota política, Cristina Fernández tiene un techo político que la llevó a ceder lo que parecía ser su candidatura natural, y desde 2015 para acá la derecha que supo aglutinarse en Juntos por el Cambio, no baja del 40% en ninguna elección, independientemente del desastre económico, político y social del período 2015 – 2019.
3) En lo externo, el contexto latinoamericano es diametralmente opuesto, y la pandemia primero y la guerra entre Rusia y Ucrania después, acarrean un tiempo de múltiples limitaciones en términos del intercambio de bienes y energía que tanto condicionan y potencian (paralelamente) a la Argentina.
Podemos aspirar a determinada realidad. Podemos desearla como un tiempo idílico si se quiere. Pero lo que nunca podemos es dejar de tener en cuenta la capacidad de acción política que un dirigente, un espacio o un país puede tener.
A medida que el proyecto de acuerdo avance y de que pueda convertirse en ley a partir de lo que resuelva el Senado, el oficialismo deberá tener la suficiente sabiduría para pasar pantalla, sin pase de facturas y entendiendo, como siempre y como nunca, que todos son necesarios.
Ni los números, ni los tiempos políticos permiten verdades absolutas ni iluminados enamoradizos de cierto pasado que no vuelve. Pese a la calidez en estos arrabales del mundo, noviembre trajo una lluvia fría que el Frente de Todos no esperaba. Los movimientos, acuerdos y consensos de estos días reflejan eso. Tal vez sea hora de entenderlo.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
