Si algún desprevenido, imaginaba que los resultados del proceso electoral 2021, a partir de la paridad que muestra la Cámara de Diputados, podía haber resultado relativamente inocuo en cuanto a sus efectos políticos; se equivocó, como diría mi abuela, de cabo a rabo. En la semana previa a las celebraciones de fin de año, el oficialismo presenció, de manera descarnada y sin ambages, cómo sus adversarios y enemigos hacían fila en la cola del cobro político de lo que trajo, como confirmación, la noche del 14 de noviembre. Repasemos.
Tres hechos marcaron el pulso de la semana, y que tienen directa referencia a lo sucedido en las urnas durante este 2021. Para el gobierno son dos malas y una que no alcanza como buena pero que puede ser calificada de aliciente: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la composición actual del Consejo de la Magistratura (CM), la votación por el presupuesto 2022 y el dato de inflación de noviembre que se conoció a comienzos de semana.
Recordemos que el CM es un órgano creado a partir de la reforma constitucional sancionada en 1994 y que tiene como principal función promover los nombramientos de jueces y ejercer el control sobre su accionar. En su existencia se impone la idea de un equilibrio entre las partes (característica básica de cualquier régimen republicano liberal que se precie) y lo componen jueces, legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, académicos y abogados (que actúan en representación de los Colegios). Originariamente, se conformó con 20 integrantes, a partir de una ley específica ya que la Carta Magna no define el número.
En 2006, a partir de una ley legítimamente sancionada durante la primera etapa del kirchnerismo, y dado su exasperante lentitud de funcionamiento del organismo, se redujo el número a 13 miembros, restando poder al sector de los abogados. A partir del cambio en su composición, ganó en celeridad, amplió la cantidad de jueces nombrados por año, como así también el número de acciones revisadas.
En el caso del fallo judicial, algunos conceptos muestran a las claras el comportamiento corporativo que decidieron hacer prevalecer los cortesanos. La declaración de inconstitucionalidad tiene como principal argumento, la afirmación de que la reducción de integrantes del CM, favorecía al sector político, cosa que en los hechos nunca sucedió ya que, durante estos quince años, siguieron prevaleciendo las miradas ideológico – partidarias, antes que el trabajo de conjunto del sector político.
Pero más allá de los tecnicismos de ocasión, cabe decirse que, en su comportamiento, los jueces no aportaron ninguna novedad a la rutina del fin de 2021: fallaron quince años después sobre una cuestión de fondo que atañe a un organismo fundamental de la institucionalidad argentina (cinco años estuvo la causa en la Corte), generaron una serie de nuevas dudas importantes sobre el funcionamiento que viene, emitieron el fallo a partir de desempolvar un expediente que nadie explicó muy bien por qué se produjo ahora y no hace un año o en el futuro, y le impusieron un plazo de cuatro meses a otro poder, conformado por trescientos treinta y dos personas (es la suma total de senadores y diputados de la Nación), para que sancione una nueva ley a riesgo de que, vencido el plazo, todo lo que actúe el CM sea considerado nulo.
Arbitrariedad en el manejo de los temas a tratar, dudosa y forzada interpretación de una ley que benefició el funcionamiento del organismo e intromisión en los asuntos de otro poder. Los tres aspectos configuran el fallo cortesano conocido este jueves. Que parte de la corporación política celebre la decisión judicial, aceptando la imposición de límites de manera tan claramente expuesta, se parecería y mucho al Síndrome de Estocolmo, donde la víctima de enamora del victimario, pero en realidad, y esto hay que decirlo con todas las letras, ciertas corporaciones se parecen tanto entre sí que cuesta definir los roles en ciertas (o delitos). Para completar el escenario, el fallo se adelantó horas antes desde las páginas del ex gran diario argentino. Toda una definición en sí misma de los tiempos que corren.
Las preguntas se caen de maduro: ¿qué hacer con esta corte, con jueces sospechados en causas que nada tienen que ver con sus fallos judiciales, y que lenta, pero inexorablemente, se desprestigia día a día con decisiones arbitrarias que recuerdan los tiempos del menemato y los comienzos de este siglo, donde algunos de sus integrantes fungían como extorsionadores de guante blanco, antes que como hombres ejemplares en el ejercicio de una muy digna profesión? ¿Corresponde ampliarla como para diluir el poder de los actuales jueces, dividirla en salas que trabajen sobre las distintas especialidades del derecho o, directamente, pasarla a comisión a partir de los casos de corrupción que los salpican? Nadie tiene una respuesta del todo certera, pero dos cosas quedan en claro: que el nombramiento de un/una quinta integrante (para completar su número) no resolvería el problema en el largo plazo y que el oficialismo no tiene los números para imponer determinada voluntad.
Y si hablamos de ese límite, el mismo claramente quedó expuesto con el rechazo al presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. Más allá de las estrategias oficialistas y opositoras, de la diversidad de discursos, de los cuestionamientos legítimos y payasescos; la votación trajo un récord para esta democracia que supimos conseguir: en los 38 años de su existencia, nunca se había rechazado la sanción de la llamada ley de leyes. A lo sumo, como sucedió en 2010 para el presupuesto 2011, la oposición no daba quorum y a otra cosa. En ese escenario, a la larga, pagaba algún costo político. En esta oportunidad, no hizo falta esperar las críticas a su negativa. Corrió riesgos y ganó. Aunque su mezquindad sea el eje central de la decisión tomada.
La no sanción del presupuesto deja a la vista tres efectos insoslayables: el primero refiere a las dudas institucionales. Centenares de obras, pequeñas y de las otras, la ampliación de los subsidios en transporte hacia el interior del país en un 70%, estaban garantizadas a partir del acuerdo con gobernadores e intendentes. Hoy, al devengar el presupuesto 2021 en formato 2022, nadie sabe muy bien qué va a pasar con aquello que iba a estar garantizado, nada y nada menos, que a través de una ley.
La preguntonta del día, la última del año queridos lectores, estimadísimas lectoras que habitan en Rosario: ¿cómo justificará, por ejemplo, Mónica Fein, ex intendenta de la ciudad, dirigente que siempre militó la supuesta discriminación de fondos nacionales para subsidiar el transporte, su negativa a votar un proyecto que garantizaba montos que iban por encima de lo que había sido la inflación en este 2021? No dejo de imaginar la alegría del intendente rosarino. Tarea para el período entre fiestas.
El segundo efecto tiene que ver con la supuesta discrecionalidad que traía el presupuesto 2022. En los hechos, y al rechazarse su aprobación, el oficialismo queda con las manos libres para, una vez devengado el anterior, manejar a su gusto las partidas del próximo período. No deja de ser una interesante paradoja denunciar superpoderes y habilitar con ciertas actitudes políticas, la ampliación y profundización de los mismos.
El tercer aspecto a señalar refiere a la relación con el Fondo Monetario Internacional. No resulta inocuo sentarse en la mesa de negociaciones por la deuda heredada del macrismo con la hoja de ruta que supone contar con un presupuesto aprobado, que no tenerlo. No es definitivo de nada, pero, y esto digámoslo en función de ciertas lógicas neoliberales y conservadoras, “no es una buena señal”.
La gran pregunta aquí es a quien favorece este escenario. La oposición encarnada en Juntos por el Cambio podrá ufanarse de haber aplicado una derrota legislativa al gobierno. Y eso es innegable. Pero a la vez, si esta práctica se consolidara, entra en una zona de riesgo ya que, en el próximo acuerdo con el FMI, que va a llegar inexorablemente, y que va a necesitar de aprobación legislativa, no podrá mirar para el costado ya que es quien generó el problema de un endeudamiento récord no sólo para el caso argentino, sino a nivel mundial, y por lo tanto, debería tener una actitud responsable y a la altura de las circunstancias.
También aquí vale preguntarse qué puede hacer el gobierno. Muchos hombres y mujeres ligados al oficialismo se tientan a imaginar poner en práctica un modelo de gestión ejecutiva que imite el período 2009 – 2011, donde una derrota legislativa de proporciones no resultó óbice para el triunfo posterior de Cristina Fernández de Kirchner.
Puede ser una opción, pero siempre debe tenerse presente que los escenarios políticos no se repiten del mismo modo. En este tiempo, en términos sociales, el núcleo opositor al gobierno resulta mucho más sólido y con la consiguiente traslación al sistema institucional que Juntos por el Cambio supo construir. Pero esa voluntad no se expresa, hoy, de manera homogénea. No son pocas las crónicas de sesión del jueves, que revelan los pormenores que casi llevan a la partición amarilla en diputados.
El gobierno tiene dos elementos a favor, coincidentes, de alguna manera con el escenario 2011: maneja los resortes de poder que supone la administración de la cosa pública y, además, la división opositora no es menor ya que cuenta con varios “pre pre candidatos” en las gateras, que disputan día a día y rato a rato, un lugar bajo el sol de cierta visibilidad pública que los muestre como confiables. Si encuentra el timing de gestión, se dejan de lado egos personales y de aquellos sectores que se ven a sí mismos como la verdad número 21 del peronismo, otro sería el cantar a la hora de saldar, en 2023, la diferencia del 9% en noviembre. Algo perfectamente recuperable en poco menos de dos años.
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Y si hablamos de gestión, no todas fueron malas en esta semana para el oficialismo. El dato de inflación llegó como aliciente. Un 2,5% de inflación mensual no es una buena noticia en sí misma, pero si miramos con atención, veremos que la variación de precios de alimentos estuvo en el 2,1%. Cuando Roberto Feletti asumió en octubre, y propuso el acuerdo de precios de la canasta de alimentos, puso proa a diciembre, con todo lo simbólico que ello representa para el conjunto de los argentinos. No es poco, si vemos que en el mes de su llegada al gobierno la inflación de alimentos era del 2,9%. Es obvio que no alcanza, pero no deja de ser una respuesta interesante para aquellos voceros del libre mercado que veían en la propuesta del Secretario de Comercio Interior poco más que una herejía.
Llegan las celebraciones por el cierre de este 2021. Y en esta oportunidad coinciden en fin de semana, tiempo que nos tomamos para el trabajo de escribir y luego editar la publicación de esta columna en Fundamentar. Editor y analista tienen ganas de celebrar: el año de trabajo, las ganas de haber seguido pese a todo, la fidelidad de unos cuantos lectores y la realidad concreta de hacer lo que nos gusta. Decidimos parar por un par de fines de semana, porque habrá ganas de tomar alguna copa de más y de servirse esa porción extra de aquel plato que nos gusta. Pero, básicamente, tenemos dos enormes deseos: celebrar con los afectos y desearle a cada uno de los que nos acompaña, el mejor tiempo por venir. En este día y cada día. Y como dijo el querido Gustavo Cerati, “mañana, es mejor”. Salud. Hasta 2022.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
