Hasta el viernes 30, la última semana de abril había transcurrido sin grandes estridencias. La pregunta que uno podía realizarse sobre esas horas era si, definitivamente, la “política” había entendido que no hay lugar para los vedetismos de otros tiempos o si, la densidad de la crisis sanitaria es tan profunda, que obliga a levantar el pie del acelerador, aunque a veces no se quiera. Tal vez ambas variables no sean excluyentes y estén íntimamente relacionadas entre sí. Aunque huelga decir que, a partir de las diferencias surgidas al interior del oficialismo con el tema de las tarifas y la supuesta eyección del sub secretario de Energía, Federico Basualdo, la idea de calma política quedó para otros momentos.

En el horizonte semanal que imponía el lunes anterior, existían dos hechos que se esperaban ansiosamente: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del pedido de inconstitucionalidad que formulara la administración de Horacio Rodríguez Larreta sobre la presencialidad escolar y lo que sería el nuevo decreto de necesidad y urgencia que pondría en vigencia el Poder Ejecutivo Nacional.

En el primero de ellos se dio lo que advertíamos en las semanas anteriores en esta columna: los tiempos de la Justicia en general y los cortesanos en particular no saben del día a día de la política como así tampoco de las urgencias que impone una pandemia inédita en un siglo. Por lo tanto, lo que resuelva el máximo tribunal (se supone que sería a partir de la semana que se inicia este lunes) quedará abstracto en lo formal ya que el decreto original se habrá vencido por el paso del tiempo y en lo sustancial tendrá la limitación propia que impone la realidad, ya que, ahora, el demandante (Horacio Rodríguez Larreta) ha decidido establecer restricciones a la presencialidad escolar que, en parte, terminan confirmando que la concurrencia a las escuelas, no resulta inocuo en términos sanitarios.

Más allá de las posiciones de ambos procuradores (Carlos Zannini, del Tesoro y Eduardo Casal, General interino de la Nación, éste último con opinión no vinculante) claramente esperables, lo que decida el grupo de cortesanos comandados por Carlos Rosenkrantz, tendrá una inocultable derivación política. Si la ludopatía del articulista hiciera mella y debiera apostar algún misero café, podríamos arriesgar que lo que conoceremos en los próximos días (¿el martes?) será un nuevo fallo salomónico que deje con elementos de valor para ambas partes. Algo de eso deben intuir (o saber) en la Casa Rosada. Volveremos más adelante sobre el asunto.

En el segundo de los hechos esperables, el presidente Alberto Fernández apostó a un esquema que podría decirse clásico: a comienzos de semana se reunió con el equipo que lo asesora sobre la pandemia, quienes le sugirieron que para tomar cualquier medida esperase un plazo de 72 horas con el fin de observar la evolución semanal de la cuestión sanitaria.

Lo que pudo notarse con el devenir de los días fue una estabilización de la cantidad de contagiados diarios, que nunca llegaron al récord de los 30.000 de la semana anterior, pero que sí contó con la friolera de 561 muertos el día jueves. A partir de allí apareció la discusión sobre si esto confirmaba una tendencia a la baja que podía representar un alivio o simplemente era el resultado de una forma de conteo estadístico. La opinión del gobernador Axel Kicillof puso las cosas en su lugar: nada bueno puede esperarse desde un nivel de contagios tan alto. Aunque el fenómeno se haya amesetado.

La semana presidencial continuó con reuniones en dos tandas con la totalidad de gobernadores y sirvió como elemento de medición del sentir de lo que sucede en las provincias. La preocupación es creciente por razones obvias: en esta segunda ola el virus se viene comportando geográficamente de la misma manera que durante el 2020, teniendo el epicentro en el AMBA a la vez que se irradia en forma de mano al resto del país. Pero hay un detalle no menor: no todas las provincias cuentan con la estructura sanitaria del centro de la Argentina. Por ello hay que limitar al virus aquí y ahora y por eso también, la prudencia discursiva de los gobernadores ha sido una referencia insoslayable de estos días.

El hecho llamativo vino de la mano del discurso presidencial en el anuncio del nuevo DNU. El formato y el horario elegido no dejaron de llamar la atención: con una imagen “más formal” de atril e iluminación televisiva de estudio, el primer mandatario brindó una alocución grabada en la noche anterior y que se difundió poco después de las 9 de la mañana. De esa manera se aseguró la centralidad mediática matinal y evitó la ola de rumores y supuestas primicias que suelen imponerse en la previa de cada discurso presidencial de la era pandémica.

Pero el elemento de real valor refiere al anuncio del proyecto de ley que se presentará ante el Congreso de la Nación a fin de establecer un mecanismo que habilite al presidente y a los gobernadores a tener el amparo legal suficiente para establecer las restricciones que las autoridades ejecutivas crean pertinentes.

Algunos refieren que el proyecto se parecerá al modelo alemán que impone limitantes a la circulación en tanto y en cuanto la cuestión sanitaria llegue a determinados niveles.

No sería la autoridad política la que define “los cierres” por un propio convencimiento, sino que determinados registros numéricos de la pandemia, terminan por definir las restricciones. Pero por ahora poco puede decirse ya que, del proyecto, en términos oficiales, no se conoce una sola línea.

En realidad, desde lo político (y eso es lo que importa verdaderamente en esta columna) lo que busca Fernández es de alguna manera legitimar su accionar de lo realizado con los decretos de necesidad y urgencia de estos últimos 13 meses, pero fundamentalmente, de lo que viene. Acusado de imponer limitaciones desde su sola voluntad (fenómeno no exclusivo de la Argentina) el presidente le “corre vista” a la legislatura para que, a la vez que se autolimita, envía una señal al conjunto del sistema político. Una pregunta de rigor con tarea para el hogar estimados lectores: si el Poder Ejecutivo Nacional se ha extralimitado en su función de imponer restricciones arbitrariamente, ¿cuántos y cuáles son los gobernadores, intendentes, presidentes comunales o jefes de gobierno de cualquiera de los partidos que gobiernan a lo largo y ancho de nuestro territorio, que han establecido leyes u ordenanzas que limitaran su arbitrariedad para la cuestión pandémica? Dejo la tarea por acá.

El escenario está abierto. Porque el proyecto aún no se conoce y porque, a partir de allí, no se sabe muy bien qué pueden opinar las distintas fuerzas políticas, como así tampoco los gobernadores que podrían facilitar la aprobación de parte de legisladores que en muchos casos les responden pero que, a la vez, podrían alcanzar un protagonismo que en esta pandemia han decidido evitar, transfiriéndole el trabajo sucio de las restricciones al propio Alberto Fernández.

Y así llegamos al final del primer cuatrimestre del año. Con la segunda ola plenamente instalada, con un impensado protagonismo de jueces supremos y con un sistema político que, hasta el último viernes, parecía haberse tomado un respiro del griterío sin sentido y de ciertas operaciones de prensa.

El virus modificó rutinas. Alteró nuestra percepción del mundo y finalmente (muchos) descubrimos algo: nuestra finitud y relatividad ante algo que ni siquiera vemos. A veces, uno quisiera creer que la política por fin lo entendió de la misma manera. Aunque ciertas prácticas, en no pocas ocasiones, nos vuelvan más pesimistas.

(*) Analista político de Fundamentar