La semana que pasó debe ser pensada como un momento con saldo a favor del gobierno nacional. Más allá de los gritos (y sus portavoces) del 17 de agosto, y del clima de época que intenta construir un sector de la oposición; la penúltima semana del mes sirvió para mostrar en siete días una somera síntesis de lo que sucede en la política argentina desde hace varios meses. Son tres los temas más importantes por señalar: el día después del 17A, el devenir cotidiano del ámbito judicial (con reforma legislativa incluida) y la decisión ejecutiva de transformar en servicio público internet, la televisión paga y la telefonía móvil. Repasemos.
Un éxito de mentirita. Dijimos hace una semana atrás que la convocatoria del 17A sólo traía como novedad que habían concurrido algunos pocos de miles de personas más que en las anteriores. Sin poner demasiado énfasis en el número, ya que esa variable en política debe ser siempre relativizado con la única excepción de las jornadas electorales, mostrar como exitosa, por ejemplo, una movilización de diez cuadras de autos, con unos pocos de miles de ciudadanos de a pie en el Obelisco en una ciudad como Buenos Aires, que sabe de masividades políticas que se cuentan de a cientos de miles, parece poco. Algo parecido podría de decirse de Rosario o Córdoba, respetando proporcionalidades.
En realidad, el hecho político convocado por algún artista famoso, la corporación mediática y Juntos por el Cambio (de manera oculta) debe ser pensado desde las consecuencias internas que le trajo a ese espacio y cómo lo puede haber afectado al gobierno. En el primer caso es claro que barrer la mugre debajo de la alfombra tiene sus límites. Pese a los intentos de relativizar las diferencias, las mismas quedaron expuestas en la reunión semanal vía zoom de las principales autoridades políticas, donde los reproches cruzados estuvieron a la orden del día. Horacio Rodriguez Larreta que quiere “ser” pero aún no puede, tiene como freno preciso la referencia política de Mauricio Macri que, a la distancia, sigue siendo la figura insoslayable del espacio y que, pese al fracaso de su administración y de la baja de su imagen en las encuestas, cuenta aún con un núcleo duro de confianza que parece haber elegido el corrimiento a uno de los extremos del espectro político.
El otro factor a tener en cuenta es cómo afectó la movilización al gobierno. Además del desgaste del principal frente opositor, las imágenes de muchos de los participantes favorece el “clink, caja” para las huestes de Alberto Fernández: la suma de anticuarentenas, violentos de cotillón (sean diputados o ciudadanos sin responsabilidades institucionales específicas), evasores consumados, antiperonistas furibundos y libertarios lanzadores de huevos a medios de comunicación, no puede menos que redundar en una mirada de rechazo de una sociedad que desde hace tiempo pretende otra forma de comunicación política. Si eran un problema los gritos de Cristina, no parece ser un buen mensaje preguntarse “cuando explota esto” o celebrar que “le hemos mojado la oreja al peronismo”, Ernesto Sanz dixit. Como cantan los muchachos de La Ley, tu rostro que suda es lo que perdura, y en este caso lo que se mantiene es la mirada despectiva de una forma de construcción política.
Con voluntad política, mucho se puede. Algo de eso pareció entender el Senado de la Nación cuando decidió avanzar en la revisión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertozzi, pese a que la semana anterior la jueza en lo contencioso administrativo federal Alejandra Biotti lo había suspendido. En lo que se presentaba como un claro caso de conflicto de poderes, el oficialismo sostuvo que como el fallo no estaba firme, podía seguir con el procedimiento institucional que correspondía. Y a finales de semana se conoció la buena nueva cuando la jueza definió la cuestión de fondo: rechazó el amparo presentado dado que se advierte que el Consejo de la Magistratura ha dictado la Resolución N° 183/20 conforme a atribuciones que le son propias.
Por otro lado, para la semana que se inicia se espera la media sanción en la Cámara Alta y, según dejaron trascender desde Juntos por el Cambio, habría una vigilia política en las calles como rechazo a su aprobación. En el medio, la democracia argentina se pierde lo que tenga para aportar y decir en el proyecto de reforma, ya que esa fuerza política ha pretendido ningunearlo y no dar el debate pertinente. Algún mal pensado podría afirmar que lawfare mediante es muy poco lo que puedan agregar los legisladores de la fuerza amarilla. Pero no es el caso de este analista.
La pelea de fondo se dará en la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa y Máximo Kirchner deberán hacer gala del buen funcionamiento de dos partes esenciales del cuerpo sin artrosis ni rigideces: cintura y muñeca (política). Habrá que ver hasta donde se profundiza el tratamiento en comisiones, cuales podrían ser los nuevos cambios, si se logra el famoso numerito 129 para el quorum, y si finalmente el proyecto se transforma en ley. Pero para eso falta. Y aunque unas pocas semanas parezca un plazo corto para cualquier proyecto legislativo, en nuestra Argentina de hoy, ese tiempo puede resultar una eternidad.
Completa el run run judicial el escándalo de las escuchas ilegales que alcanzan, indudablemente, al propio ex presidente de la nación, hoy representante de la Fifa. No lo dicen aún ni fiscales ni jueces, pero al conocerse la relación de su secretario Darío Nieto con otros funcionarios y agentes de inteligencia a cargo de esos operativos, nadie podría tomar relativamente en serio desde Gustavo Arribas para abajo, alguien respondiera políticamente a éste ignoto ex funcionario. ¿Cuál sería el sentido de vigilar a opositores, aliados, partidarios y periodistas si esa información no era utilizada para el apriete político? Si coincidimos con que la información es poder, queda claro políticamente para qué y quienes actuaban Nieto y compañía.
Guarda que vengo. Y el último viernes culminó con una decisión presidencial que seguramente hará mucho ruido. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 690/20, el Poder Ejecutivo determinó que la telefonía móvil, el uso de Internet y la televisión paga son servicios públicos y que hasta fin de año no habrá ningún aumento que no sea avalado por el propio Estado. Teléfono para Clarín. Conocida es la posición dominante del grupo en los tres sectores a partir de la aprobación de la fusión Telecom – Clarín del año 2018 y que el gobierno de Mauricio Macri supo validar.
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Más allá de los detalles técnicos del instrumento legal que lo sostiene, su sanción viene a poner en debate, otra vez, varias cuestiones centrales del siglo XXI: para quien se gobierna, si para las grandes corporaciones o para la ciudadanía; a qué llamamos servicios públicos, y en qué medida los derechos del consumidor son compatibles con las ganancias de empresas que, no muy lejos del concepto de monopolio, marcan la cancha al conjunto de jugadores. Nada nuevo tratándose de Clarín y sus amigos, voceros, empleados y alcahuetes de ocasión.
Y a la oposición la pone en aprietos: si sale a cuestionar el DNU en un contexto de crisis económica que se proyecta desde hace (al menos) dos años y que la pandemia profundizó (aunque empiezan a aparecer algunas señales positivas en el sector industrial, por ejemplo) para defender “las inversiones” empresariales, quedará expuesta como ariete de los grupos económicos. Si mira para otro lado, esos mismos grupos le recordarán a quienes deben responder. Nada nuevo bajo el sol. Dejamos librado a la opinión de nuestros lectores y lectoras a quien creen que defenderán estos dirigentes.
El discurso engaña, amasan fortunas con la caradura. Los herederos de la libertadora y los jóvenes (y no tanto) que se autodefinen como libertarios no traen ninguna novedad a la política argentina. Tal vez su odio visceral, que siempre estuvo ahí, contenido pero presente, aparezca en un formato diferente, aunque nada rico aportan. La exclusión, el desprecio y la estigmatización del otro es un atributo de sentido en esas estructuras, por ahora, desordenadas. También por el momento, la construcción del “haber” político del gobierno que encabeza Alberto Fernández, es más importante que el “debe”. Más allá de pandemias, marchas y redes sociales.
(*) Analista político de Fundamentar
