La emergencia de la crisis financiera griega ha puesto nuevamente en el centro del debate al rol del Estado como herramienta para hacerle frente a este tipo de procesos. El severo plan de ajuste estructural impuesto por el gobierno de Atenas parece ir a contramano de la experiencia vivida por la Argentina frente a un proceso de crisis similar vivido en el 2001. Entre estos extremos se alienarán las voluntades y las discusiones en los tiempos por venir.
No es simple hablar de economía cuando se hace desde el internacionalismo, por ejemplo. No sólo uno se ve amenazado por las imprecisiones que la misma falta de conceptos puede conllevar, sino que además se ve tentado obligadamente a imprimirle al debate una serie de dimensiones o conceptos de la disciplina propia que tienden a enriquecer el análisis pero a la vez, quizá, complejizarlo.
Ahora bien, a menudo se pierde de vista que el mismo carácter de la Economía como ciencia social nos permite realizar este juego interesante de percepciones acerca de la coyuntura, en este caso internacional. La Economía entonces es concebida aquí, en su sentido más amplio, como aquella que estudia las relaciones sociales vinculadas a los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Esos mismos procesos son los que de forma reciente se vieron fuertemente convulsionados en todo el mundo, fundamentalmente en Europa Occidental y los Estados Unidos.
Como consecuencia de este factor de cambio, el mundo actual enfrenta hace ya algunos meses el dilema de la reconfiguración del sistema financiero internacional en relación a la crisis financiera que tuvo su epicentro más álgido durante el pasado año, en los países más desarrollados de Occidente, la cual aún hoy hace sentir sus efectos.
En adición a lo dicho, hay dos hechos internacionales de carácter muy reciente que han reflotado el debate sobre la función del Estado-Nación en los procesos de crisis económica y, en consecuencia, social. Por un lado, nos referimos a la angustiosa crisis de Grecia, que muchos hoy se animan a comparar con la afrontada por Argentina en el año 2001. Por otro lado, me refiero al resultado de las elecciones en Gran Bretaña días atrás, la cual le ha dado la victoria sin mayoría a David Cameron, del partido conservador. De confirmarse su candidatura, que por estas horas está en plena negociación con el partido que en segundo lugar más votos obtuvo (el partido Liberal-Demócrata), cabe preguntarse cómo afrontará esta crisis y qué medidas tomará, dada la histórica tendencia de los “Tories” a la aplicación de medidas como las del gobierno de Margaret Tatcher en los años ochenta y vinculadas al ajuste fiscal y una fuerte disminución del gasto público.
Pese a esta tradición en el manejo de la economía de los conservadores, por estos días la sociedad británica se ha visto contagiada por una gran dosis de esperanza directamente relacionada con este candidato que parece haberse llamado a la difícil tarea de “transformar” la sociedad británica de la mano de una mayor cercanía a las necesidades del pueblo, lo cual lo diferencia de otros actores políticos del conservadurismo de antaño.
Retomando la cuestión de la llamada “crisis financiera internacional”, podemos decir que el proceso iniciado hace ya más de un año, ha puesto sobre el tapete la discusión acerca del futuro del actual orden financiero internacional y algunos de los principales ejes rectores del mismo desde al menos la década de los ochenta. Se ha vuelto a discutir, en consecuencia, sobre el rol del Estado en épocas de crisis y sobre la pertinencia de medidas de ajuste estructural (lo que comúnmente se denominan “las recetas del FMI”) durante este tipo de períodos.
Asimismo, la situación actual ha puesto en evidencia la necesidad de que el Estado cuente con herramientas y políticas económicas que le permitan actuar frente a este tipo de crisis, en consideración de una minimización de los efectos negativos sobre el bienestar de la sociedad; es decir, la actual crisis demuestra una vez más, con casos como el de Grecia por ejemplo, la importancia de un Estado capaz de encontrar alternativas a planes que impliquen cambiar la economía del país a cambio de más préstamos y en detrimento de los intereses de su pueblo.
Pese a que experiencias como la nuestra demostraron que resulta ser mucho más efectivo que el Estado sostenga y, en la medida de lo posible, incremente el gasto público para reducir los efectos de las crisis, muchos países aún hoy siguen privilegiando este tipo de medidas incluso pese a que se ha demostrado su rol negativo en el largo plazo. Grecia es un ejemplo de ello: días atrás se anunciaron una serie de medidas destinadas a paliar la crisis. El núcleo principal de las mismas no fue otra cosa que un paquete de recortes y ajustes fiscales, sugerencia impuesta tanto por el FMI como por la Unión Europea - dos organizaciones de las cuales el país forma parte - a cambio de un mega salvataje económico.
El plan de ajuste aprobado por el Legislativo griego fue ideado para evitar la cesación de pagos, sin embargo produjo una fuerte caída en los mercados internacionales y una ola de protesta y violencia social en aquel país, sin precedentes en los últimos años. El mismo se propone ahorrar treinta mil millones de euros de aquí al año próximo inclusive, mediante la no muy feliz idea de incrementar impuestos, por un lado, y gravando en forma especial los bienes de lujo, por otro. Con respecto a la jubilación, se eleva la edad de las mujeres para el retiro, subiendo desde los actuales 60 años a los 65. Como si todo esto resultara poco, una norma legal que prohíbe el despido superior al 2% de la planta de trabajadores de las empresas será derogada, al tiempo que se reducirán los montos correspondientes a las indemnizaciones. Una receta “mágica” destinada a encender en llamas un país que agonizaba en las postrimerías de la estabilidad social, como nos mostraron los recientes hechos.
El plan de ajuste griego, que incluye el recorte de aguinaldos de funcionarios públicos y jubilados, congelamiento de salarios hasta el año 2013 en el sector público y una mayor flexibilización laboral para el sector privado - una serie de medidas que en épocas de crisis han fracasado en casi todos los casos aplicados - provocó violentas protestas en varias ciudades dejando un saldo de tres muertos, tras el incendio de un banco provocado por la ira de los manifestantes. Gran parte de este panorama quizá nos retrotraerá a la situación vivida por Argentina a comienzos de esta década; pero incluso para el caso argentino la voz popular habla de que era algo que “podría llegar a ocurrir”. Grecia por el contrario, ha desconcertado a todo el mundo. Pese a esta sorpresa, podemos afirmar que la economía griega venía dando señales hacía años, las cuales fueron sistemáticamente ignoradas tanto en el plano del gobierno nacional griego como en el marco de la Unión Europea. No en vano ahora muchos hablan de que “la crisis griega fue menospreciada”.
En el año 2002 el país tomó la trascendental decisión de sumarse a la Eurozona y abandonar su moneda nacional, la dracma griega. Desde entonces, su competitividad se vio diezmada dada la desventaja relativa de su economía en relación a los demás países bajo este signo monetario. Asimismo, la constante apreciación del Euro arruinó su principal actividad económica, el turismo, ya que el encarecimiento de la actividad de la mano de la nueva moneda hizo más baratos los destinos africanos, por ejemplo.
La crisis social desatada evidenció la necesidad de una coordinación más estrecha de las políticas económicas en la Eurozona, para garantizar que en el futuro haya una vigilancia más amplia y severa de la competitividad de los diferentes países, antes de ser incorporados a la misma o en pos de paliar los efectos negativos. En adición, manifestó la falta de transparencia de gobiernos como el helénico, dado que algunas de las principales causas de la crisis fueron: el gasto desmedido; el escaso rigor en el manejo de las cuentas públicas; la defraudación fiscal; pero sobre todo, el ocultamiento fiscal y la falsa información sobre las cuentas públicas en los últimos diez años, para lograr el ingreso griego a la Unión Monetaria Europea.
No conforme esto, ahora merodea el temido fantasma del efecto contagio en otros países de Europa. Se ha reflotado la denominación de PIGS - Portugal, Irlanda, Grecia y España, aunque la “I” podría resultar ser un comodín tanto para la situación de Irlanda como de Italia – que se creó hace al menos veinte años para denominar a un grupo de economías débiles y deficitarias europeas. Una vez más, dichas situaciones se repiten, con niveles históricos de desocupación – sobre todo en el caso español - economías deficitarias y estancadas y ascendentes brechas y demandas sociales – sobre todo en el caso italiano y ahora el griego.
Las recetas del FMI han sido duramente rechazadas en los últimos años en regiones como la nuestra. Aún así, han encontrado recepción en destinos más lejanos como Grecia, una vez más no como resultado de una política estatal seria y racional, sino como fruto de presiones destinadas a condicionar la salida de una crisis nacional, a cambio de un salvataje financiero.
Asimismo, la aplicación de la “receta griega” ha puesto bajo la lupa la solidaridad europea, debido sobre todo a la demora de Alemania para afrontar la decisión del envío de ayuda. Los condicionamientos impuestos para efectivizar la misma fueron hechos sin miramientos, dejando de lado no sólo los intereses y necesidades del pueblo griego sino también de las bases de su propio gobierno, el gobierno socialista de Karolos Papulias, quien hoy se ve en la difícil tarea de afrontar las consecuencias de malas decisiones de gobiernos pasados y un fuerte constreñimiento en el diseño de la agenda nacional marcado por la coyuntura.
Hoy toda Europa se enfrenta a un planteo que no pensó hacerse hace años atrás, el del rol del Estado y las medidas a tomar para afrontar crisis sistémicas e internas como las actuales. El futuro gobernante británico se encontrará en la misma situación y deberá ver en qué medida el camino del ajuste a cualquier precio puede ser sorteado en un contexto de crisis, cómo se sostiene el empleo, se reduce el gasto, cómo se afronta la caída de las variables económicas y financieras y, aún más importante, quién pagará el costo más alto con las decisiones del gobierno, si es que alguien lo debe hacer. En el caso de Grecia, el costo ha sido afrontado por el pueblo griego, en el caso de nuestro país fueron los argentinos durante años, en el caso de los británicos, todo está por verse. Dependerá de cuán vinculado pueda y quiera estar el Estado a todos los cambios venideros para afrontar la presente crisis y a la vez velar por el bienestar de su pueblo.
(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal
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