El tema de los derechos humanos ha sido una de las deudas más fuertes dejada por Lula. Ahora la nueva presidenta, Dilma Rousseff tendrá en sus manos dar o no una respuesta a casi cuarenta años de silencio respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura de Brasil

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Dilma Rousseff enfrenta un gran reto por delante, el cual luego de la euforia del comienzo de su flamante gestión podría llegar a resonar con más fuerza en los rincones de la sociedad brasileña en los tiempos venideros. Hablamos de la posición que los derechos humanos ocuparán como tema de agenda en relación al juicio y encarcelamiento de aquellos militares que participaron en la amenaza, tortura y desaparición de ciudadanos brasileños entre las décadas de 1960 y 1980.

La imagen de la primera mandataria brasileña y ex guerrillera pasando revista al Ejército la tarde de su toma de posesión quizás fue vista por muchos como un símbolo de diálogo, sin embargo de ella se espera una posición más dura que apoye la conformación de una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer no sólo qué delitos se cometieron, sino también quiénes estuvieron involucrados.

En contraposición a este anhelo, hace tiempo algunos grupos de poder en Brasil se oponen a dicha formación y plantean un discurso de no memoria para que Brasil "pueda seguir adelante". Más allá de estas opiniones encontradas, el verdadero desafío para el gobierno de Dilma será conciliar las posiciones enfrentadas en torno al tema que han surgido en el seno de su propio gabinete. Días atrás, el Ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, General José Elito de Carvalho Siqueira, afirmó en los medios que no es "ninguna vergüenza la desaparición de presos políticos durante la dictadura militar". Más tarde debió excusarse públicamente por los dichos y adjudicó las críticas hacia sus palabras a la mala interpretación que los medios le dieron al asunto.

En medio de esta polémica, muchos analistas se aventuran a afirmar que esta deuda que el nuevo gobierno heredó de Lula Da Silva traerá serios inconvenientes de gobernabilidad. No obstante, el gobierno de Lula finalizó con el 87% de imagen favorable no habiéndose opacado sus logros debido a los escasos avances respecto a esta cuestión.

Podríamos pensar que este tema no ha sido tratado con profundidad porque reviste escasa importancia, pero no es así. La demanda de esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables se ha revigorizado en los últimos meses. Sin embargo, durante muchos años no fue un tema de prioridad en la agenda del país con uno de los niveles de inequidad social más importantes en el mundo y con problemas colindantes que ocuparon un fuerte lugar en la agenda de gobierno, como la pobreza, la violencia en las favelas, los clivajes económicos a consecuencia de la crisis financiera internacional, por mencionar los más relevantes.

No obstante, algunos consideran que Lula deja un gobierno exitoso por un lado, pero con esa herencia un tanto incómoda, al sostener a un Ministro de Defensa como Nelson Jobim visto como un funcionario sumiso a los cuarteles y débil frente a los sectores más conservadores de la sociedad brasileña como la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación con quienes Lula había entablado un enfrentamiento abierto en los últimos meses de su gestión.

Mientras Dilma hizo su ingreso a Planalto con la promesa de luchar porque se descubra la verdad, se castigue a los culpables y se haga justicia, su gabinete resguarda a uno de los principales defensores de la Amnistía de 1979, es decir Jobim. La Ley de Amnistía es el nombre popular de la Ley n° 6683 promulgada por João Batista Figueiredo el 28 de agosto de 1979, aún durante la dictadura militar y según la cual se concedió indulto a todos aquellos que en el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979 cometieron crímenes políticos o conexos con estos. Unas 475 personas murieron durante la dictadura brasileña, pero nunca se juzgó a los responsables de esos crímenes, amparados por dicha ley.

Si uno se aventurara a pensar que este es un tema que ha sido implantado en la agenda mediática reciente para perjudicar o entorpecer los primeros pasos de esta gestión caería en un error. Por el contrario, el tema de los derechos humanos y el reclamo de justicia por los crímenes cometidos por los gobiernos de las dictaduras de Brasil es de larga data y su discusión se ha caracterizado siempre por la extrema cautela que a veces aparenta apatía tanto política como civil. Hay quienes hablan hasta de de temor a la hora de afrontar este tipo de cuestiones.

De cara a lo dicho hasta aquí, por un lado se observa la necesidad de parte del nuevo gobierno de dar respuesta a los reclamos de justicia que han ido creciendo y que no sólo lo hacen en el plano interno sino también en el regional en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA considera, tal como ha manifestado recientemente, que la Ley de Amnistía no puede impedir la averiguación y las sanciones a esas violaciones de Derechos Humanos ya que carecen de efecto jurídico debido a que son incompatibles con la Convención de la propia organización regional.

De la administración Rousseff se espera la declaración de inconstitucionalidad de la ley la cual no llegó durante el gobierno de Lula pese a los esfuerzos del Ministro de Justicia, Tarso Genro, y del Secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, debido a la falta de decisión política y la incomodidad que la discusión de este tema plantea en la sociedad civil y política brasileña. Al respecto, la nueva Secretaria de Derechos Humanos, María Do Rosario, ha exigido al Congreso en las horas recientes que establezca definitivamente una Comisión de la Verdad como primer gran paso.

Por otra parte, la "cuestión de los derechos humanos" y la discusión sobre el pasado, sobre la dictadura y sus muertos, pone de manifiesto la necesidad de un cambio social que acompañe esta demanda de justicia. La escasa repercusión que tuvo por años el no trato de este asunto en la sociedad brasileña quizá nos lleve a recordar ese interesante ensayo de Guillermo O'Donnell sobre sociabilidad y política en Argentina y Brasil, "A mí qué mierda me importa", donde el autor analizaba la cultura política argentina y brasileña, donde habla de una sociedad brasileña con una violencia más internalizada y por tanto más naturalizada. O'Donnell habla además de una sociedad más autoritaria donde las clases dominadas son menos clases, y donde la violencia que garantiza ese orden está mucho más "normalizada".

Usted se aventurará a decir también "y a mí qué mierda me importa" y lo cierto es que traigo a colación este ensayo porque hace un recorrido histórico por la sociabilidad y la política de Brasil que explican en cierto modo el acatamiento paciente de la "no justicia" en relación a los crímenes de lesa humanidad durante los gobiernos militares. La segunda tarea que le resta a Brasil entonces es la reeducación en la demanda de justicia.

En tanto, mientras Dilma ha hecho publico que su primera visita oficial será a la Argentina, es probable que el tema se cuele en las agendas no-oficiales, quizá no ahora sino en el mediano o largo plazo, dada la importancia que la defensa de los Derechos Humanos ha ocupado en la política interna y externa de los últimos dos gobiernos argentinos. Por otro lado, si Brasil intentará continuar con un perfil internacional alto y la búsqueda de capital político en la arena internacional, la comunidad estará expectante de la respuesta que se de a este desafío y de la consecución de las intenciones esbozadas por la flamante presidenta de Brasil.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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