Las tragedias desatadas por accidentes de tránsito con vícitmas fatales o las producidas tras episodios como los de Cromañón o los derrumes en Buenos Aires muestran, al menos, dos aristas que merecen reflexionarse en profundidad para encontrar respuestas de fondo a la necesaria pregunta de por qué pasa lo que pasa. Por un lado, la irresponsabilidad individual que lleva al incumplimiento de las normas. Por otro lado, la incapacidad del Estado para hacer cumplir la normativa vigente

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Fueron 194 los muertos por el incendio en República Cromañón. Doce muertos provocaron el choque del ómnibus que transportaba a los alumnos de la escuela Ecos a la ciudad de Buenos Aires en las proximidades de Margarita, norte de Santa Fe, con un camión de carga. Fueron tres los muertos en el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza. Otras dos víctimas fatales hubo tras el derrumbe del entrepiso del boliche en Palermo. Son catorce las muertes en el reciente choque en Villa Ocampo. Las muertes inocentes –en todos los casos– despiertan reacciones inmediatas. La opinión pública se sensibiliza. El periodismo sale a la búsqueda de culpables y la dirigencia política intenta desligarse de responsabilidades.

Mientras tanto, poco se profundiza sobre lo que hay detrás de las muertes. Todos estos hechos lamentables muestran, al menos, dos aristas que merecen reflexionarse en profundidad para encontrar respuestas de fondo a la necesaria pregunta de por qué pasa lo que pasa. Por un lado, la irresponsabilidad individual que lleva al incumplimiento de las normas. Por otro lado, la incapacidad del Estado para hacer cumplir la normativa vigente.

Ambas dimensiones son imprescindibles de abordar. En Cromañón alguien encendió la bengala y alguien dejó entrar al boliche más gente de la debida. En Margarita, un camionero ebrio generó el choque con el ómnibus que causó la muerte de 9 alumnos, una docente, el mismísimo conductor del camión y su acompañante. En Villa Urquiza hubo –aparentemente– un profesional que realizó las excavaciones en forma incorrecta. En el boliche de Palermo, hubo personas de más en el entrepiso. Y en Villa Ocampo aparece una combinación explosiva de un camión sin las luces necesarias, conductores sin las licencias correspondientes y vehículos de transporte sin habilitación.

No hay responsabilidad política e institucional que pueda suplantar la responsabilidad individual de las personas que desencadenaron los terribles acontecimientos. Y en un intento –muchas veces facilista– de encontrar culpables con más "marketing" se suelen disimular las responsabilidades individuales en búsqueda de culpables políticos. Pero si existe un común denominador en estas tragedias es la existencia de una transgresión voluntaria de una norma que desencadena los hechos. El que prendió la bengala en Cromañón, el que permitió que entre más gente de la que correspondía, el camionero que tomó de más en Margarita, el ingeniero que avanzó demasiado rápido en la demolición del edificio lindero al gimnasio, los que saltaron en el entrepiso de Palermo y los conductores que salieron a la ruta 11 sin los requisitos mínimos no fueron obligados a hacer lo que hicieron. Transgredieron las normas por voluntad propia, probablemente, como tantas otras veces. Pero esa vez tuvieron consecuencias fatales.

Ahora bien, detrás de la irresponsabilidad individual hay un Estado con enormes dificultades para ejercer el poder de policía, para hacer cumplir la ley y las normas. Alguien debe controlar cuánta gente ingresa a un boliche, alguien debe controlar en qué condiciones los vehículos y sus conductores salen a la ruta, alguien monitorea el plazo y las condiciones en que se realiza una demolición. Todas estas actividades están reguladas por el Estado, no hay vacíos legales o lagunas normativas. Hay alguien que transgrede una norma y hay alguien que no controla que se cumpla.

Ambos componentes merecen analizarse haciendo la clásica distinción entre la foto y la película. La foto revela tragedia, dolor, búsqueda de justicia, intentos por hallar culpables y responsables, cueste lo que cueste. Pero la película muestra otras cosas: devela una constante actitud ciudadana por transgredir las normas, por evitar el cumplimiento de la ley, por jugar más allá de los límites del reglamento. Y deja expuesto a un Estado que, en sus distintos niveles, arrastra años de raquitismo y/o complicidad en su capacidad de ejercer el poder de policía en pos de garantizar que las normas se conozcan y se cumplan.

¿Por qué cuesta tanto que los ciudadanos cumplamos las normas? ¿Por qué el Estado no puede garantizar su debido cumplimiento? Estas son las dos preguntas de fondo que tenemos que tratar de responder si deseamos sinceramente que hechos como estos no vuelvan a repetirse.

Antes de escribir estas líneas, pude observar que un ómnibus que se trasladaba el pasado domingo de España a Polonia por una de las principales autopistas alemanas en los alrededores de Berlín terminó estrellándose contra una columna causando 13 muertos y 30 heridos, 15 de ellos de gravedad. Nadie puede dudar de la calidad de las rutas alemanas. Pero indagando sobre el hecho, la policía atribuía el accidente al incumplimiento del chofer respecto a las pausas prescriptivas que tienen que realizar en viajes de larga duración. Estamos lejos de ser Alemania en lo concerniente a infraestructura vial, pero la similitud de las tragedias nos hace pensar que hay algo más de fondo sobre lo que habría que profundizar.

Tratar de salir a la caza de culpables luego de tan trágicos acontecimientos puede servir de bálsamo temporal para tranquilizar a la opinión pública, pero no solucionará las cuestiones de fondo. En tiempos donde tantos reclaman acuerdos al estilo de La Moncloa, quizás haya que empezar de abajo, tratando de recrear –si en algún momento existió– la necesaria conciencia ciudadana en el cumplimiento de las reglas y de las capacidades estatales para monitorear, controlar y castigar las transgresiones de las normas vigentes. Es en ese pacto mínimo de convivencia social donde se juega uno de los aspectos esenciales de la vida democrática: el punto de encuentro entre la realización individual y el destino colectivo.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Director Ejecutivo de la Fundación para Integración Federal sede Rosario.

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