El Gobierno boliviano retirará las concesiones de explotación minera del cerro Mallku Khota adjudicadas a la empresa canadiense South American Silver

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El Estado boliviano retirará las concesiones mineras adjudicadas a la empresa canadiense South American Silver para la explotación de los yacimientos argentíferos, de indio y galio del cerro Mallku Khota, según se ha acordado entre las autoridades gubernamentales y las comunidades originarias del norte de Potosí.

Alcanzado el acuerdo, las comunidades locales accedieron a liberar a dos ingenieros de la empresa minera canadiense y a un efectivo policial que habían retenido durante varios días con el fin de presionar al Gobierno a escuchar sus demandas de romper el contrato con South American Silver.

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, ha explicado que el presidente Evo Morales está predispuesto a revertir las concesiones mineras pero que el decreto va a demorar algunos días debido al proceso jurídico y técnico que debe ponerse en marcha para ese objetivo.

"Nacionalizar es nuestra obligación", declaró el propio Morales en la ciudad de Colomi, en el departamento de Cochabamba (centro), a penas a unos kilómetros del yacimiento minero en cuestión.

El acuerdo, suscrito la tarde del domingo, ha dado fin a una semana de violentos incidentes en los alrededores de Sacaca y Charcas, norte de Potosí, donde se encuentra el cerro Mallku Khota. Los originarios retuvieron a los dos ingenieros y más tarde a otros cuatro empleados de una subsidiaria de la South American Silver que lograron escapar aprovechando un descuido cuando, aparentemente, se estaba produciendo un enfrentamiento con la policía, que se había desplazado hasta el lugar con el fin de liberar a los rehenes.

En las operaciones de rescate se produjo la muerte de un indígena de 45 años en circunstancias aún no aclaradas. Los dirigentes han denunciado que el deceso fue a causa de una herida de bala en la cabeza, según indica el informe del médico forense de la localidad. El Gobierno ha desmentido esta información y ha señalado que pudo haber sido una carga de dinamita que el fallecido manipulaba para lanzarla contra la Policía. Las autoridades advirtieron que no existe un informe de médico forense pues la familia no permitió que se examinara el cuerpo.

El cerro de la discordia

Mallku Khota está considerado como uno de los más grandes yacimientos no explotados de plata —con reservas calculadas en 230 millones de onzas—, y al menos unas 2.000 toneladas de indio, además de galio y oro.

El Gobierno del presidente Morales suscribió en 2006 el convenio de exploración con la South American Silver, pero no se realizó la consulta que reclaman los vecinos de la Tierra Comunitaria de Origen Ayllu Sullk’a Jilaticani, una propiedad colectiva, que ven amenazado el futuro de las cinco lagunas que proveen de agua para el consumo humano y animal además del riego agrícola.

Las autoridades originarias solicitaron, con mayor fuerza desde 2009, la conclusión de los trabajos de exploración de la canadiense, sin mayor éxito. En mayo pasado, la empresa anunció el inicio de las operaciones mineras a cielo abierto, de acuerdo al informe elaborado por la investigadora Zulema Alanes, con una inversión de 16 millones de dólares. Las comunidades asentadas en las cercanías de dos de los cinco lagos tendrían que desplazarse a otros predios, según el proyecto de explotación a cielo abierto con el uso de alta tecnología.

El Consejo Nacional de Mallkus del Qollasuyu (Conamaq) denunció que las operaciones mineras a cielo abierto tiene el “riesgo de hacer desaparecer cuatro lagunas que existen en el lugar y que alimentan a seis subcuencas y a más de 47 comunidades” e informó que la intervención de la Policía tenía como objetivo la detención de las autoridades originarias que defienden el agua de la comunidad. Poco después se detuvo al curaca mayor de Sacaca, Cancio Rojas, que fue acusado de secuestro e intento de asesinato de dos policías, capturados en el enfrentamiento registrado en mayo. Uno de los uniformados, cuya versión fue cuestionada por algunos de sus familiares, acusó a Rojas de torturas físicas y psicológicas.

El Gobierno se niega a liberar a Rojas, pese a las insistentes peticiones de los vecinos, por considerar que se le procesa por delitos contra miembros de la Policía boliviana.

La firma canadiense señala en su portal en Internet que calcula a partir del quinto año un ingreso de 430 millones de dólares aunque reconoce que las inversiones serán recuperadas en poco menos de 18 meses.

Como otras empresas mineras extranjeras que operan en Bolivia, la canadiense ha ofrecido a las comunidades originarias afectadas un programa de becas, mejoramiento de la infraestructura escolar, apoyo a iniciativas de salud, capacitación laboral para incorporar a los originarios en trabajos mineros, promoción de las actividades culturales y un programa de apoyo veterinario para el ganado ovino, entre otros.

COMPILACIÓN Y EDICIÓN: Agustina Lovera

FUENTE: El País