El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder simboliza el fracaso de la transición democrática llevada a cabo por el Partido Acción Nacional (PAN) en los últimos doce años. México es hoy un país sumido en el terror, en el que predomina la criminalidad organizada, en connivencia con el Estado. Un grupo de jóvenes se rebela, pero el desafío es inconmensurable.
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Bajo la cúpula imponente del Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, cerca de 50 ciber-rebeldes del grupo "Yo Soy 132" montaron su campamento en torno a una redacción de campaña donde unas cuantas laptops disparan mensajes incitando a la desobediencia cívica y a desconocer el "gobierno fraudulento de Enrique Peña Nieto", del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien el 1 de diciembre asumirá la Presidencia de la República.
Bajita, mirada vivaz, piercing, Sol Gutiérrez fue escogida por sus compañeros para responder las preguntas de el Dipló. Pero antes de que se le formule la primera, se anticipa, deja el plato de sopa y la tortilla a medio terminar y se presenta: "'Yo Soy 132' es un colectivo nacido de la rabia; si España y Nueva York tienen sus indignados, los indignados de México somos nosotros. Estamos hasta la madre de esta falsa democracia que nos vende Televisa", el mayor multimedios local.
El relato de Sol se hace inaudible cuando desde los parlantes apoyados sobre una columna del Monumento irrumpe estruendosamente Mercedes Sosa cantando "me gustan los estudiantes" seguida por Cosme, el vocalista de Café Tacuba, aullando "Ingraaaata... no me digas que me quieres, que me adorassssss". Predomina aquí el eclecticismo musical afinado con una dosis de heterogeneidad ideológica.
"Si me pides una definición de 'Yo Soy 132' no la tengo enterita, dentro de él cabemos socialistas, marxistas, reformistas, habemos estudiantes de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México, pública] con compañeros de las privadas, que antes ni se acercaban a una manta [pasacalles]. Somos lo nuevo que viene a romper el sistema, el ya basta a la política de los eternos brujos. Decimos 'Ya basta de [ex presidente Carlos] Salinas de Gortari, y los narcopolíticos del PRI y del PAN [Partido Acción Nacional]'", proclama Carlos Britto, uno de los referentes del movimiento que probablemente más incomoda al futuro presidente.
"Aprendimos de las luchas del 68, los zapatistas del 94, hoy los jóvenes ya no se desencantan con la política. De un lado estamos nosotros, del lado de enfrente, el PRI, el PAN, Televisa y el narco; la antipolítica son ellos." "Antes Televisa era un brazo auxiliar del PRI, cuando Salinas de Gortari le pedía que se tapara el fraude con que ganó [en 1988] ellos cumplían. Ahorita con Peña Nieto se invirtió la situación, el PRI se conduce como un lugarteniente de Televisa".
Pero ni las acciones comando de "Yo Soy 132", como el cerco a los estudios de las cadenas televisivas o el bloqueo de las cabinas del cobro de peaje, ni las protestas encabezadas por el líder centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asegura haber sido víctima de otro fraude en los comicios del pasado 1 de julio (el anterior fue en las presidenciales de 2006) fueron suficientes para impedir que Peña Nieto sea declarado mandatario electo el 31 de agosto por la Justicia Electoral en una sentencia construida sobre argumentos risibles.
Es cierto que algunas de las denuncias presentadas por López Obrador –el líder político con mayor capacidad de convocatoria del país pese al boicot mediático del que es víctima– ante el tribunal son de difícil constatación, como las presuntas componendas millonarias entre el PRI, Televisa y las encuestadoras, pero no es menos verdadero que México es el único de los grandes países de la región donde las anomalías electorales son la regla y no la excepción. Tres de los últimos cinco presidentes (Salinas en 1988, Felipe Calderón en 2006 y Peña Nieto en 2012) llegaron a la residencia gubernamental de Los Pinos sospechados de fraude, dato que remite a una institucionalidad fallida resultante de una democracia ahuecada por gobernantes populistas de derecha (PRI) o conservadores de libro (PAN), casi todos ellos venales.
Tal vez sea debido a este déficit democrático, agravado por la militarización del aparato estatal y una clase política viciada en corrupción y "narcosobornos", que México marcha a contramano de América Latina, o cuanto menos al margen de ese aluvión transformador encarnado en los líderes que, con distinta dosis de participación popular, progresismo y nacionalismo, gobiernan en Brasil, Argentina y Venezuela.
Transición regresiva
El año 2006, marcado por la polarización entre Calderón, del PAN, y López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también es recordado como un año signado por las matanzas exhibicionistas orquestadas por los cada vez más adinerados y mejor armados traficantes mexicanos en lo que pareció ser un mensaje para que los candidatos supieran lo que les esperaba si eran electos para el sexenio 2006-2012. A su modo, los narcos comenzaban a hacer política.
En una entrevista realizada en ese entonces con Sergio Rodríguez Lazcano, integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), éste renegó del "reformista" López Obrador (síntomas de las divisiones que flagelan a la izquierda) , denunció el "robo electoral de Calderón" y presagió que "tarde o temprano la población se rebelará contra el PAN". También manifestó su preocupación ante el infierno de sangre y recomendó analizar con cuidado las causas de la violencia, "que las balaceras, por mayores que sean, no te nublen la comprensión" del entramado político subyacente. Los hechos demostrarían que el vocero zapatista estaba en lo cierto.
La brutalidad de las gavillas habría de convertirse en asunto dominante durante los primeros meses del gobierno de Calderón (asumió en diciembre de 2006), quien, acechado por evidencias rotundas de fraude en perjuicio de su rival López Obrador, militarizó la represión de la delincuencia y se proclamó, implícitamente, salvador de la patria. Las imágenes de fosas comunes diseminadas en el desierto o cadáveres irreconocibles por efecto del ácido contaminaron el relato de los noticieros causando espanto en los telespectadores e induciéndolos a demandar que las autoridades garantizaran la seguridad a cualquier precio. Y eso fue lo que ocurrió.
De buenas a primeras, Calderón declaró la "guerra al crimen organizado", erigió a los militares en actores políticos –derribando un patrimonio que hizo de México una isla de poder civil en los años 1970, cuando las dictaduras asolaban la región– y licuó las garantías democráticas conquistadas a cuentagotas durante la transición inconclusa del PRI al PAN. Como corolario, firmó la Iniciativa Mérida con Estados Unidos, algo bastante parecido a la cesión unilateral de la soberanía política, toda vez que libró carta blanca a Washington para interferir en asuntos internos mexicanos bajo la excusa de librar una lucha sin fronteras contra los transgresores de la ley.
En un notable ensayo sobre la "economía política de la guerra", el investigador Edur Velazco Arregui retomó, con rigor científico y harta documentación, la tesis formulada por el vocero zapatista en 2006 sobre el carácter político de la militarización. La contienda deja un "balance trágico [...] unas 100.000 personas habrán perdido sus vidas a lo largo del sexenio en ejecuciones, enfrentamientos y desapariciones y otras 2 millones habrán abandonado sus lugares de residencia intimidadas por grupos armados irregulares o regulares".
Y pese al tamaño de la tragedia derivada del conflicto, los señores de la droga, lejos de haber desaparecido, cuentan actualmente con más poder económico e influencia política que hace seis años, y su presencia territorial, antes acotada a la frontera norte, se ha diseminado por varios estados hasta golpear las puertas de Ciudad de México.
Paralelamente, la guerra no convencional fue delineando una geografía política caracterizada por la existencia de zonas donde impera un poder paralelo. Así, en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Sinaloa existen vastas zonas sometidas a la tiranía de los carteles de Sinaloa, Los Zetas, El Golfo, La Familia y otros. Son territorios donde las autoridades estatales desertaron de sus responsabilidades o directamente están a las órdenes de la mafia.
A esta degradación democrática causada por grupos situados al margen de la ley se suma el acotamiento de las garantías previstas en el Estado de Derecho a través de modificaciones al sistema jurídico para adecuarlo a un régimen de excepción. Ése es el caso de la reforma del artículo 21 de la Constitución, impulsada por Calderón, que dotó a las Fuerzas Armadas de atribuciones especiales con el declarado objetivo de tornar más eficaz el enfrentamiento a la delincuencia, lo cual en la práctica dio carta blanca a los generales para que ordenen (o permitan) secuestrar, violar y asesinar e impongan, en áreas delimitadas, el terror estatal en pos de la seguridad y la estabilidad.
Aunque la institucionalidad republicana permanece intacta, con sus tres poderes constituidos y el calendario electoral respetado, comienza a observarse un sistema equiparable a una democracia de baja intensidad, acechada por la militarización.
Al respecto, Velazco Arregui escribió: "el conflicto interno de México es una Guerra Deforme [por varios motivos como] la visión anacrónica que recrean los medios para ocultar la dimensión real del conflicto [...] y la utilización de la violencia institucional y la irregular para llevar adelante un modelo de acumulación" que agrava la concentración de la riqueza en el plano interno.
Ya en el plano externo la aventura belicista cristaliza la subordinación sin cortapisas a los mandamientos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): garantizar un mercado totalmente desregulado para lo cual se hace imprescindible apartar a las Fuerzas Armadas de sus atribuciones esenciales en materia de defensa nacional y abocarlas a la seguridad interna, asumiendo el comando de las policías provinciales cada vez más atareadas con la represión de la delincuencia común –que en parte se origina en el desempleo y la pobreza– y de las protestas sociales.
La rebelión pendiente
A pocos días de la asunción de Peña Nieto, se constata que fue equivocado el pronóstico zapatista que imaginaba una ola de protestas contra Calderón debido a su origen fraudulento y a sus políticas antipopulares. "¿Por qué no se desató esa ebullición política?" le preguntó el Dipló a Carmen Lira Saade, directora del influyente diario La Jornada, durante una conversación informal.
"Reconozco que muchos en la izquierda esperábamos que en 2008 o 2009 hubiera un estallido clásico, con paros y acciones contra el modelo económico, pero no fue lo que sucedió." Para explicar por qué faltó una reacción política contra el calderonismo conviene entender al tráfico como un "fenómeno complejo, con raíces sociales", apunta Lira Saade, quien señala que en 2008, cuando la crisis estadounidense golpeó a México, el PIB cayó y la desocupación subió, en lugar de manifestaciones masivas, "vimos una población poco movilizada y una parte de la juventud buscando una salida económica con los narcos".
La imagen de Emiliano Zapata se multiplica en distintos cuadros expuestos en el escritorio de Lira Saade; unos están concebidos con una estética clásica, otros retratan al héroe con trazos más osados. En este país, la Revolución Mexicana, para muchos una obra inconclusa, siempre retorna en forma de discurso, de utopía o de fundamento para un proyecto programático. Está en el discurso de los universitarios rebelados contra el despotismo de Televisa, en las consignas de los sindicatos reprimidos por gobierno en Oaxaca, al sur, y de los campesinos violentados por el ejército, al norte.
Para la directora de La Jornada, el inminente retorno del PRI al poder no permite abrigar ni siquiera esperanzas de reformas serias al modelo en curso, sólo habrá algún cambio cosmético para garantizar la sobrevivencia de un engranaje gatopardista. Cuando llegó al poder Vicente Fox (2000), poniendo fin a siete décadas de priísmo, muchos imaginaron el réquiem del régimen de partido único, pero, al revisar las dos gestiones panistas (Fox y Calderón), se comprueba que fueron esencialmente "la continuidad" de las líneas maestras heredadas de Salinas de Gortari (1988-1994).
En lugar de un bipartidismo que se alterna en el poder con proyectos diferentes, el PAN y el PRI constituyen, en último análisis, dos caras "del mismo régimen". Que se enfrenten electoralmente, como ocurrió en las presidenciales de julio pasado, no impide que panistas y priístas respeten su compromiso umbilical con el orden conservador, viciado de corrupción, más o menos populista y estructuralmente violento que rige más allá de los matices.
Por ese motivo estructural, en el interregno de cinco meses entre las elecciones y la toma de posesión del 1 de diciembre, panistas y priístas establecieron una alianza con el fin de obstruir la investigación sobre las anomalías que contribuyeron al triunfo de Peña Nieto y aprobar la Ley Federal del Trabajo, un instrumento jurídico imprescindible para precarizar los contratos y abaratar la mano de obra mexicana a niveles chinos, lo cual ofrecerá más "seguridad jurídica" a las maquilas estadounidenses radicadas particularmente en la frontera norte, justamente donde se afincan los principales carteles de la droga.
Esa confluencia programática entre el PRI y el PAN, ¿se repite cuando el tema es la guerra al crimen? Según las declaraciones de Peña Nieto, su gobierno someterá a revisión la estrategia militarista en razón del inaudito número de bajas y los ya referidos abusos contra la sociedad civil, todo lo cual ha motivado denuncias ante la ONU y redundó en un paulatino desengaño de la opinión pública ante el empleo de las fuerzas de defensa en el combate a los infractores de la ley.
Según algunas encuestas cualitativas, parte del electorado que emigró del PAN al PRI lo hizo con la esperanza de que haya un freno a la barbarie y está dispuesto a consentir algún pacto entre el gobierno y las bandas para alcanzar un cese –o una mitigación–de las hostilidades.
Incluso militares que pertenecieron al entorno del futuro gobernante, como el general Tomás Ángeles Dauahare, consideran urgente corregir la política de Calderón porque la confrontación con el enemigo se resume a lo militar, con alto costo de vidas y una espiral de violencia, "y esto nos está desgastando mucho [...]. A las organizaciones criminales [...] no se las debe atacar sólo por la fuerza, se las debe atacar en su centro de gravedad" financiero y logístico.
Pero en el entorno del líder priísta también hay personajes identificados con la guerra sucia y el paramilitarismo, como el general colombiano Oscar Naranjo Trujillo, cuya presencia como posible asesor especial en materia de seguridad permite suponer que seguirán en pie las tesis belicistas.
Predecir lo que vendrá en México puede resultar aventurado, principalmente porque el presidente entrante es, en rigor, un personaje tutelado por factores de poder "oscuros", como señala Eduardo Cervantes, uno de los hombres de confianza de López Obrador. "Peña Nieto es igualito al [Fernando] Collor de Mello brasileño: un invento de la televisión para impedir el ascenso de la izquierda al gobierno. Será una marioneta de los que montaron el fraude para que gane, un rehén de las mafias. No tendrá ningún margen de independencia respecto de los dueños del dinero, su función será garantizar el salvaje proceso mexicano de acumulación del capital"
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafel Pansa
FUENTE: ElDiplo
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