Miles de personas protestaron este lunes por las calles de Asunción, capital de Paraguay, para expresar su rechazo a la denominada Ley de Alianza Público-Privada, aprobada este lunes en el Congreso, una norma que la opinión pública califica de "privatizadora", ya que busca beneficiar “a la reducida clase política y no al pueblo”.
La iniciativa es impulsada por el Gobierno del presidente Horacio Cartes, quien alega que la Ley permitirá facilitar la inversión privada en obras de infraestructuras y servicios públicos. Incluso, el diputado Ramón Romero, quien apoya la ley, sostiene que el proyecto “es un instrumento fundamental para que Paraguay despegue".
Por otro lado, representantes de varios sectores de la sociedad denuncian que la normativa solo permitirá saquear a las empresas estatales. En ese sentido, el partido Frente Grande, liderado por el expresidente Fernando Lugo, afirma que con esta ley "Cartes hará negocios a su gusto con nuestras riquezas".
En la jornada del lunes, organizaciones de trabajadores y campesinos, movimientos y partidos progresistas se movilizaron en Asunción y otras ciudades del país, para rechazar un proyecto de ley que pretende “privatizar los bienes públicos”.
Las movilizaciones fueron convocadas por la Coordinadora Democrática, integrada por sindicatos de trabajadores de instituciones del Estado, partidos y movimientos políticos progresistas y de izquierda, federaciones de campesinos, indígenas y estudiantes de todo el país.
La concentración principal se realizó frente a la sede del Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley en una sesión extraordinaria. En este punto, la Policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes.
Dentro de recinto legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la ley “de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, conocida como Alianza Público Privada.
Luego de cuatro cuatro horas y media de debate se llevó a votación nominal las dos propuestas, donde la versión Senado obtuvo 60 votos, la de Diputados 15, tres se abstuvieron y dos ausentes. A partir de ahora, el documento se remite al Ejecutivo para su veto o promulgación.
En tanto, Mercedes Canese, dirigente del Frente Guasu, explicó que el proyecto permitirá que el Poder Ejecutivo ceda el control de bienes y servicios públicos a empresas privadas, sin que los demás poderes del Estado puedan intervenir en estos procesos.
Por ello, denunció que la Ley viola el principio del equilibrio y control recíproco de los poderes del Estado, establecido en la Constitución nacional, que además señala que este tipo de emprendimientos sólo puede realizarse con el acuerdo del Congreso en cada caso particular.
FUENTE: Telesur
