Las inminentes elecciones presidenciales mexicanas, previstas para el 1º de julio próximo, ponen sobre la mesa de análisis la complejísima situación del país, que es el último límite de América latina con los Estados Unidos y se encuentra sometido a una violencia extrema.
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Las inminentes elecciones presidenciales mexicanas, previstas para el 1º de julio próximo, ponen sobre la mesa de análisis la complejísima situación del país (103 millones de habitantes en 1.958.000 km2 de superficie) que es el último límite de América latina con los Estados Unidos y se encuentra sometido a una violencia extrema. Una guerra contra el narcotráfico se desarrolla en México con cerca de 50 mil personas muertas hasta enero de este año, en donde se enfrentan las bandas de traficantes contra las Fuerzas Armadas y policiales. En ese contexto, 45 periodistas han sido asesinados durante el sexenio del conservador presidente Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), y la cifra de las mujeres y hombres de prensa asesinados ha llegado a 109 desde el 2001.
Esa extraordinaria manifestación de violencia delictiva y represión estatal permanece, pese a verificarse en América latina, poco presente en la consideración pública de la Argentina. La política de abrir la famosa guerra empleando a las Fuerzas Armadas acelerada por Calderón dista de haber resuelto el problema del narcotráfico, en tanto los Estados Unidos, con larga frontera de tres mil kilómetros con México, permanece en vigencia como el mayor mercado de consumo de las drogas consideradas peligrosas producidas en México.
Desde hace doce años, el azul y blanco PAN gobierna México con la profundización del neoliberalismo que se instaló en las tierras conquistadas a sangre y fuego por el colonialismo español, a partir de la asunción de la presidencia por Carlos Salinas de Gortari, el presidente proveniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México desde los años ’30 como herencia de la Revolución de 1910-1917 y dejó el poder el 2000 en manos del panista Vicente Fox.
El Ejército Mexicano y su Armada han sido fundados y reconocen su origen en la Revolución de comienzos de siglo. La impresionante conmoción que produjo la revolución campesina y cívica de 1910-1917 terminó con la oligarquía positivista y la larga dictadura del general Porfirio Díaz, tan parecido a nuestro general Julio A. Roca, y con las instituciones de su régimen, entre ellas el denominado ejército federal. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, el actual Ejército Mexicano reconoce su origen en 1917, cuando la Revolución que protagonizaba triunfó y se dictó la Constitución (social) de Querétaro. El Colegio Militar de México se reconoce como “Heroico” por recuperar la tradición de los jóvenes cadetes que se inmolaron en 1847 desde las alturas del cerro de Chapultepec, sede del palacio homónimo, antes que rendirse al invasor norteamericana que amputó a México la mitad de su territorio. A su turno, la actual Escuela Naval es también denominada “Heroica”, por la resistencia que ejecutó contra la invasión marítima de los Estados Unidos durante el desarrollo de la Revolución que afectara intereses económicos del Norte.
Educadas las FF.AA. en esa tradición revolucionaria y de enfrentamiento contra los norteamericanos, lo militar fue subordinado a lo político por la propia acción civilizatoria de los políticos y generales, ellos mismos los principales políticos de la Revolución. Desde 1934, cuando precisamente el general Lázaro Cárdenas asumió el gobierno, profundizó la reforma agraria y fundó Petróleos Mexicanos (Pemex), los presidentes se sucedieron, civiles y por sexenios. El PRI careció de oposición seria y se preocupó por no tenerla. Birló las elecciones de 1988, cuando Salinas comenzó su gobierno desmantelador del Estado revolucionario, al dejar fuera de carrera por un notorio fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Don Lázaro, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fusión de la izquierda popular del PRI y de la izquierda reconciliada con las mejores tradiciones revolucionarias.
En México no hay Secretaría (Ministerio) de Defensa, sino una Secretaría de la Defensa que es, propiamente del Ejército, y otra de la Marina. Sus titulares, miembros del gabinete presidencial, son los máximos jefes militares en actividad. Constituyen una corporación que ha crecido en autonomía en los finales de los gobiernos priístas y en la docena de años panistas. El investigador Sergio Aguayo, catedrático del Colegio de México y profesor del Colegio de Defensa Nacional, ha dicho que “en las últimas décadas lo más impresionante es que las fuerzas Armadas han adquirido un poder propio, con más presupuesto y más efectivos, frente al presidencialismo, que ya no existe. Quedan la elite técnico-financiera, la Corte Suprema y los militares”. (El País, 29/4/12, Madrid).
La decisión de hacer ingresar a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico nació de la superación de la capacidad operativa represiva de nacionales y estatales (provinciales) ineptas y corrompidas. (Las FF.AA. mexicanas son dos –Ejército y Armada– porque la Fuerza Aérea continúa siendo, como en la Argentina previa a 1945, un arma de la fuerza terrestre). Fuera de operaciones golpistas del tipo sudamericano luego del gobierno de Cárdenas, el Ejército, sobre todo, y la Armada, sirvieron como cuerpo represivo contra insurgencias campesinas y guerrilleras. El combate contra las poderosas y siniestras bandas de narcotraficantes llevó a las FF.AA. a un combate urbano cotidiano, sobre todo en el norte y los litorales del país, que no le ha brindado, precisamente, hasta ahora la victoria. Y esa lucha condujo a la corrupción de efectivos surgidos de su seno para que se generara una de las mafias más poderosas: los Zetas. “El titular de la UEDO (Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada), José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que el grupo de los Zetas estaba conformado por alrededor de cuarenta ex militares, entre tenientes, subtenientes y ex gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales). Destacó que un nunca se había visto la participación de un grupo tan grande en ninguna otra organización de traficantes.” (Astorga Luis, Seguridad, Traficantes y Militares, Tusquets. México, 2007).
La militarización de la vida cotidiana mexicana no ha resuelto el problema de la destrucción de las bandas de narcotraficantes y ha incrementado la autonomización de las FF.AA. aztecas.
En los próximos comicios presidenciales mexicanos, la puja se ha centrado entre la candidata del gobernante PAN, Josefina Vásquez Mota, el favorito de las encuestas –el priísta Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México, una suerte de provincia de Buenos Aires alrededor del Distrito Federal– y Andrés Manuel López Obrador, del PRD. AMLO, como lo sintetizan los medios, es el candidato nacional-popular. En cambio, Peña Nieto es la figura abiertamente sostenida por el monopolio mediático Televisa, que produjo, a pesar suyo, el renacimiento del movimiento estudiantil mexicano. Esta militancia, que se autodenomina Yo soy el 132, se originó, paradojas de América latina, en la privada Universidad Iberoamericana, como resistencia al perfil oligárquico de aquél. López Obrador lucha desde abajo en las encuestas contra Peña Nieto y avanza contra los pronósticos del poder. AMLO es el único candidato que ha prometido retirar de las calles en seis meses a los militares.
El desafío que enfrenta México es enorme. Confundir Defensa con Seguridad ha conducido a la trampa en la que están hoy sus FF.AA. La falta de preparación y corrupción de las fuerzas policiales condujo a echar mano a las militares: craso error que multiplicó la violencia.
En el caso argentino, la drástica separación de Defensa y Seguridad, que establecieron con amplísimo consenso las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, ha fijado una garantía y una previsión imprescindibles, que se han visto sólidamente reforzadas por la política de Defensa ejecutada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La creación y el desarrollo del Ministerio de Seguridad en el ámbito nacional, a cargo de Nilda Garré, avanza en el mismo adecuado rumbo.
Tener una política moderna de despenalización de consumo personal de drogas marcha en el mismo sentido que la lucha sin tregua contra las bandas controladoras del tráfico organizado, en el plano de una política de seguridad donde el Estado ataca a los grandes capitalistas del negocio con los métodos pertinentes (jurídicos, financieros y de fuerza legítima) y se vincula adecuadamente con las problemáticas de los usuarios. En México se está jugando también este decisivo partido con peso en la escena latinoamericana y mundial.
RELEVAMIENTO Y EDICION: Florencia Fantin
FUENTE: Página 12