Bruselas quiere reforzar el control sobre la CNMV y el Banco de España. La carta de Guindos no detalla cuánto se quiere usar de los 100.000 millones concedidos. Economía asume que el préstamo se canalizará a través del FROB, un fondo estatal

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Un comunicado del vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, es el primer acuse de recibo de la petición formal del rescate de la banca española, apenas unas horas después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, enviara una carta con ese fin al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. En el comunicado, Rehn hace hincapié en que se vigilará "de cerca" el cumplimiento de los compromisos del Gobierno en otras áreas, como el ajuste del déficit y las reformas estructurales. Es una cuestión que ya se incluía en el acuerdo del Eurogrupo que dio pie al rescate, pero a la que no se hace referencia en la carta de Guindos.

"Espero que España mantenga la misma determinación e impulso en las reformas que pueden generar crecimiento sostenible y más y mejores puestos de trabajo, así como en cumplir sus compromisos en el marco del procedimiento por déficit excesivo", reza el comunicado publicado por la Comisión tras la petición oficial de rescate bancario por parte de España. "Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y de forma regular en paralelo a la asistencia financiera", subraya.

Bruselas empieza a apretar las clavijas a España. Con un ojo en el cumplimiento de esos compromisos en déficit y reformas, el rescate fijará además condiciones sobre los bancos que pidan ayudas y sobre el sistema financiero en su conjunto. Todo eso se sabía ya, pero la Comisión Europea empieza a afinar el tiro: tal como se temía, el dinero para la banca española le va a costar a España cesión de soberanía sobre sus organismos reguladores del sistema financiero, el Banco de España –que atraviesa un momento crítico tras los ataques del Ministerio de Economía a su gestión de la crisis y su credibilidad— y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La economía española lleva varios meses siendo objeto de una intervención de baja intensidad: la banca depende del Banco Central Europeo (BCE), las misiones de la Comisión, Eurostat, el FMI y el propio BCE son constantes y cada vez más frecuentes, y a las recomendaciones de política económica (pasan a ser exigencias medidas como la subida del IVA o la presentación de planes presupuestarios bianuales) se unirán ahora las condiciones financieras del rescate.

"La condicionalidad se aplicará a los bancos que sean recapitalizados", ha asegurado hoy el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. Traducción: se reestructurarán o liquidarán las entidades que pidan ayudas, y eso puede implicar fusiones, absorciones, ventas de oficinas y de participaciones industriales, limitación de dividendos a los accionistas y de bonus para los ejecutivos y, en última instancia, el cierre de las fichas bancarias inviables, extremo que en este momento descarta Economía. Además, la condicionalidad se aplicará también "al sector financiero en su conjunto, incluida su supervisión y los requerimientos regulatorios", según Rehn. Su portavoz, Amadeu Altafaj, citó directamente al Banco de España y a la CNMV, aunque dio pocos detalles adicionales: "El objetivo es mejorar la supervisión y el marco reglamentario. La supervisión será reforzada y responderá a las condiciones pactadas por el Eurogrupo".

En los próximos días empezarán a llegar los expertos de la Comisión, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada ya hubo funcionarios de la Comisión en Madrid, que se reunieron en el Ministerio de Economía y en el Banco de España. Y la primera avanzadilla llegará esta misma semana para hacer "un diagnóstico del sistema bancario", según fuentes comunitarias, tomando como punto de partida las dos auditorías presentadas la semana pasada, y que cifran las necesidades de capital en hasta 62.000 millones de euros en un escenario estresado.

Con ese análisis, Bruselas presentará un borrador del proyecto de condiciones para el rescate español, cuya fecha inicial prevista era el 9 de julio, aunque la Comisión reconoció ayer que finalmente esa fecha podría retrasarse. Los tipos de interés estarán en torno al 3% o al 4% y los plazos de devolución a partir de 15 años, según el deseo expresado la semana pasada por el ministro Luis de Guindos. Sin embargo, en la carta que ha enviado al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, esta mañana, no hay no hay pistas sobre esas condiciones, que es lo que marcará la respuesta de los mercados, hasta ahora poco entusiasta. Ni tampoco sobre cuánto de los 100.000 millones ofrecidos quiere utilizar el Gobierno español.

"Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de España, para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran". Así empieza Guindos la misiva en la que se reafirma que "la institución receptora de los fondos que canalizará a las entidades financieras" será el Fondo para la Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), "en representación del Gobierno de España".

La mayor pega que ponen los inversores al crédito europeo para la banca española es que las normas del fondo de rescate obligan a otorgarlo a través del Estado, lo que lleva a un repunte de la deuda pública española, ya muy castigada en los mercados.

Para suavizar esa percepción, el Gobierno español ha alimentado la expectativa de que es posible la inyección directa del fondo de rescate en la banca, un debate que Alemania se niega a reabrir. Es una vía cegada en el presente, tal y como se reconoce en la carta al recalcar que el FROB actuará "en representación del Gobierno". Aun así, Guindos no deja de reseñar que "en la elección del instrumento concreto en el que se materializará esa ayuda, tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad, y aquellas que se puedan decidir en el futuro". Un agarradero al que asirse si las discusiones en el seno de la UE sobre cómo romper el vínculo entre la deuda de la banca y la deuda pública se materializan pronto en algún tipo de acuerdo.

En una intervención ante la plana mayor de la patronal CEOE, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha insistido en la misma línea. "Tenemos que ver cómo romper ese vínculo", afirmó, antes de defender que la petición del rescate para la banca es una medida esencial para "reactivar el crédito". Rajoy también tiene un ojo en el calendario de ajustes al que le apremian las instituciones europeas. Primero ensalzó la "madurez de la sociedad española" ante los sacrificios que se le pide. Acto seguido, adelantó que habrá más: "Pronto, este año, habrá nuevas medidas económicas, que son imprescindibles, por difíciles que sean, para crear crecimiento y empleo".

La mayoría de los expertos coincide en que la inyección directa en la banca es lo deseable. Guntram Wolf, de Bruegel, ha explicado hoy que el modelo aprobado para el rescate español "no es la solución". Pero Berlín se niega. Y no parece fácil que el impulso político necesario para eso proceda de Bruselas: "Los tratados no permiten, con las reglas actuales, la recapitalización directa de los bancos a través del fondo de rescate temporal (EFSF) o del permanente (Mede)", dijo un portavoz de Rehn.

El Ejecutivo vuelca su limitada capacidad de presión en arrancar las condiciones que menos devalúen el valor de la deuda pública, en lograr el tipo de interés más bajo y el plazo de devolución más amplio. También debe precisarse aún si se usará para esta operación el fondo de rescate permanente cuando entre en vigor, algo que está previsto para ese mismo mes, y por lo que aboga buena parte del Eurogrupo. En las normas de ese fondo se establece la preferencia en el cobro de la deuda, en perjuicio de los inversores privados, lo que podría llevar a un mayor castigo de la prima de riesgo española. En alusión a "las posibilidades que se puedan decidir en el futuro" también cabe cualquier cambio que el Gobierno español pueda arrancar en este frente.

En cuanto a la cuantía del préstamo, del que Economía quiere disponer de forma gradual, la referencia es el reciente dictamen de los evaluadores externos, que la semana pasada aseguraron que los bancos españoles necesitarían entre 51.000 y 62.000 millones para recapitalizarse. Puede acabar siendo menos —la estimación es el resultado de escenarios extremos, y algunas entidades pueden captar capital por sí mismas—, pero también más: a falta de las evaluaciones entidad por entidad, es posible que Economía se quiera garantizar un colchón de seguridad.

FUENTE: El País