Entre enero y noviembre de este año, más de un millón y medio de personas "cruzaron ilegalmente las fronteras de la UE". Entre julio y septiembre, más de 413.000 personas pidieron asilo en algunos de los 28 Estados Miembro. Países como Grecia están desbordados y han tenido que pedir ayuda a Bruselas para gestionar los pasos fronterizos con Macedonia y para registrar a los refugiados que llegan a sus islas. Frontex, la agencia europea de fronteras, no da más de sí. No tiene el mandato, los recursos y la capacidad de vigilar los límites, de rescatar las embarcaciones y de procesar a los inmigrantes.

Por todo ello, la Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para la reforma del control de fronteras comunitarias. Un plan para crear una nueva agencia, la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con más recursos, más poder y la capacidad de movilizar hasta 1.500 guardacostas europeos, en menos de 72 horas, para intervenir en lugares en los que haya una crisis migratoria. Incluso, pretende Jean-Claude Juncker, si el Estado Miembro afectado se niega.

La propuesta es un paquete de documentos esperados, polémicos y que antes de nacer ya cuentan con la oposición formal y frontal de un buen número de países. La idea de esta nueva agencia es contar con una especie de cuerpo europeo de policía de fronteras, un grupo de al menos 1.500 euroagentes, entrenados para acudir a dar apoyo a los Estados Miembro en ocasiones excepcionales y ante emergencias o incapacidades temporales de hacer frente a un flujo migratorio superior al habitual.

¿Puede la Comisión obligar a un Gobierno a aceptar guardacostas que no quiere? Bruselas cree que puede y que debe. Que es el único camino. La mayoría de las capitales lo ven como un sacrilegio y no están dispuestas a pasar por el aro.

"En un área de libre circulación sin fronteras internas, la gestión de las fronteras exteriores de Europa debe ser una responsabilidad compartida. La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades claras y las lagunas en los mecanismos existentes. Es el momento de pasar a un sistema verdaderamente integrado de gestión de fronteras", ha señalado el vicepresidente, Frans Timmermans.

En realidad, la idea esbozada este martes no es nueva. Bruselas lleva más de 15 años jugando, de una manera u otra con la posibilidad, como una muestra de integración y de solidaridad con los países más expuestos. La situación, acabando 2015, es prácticamente insostenible. Porque Schengen está en peligro, porque la posición de varios países se está enquistando. Porque Grecia es absolutamente incapaz de vigilar sus mares, controlar el número de refugiados que llegan y de poner en marcha los trámites obligatorios para el registro de los llegados, con su identificación y control de origen. Porque han vuelto los controles fronterizos, se levantan muros entre socios y hay una escalada de reproches e incidentes.

Muchos países consideran la iniciativa como una inaceptable cesión de soberanía

El momento para una iniciativa tan ambiciosa parece el más idóneo, pero es, al mismo tiempo, el peor de todos los posibles. La idea nace muerta porque en temas migratorios y de refugiados la Comisión Europea lleva un año desafiando al Consejo, a los ministros y las capitales. Los gobiernos están cada vez más irritados con el papel de Jean-Claude Juncker y su equipo, al que acusan de actuar de forma unilateral, demasiado ambiciosa y en contra de la opinión y la soberanía de los Estados. Creen que va muy deprisa, contra sus deseos y saltándose la legislación y sus atribuciones.

El plan presentado este martes oficialmente propone que si la Comisión "identifica deficiencias, la Agencia Europea de Fronteras y Costas pedirá a los Estados Miembro que tomen acciones correctivas a tiempo. En situaciones urgentes que pongan en peligro el funcionamiento del Espacio Schengen, y cuando las deficiencias no hayan sido subsanadas, la Agencia podría dar un paso para asegurarse de que las acciones se llevan a cabo sobre el terreno, incluso si no hay petición por parte del país".

Se trata de un paso insólito y en la práctica casi imposible. ¿Cómo se obliga a un Gobierno? ¿Por la fuerza? Fuentes europeas explican, cargadas de buena intención pero sabedoras de lo ingenuo del planteamiento, que la idea es elaborar un "plan estratégico" para cada situación. Que un país afectado por una crisis concreta pida ayuda. Si la Comisión detecta esa emergencia, a través del centro de evaluación de riesgos que tendrá la nueva agencia europea, se pondrían en marcha actuaciones.

Esto, sobre el papel, es sencillo. En la práctica, no. Grecia ha estado de nuevo al borde del precipicio antes de pedir una ayuda relativamente menor de Frontex y de los grupos de intervención de urgencia de la Comisión. Aunque era evidente que no podía gestionar las fronteras y había miles de vidas en peligro. Nada indica que otros países en situaciones similares vayan a aceptar lo que consideran una ayuda humillante y una peligrosa cesión de competencias. La Unión Europea sí, pero poco a poco.

El mecanismo diseñado por Bruselas propone que, si el comité técnico de la Comisión decreta la necesidad de un despliegue de esos guardacostas europeos, se dará una alerta a los Estados Miembro y, en menos de 72 horas, éstos deben poner a disposición el personal preparado necesario. Los guardacostas europeos no tendrán base única. Cada uno seguirá con su trabajo habitual en sus países, y en caso de emergencia serán movilizados y acudirán a misiones temporales, aunque recibirán formación específica.

¿Será obligatorio colaborar? Según el plan de la Comisión, sí, lo será. Será mandatorio para los países proporcionar los funcionarios y agentes necesarios. Y será obligatorio para los países, en última instancia, aceptar la labor de esa Agencia en su territorio. La decisión se tomará a nivel técnico dentro de la Comisión. Si no hay consenso habrá votación, y sería necesaria una mayoría cualificada para impedir un despliegue.

Es decir, que si Grecia, por poner el ejemplo más cercano, no escucha las advertencias de la Agencia Europea de Fronteras y Costas. Si hay una amenaza para Schengen. Y si la directiva de la Agencia cree que no hay deficiencias subsanadas en un plazo determinado, sometería a voto la decisión de desplegar a guardacostas europeos. Y Grecia sólo podría evitarlo si consiguiera entre los técnicos (hay uno por país dentro de la Comisión) una mayoría cualificada de veto. Un sistema parecido al de las multas y sanciones habitual, salvo que no es necesario llevarlo al Consejo Europeo. Se haría todo en el seno de la Comisión.

La Comisión se defiende y se escuda en su papel, tanto de guardiana de los Tratados como de impulsora de iniciativas. Debe haber consenso, sí, pero su trabajo es hacer propuestas, y más en un tema crítico, con cientos de miles de personas esperando asilo en suelo europeo y una incapacidad bíblica por parte de los países para mover ficha.

Las líneas maestras del documento no han sido un secreto. Los ministros llevan semanas hablando abiertamente de ellas, de la idea de esa fuerza europea de fronteras. Y los jefes de Estado y de Gobierno lo verán esta misma semana, cuando acudan a la última cumbre del año en Bruselas.

Según los cálculos de la Comisión, esta agencia necesitaría un Presupuesto de al menos 238 millones de euros en 2016, y un monto superior cada año hasta llegar a 322 millones en 2020. Igualmente, tendrá un personal de hasta 1.000 trabajadores en 2020.

Además, sus funciones se ampliarán. Desde participar en el proceso de registro de demandantes de asilo a un rol activo en el proceso de devolver a los países de origen a los inmigrantes sin derecho de estancia en el seno de la UE.

FUENTE: El Mundo