En un mensaje transmitido anoche por cadena nacional de radio y televisión, Bachelet anunció una profunda reforma legal para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética" puestas de manifiesto en los recientes escándalos que minaron la confianza ciudadana en la clase política y el mundo empresarial y también la suya personal.
"Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad", advirtió la mandataria, quien reconoció que "los chilenos y chilenas están molestos" por esta situación.
El plan incluye medidas administrativas y reformas legales que serán tramitadas de forma urgente en el Parlamento y que contienen las recomendaciones que el pasado viernes le entregó un consejo asesor anticorrupción.
Pero además, anunció que en septiembre, cuando Chile celebra el Mes de la Patria, se iniciará un proceso abierto a la ciudadana con el fin de aprobar una nueva Constitución que sustituya a la actual, que aún contiene reminiscencias legales de la dictadura.
"Quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos", recalcó la jefa de Estado.
Esta iniciativa, la más importante del programa con el que Bachelet fue reelegida en 2013, será el colofón de una profunda reforma política para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética".
"La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución", subrayó la presidenta, quien explicó que la participación de los ciudadanos en la elaboración de la nueva Carta Magna -uno de los aspectos que más debate ha suscitado- se hará "a través de diálogos, debates, consultas y cabildos".
Bachelet advirtió que su plan anticorrupción contiene "medidas severas" a las que algunos sectores se resistirán "para que las cosas queden igual".
"Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", apuntó la presidenta, quien anunció que será ella quien conduzca "personalmente" este proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo".
"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo", anunció la gobernante, quien advirtió que "la transgresión de estas normas será considerada un delito".
Como contrapartida a esta baja de ingresos para el desarrollo de la actividad política, "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos" y "para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros" y democratizar su funcionamiento interno, puntualizó.
Una de las medidas más severas supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".
En alusión al llamado caso Caval, referido a un multimillonario negocio inmobiliario en el que están involucrados su hijo, Sebastián Dávalos, ex director sociocultural de la Presidencia, y su nuera, Natalia Compagnon, la mandataria, muy golpeada por esta
situación familiar, recalcó que "los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".
"Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", comentó en referencia implícita a la proyectada recalificación de unos terrenos en el municipio santiaguino de Conchalí, base del caso Caval.
Anunció además un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios".
"Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas y tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios", agregó.
La adopción de las medidas administrativas se llevará a cabo como máximo en quince días, mientras que para el envío al Parlamento de los proyectos de ley, la presidenta fijó un plazo de mes y medio, al tiempo que anunció la tramitación urgente de la Ley de Probidad y Transparencia y el fortalecimiento del Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.
Fuente: Télam
