Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), aseguró que las organizaciones integrantes del Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional se encuentran analizando las próximas acciones a tomar hasta lograr que se derogue la ley de alianza público-privada (APP), que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre.

La norma habilita al Ejecutivo a concesionar, aunque no utilice ese título, todos los bienes, recursos y servicios públicos por plazos de 30 años prorrogables sin el acuerdo del Legislativo.

La norma habilita al Ejecutivo a concesionar, aunque no utilice ese título, todos los bienes, recursos y servicios públicos por plazos de 30 años prorrogables sin el acuerdo del Legislativo. Además de la concentración de facultades en la figura del presidente, mediante la ley, el Estado asume todos los riesgos, ya que en caso de que las inversiones no resulten rentables para las empresas se compensará a éstas con dinero público.

Ante la escalada represiva comandada por Cartes, el dirigente señaló que nuestro país vive un estado de sitio permanente y que el gobierno, en lugar de brindar salud, educación, entre otros servicios para fortalecer la producción, despliega a las fuerzas armadas alentando el aumento de la violencia.Gómez repudió en nombre de su organización la represión contra los manifestantes y afirmó que “a partir de ahora la consigna es huelga general hasta que se derogue la ley de APP”.

También responsabiliza al gobierno de Horacio Cartes de cualquier daño que pueda sufrir el pueblo en lucha, ya que a partir de ahora la expresión de los reclamos aumentará para evitar que el mandatario entregue los recursos naturales en bandeja servida a las trasnacionales. “La ley significa la entrega total de todos los recursos naturales, toda la infraestructura, servicios e instituciones a manos privadas”, advirtió.

“Prácticamente nuestro país vive en estado de sitio permanente. La militarización coarta inclusive las libertades públicas conquistadas por nuestro pueblo. En vez de buscar una salida a las necesidades de la gente en el campo (tierra, salud, educación, alimentación, producción, créditos) el estado despliega las fuerzas armadas alentando la violencia”, expresó.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez.

FUENTE: nodal