A casi seis meses de su llegada al Palacio de La Moneda, la administración del presidente chileno José Antonio Kast se prepara para encarar su primer gran desafío de fuerza en el Congreso. El oficialismo presentó la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), un amplio paquete de reformas constitucionales y normativas que busca dotar al Poder Ejecutivo de herramientas extraordinarias contra el avance de las bandas transnacionales y el narcotráfico. Sin embargo, el contenido de la iniciativa ha encendido las alarmas en el arco político por su potencial impacto en las libertades civiles y el equilibrio institucional.
Presente en Todas Las Voces por AM 1330, Matías Paniccia expone que el núcleo de la controversia radica en la creación de una nueva figura de estado de sitio y excepción que permitiría al presidente decretar medidas de emergencia de manera directa en hasta 50 zonas críticas del país, prescindiendo de la aprobación previa del Parlamento. Mientras que el borrador inicial contemplaba una vigencia de hasta 240 días continuos sin prórroga legislativa, las intensas negociaciones en los pasillos del Senado obligaron al Ejecutivo a evaluar un esquema intermedio de 120 días automáticos más otros 120 sujetos al aval del Congreso, en un intento por destrabar su tratamiento.
A estos poderes especiales se suma la habilitación constitucional para que las Fuerzas Armadas intervengan de forma permanente en tareas de seguridad pública y control territorial interno. La agenda gubernamental propone además, la creación de un registro estatal de organizaciones criminales, la incautación y destrucción exprés de bienes de origen ilícito, y un endurecimiento sustancial del régimen carcelario para reclusos de alta peligrosidad. Especialistas en derecho y juristas cuestionaron la pertinencia de modificar la Carta Magna para introducir medidas que, según argumentan, deberían canalizarse a través del Código Penal y Procesal.
En el ámbito político, el proyecto desató fricciones no solo con la oposición, sino también en el seno del propio oficialismo. Aunque partidos de la derecha tradicional como la UDI, Renovación Nacional y Evópoli respaldan el combate al delito, han manifestado reparos ante el riesgo de crear un instrumento de concentración de poder que pueda ser utilizado de forma arbitraria por futuras administraciones. Por su parte, el expresidente Gabriel Boric y dirigentes opositores llamaron a cerrar filas para frenar lo que catalogaron como un retroceso en las garantías democráticas, evocando los fantasmas autoritarios del pasado reciente del país.
En el plano estrictamente legislativo, el camino de la reforma se anticipa sumamente complejo para el gobierno, que no cuenta con mayorías propias y necesita un mínimo de 29 votos sobre 50 en el Senado. Ante la falta de apoyos automáticos, el paquete original, que incluía cerca de 28 iniciativas entre nuevos proyectos y trámites heredados, ya debió ser podado a 11 puntos. Asimismo, la presidencia busca acelerar un tratamiento exprés en la Cámara Alta antes de que eventuales reincorporaciones tras desafueros parlamentarios alteren los equilibrios y compliquen aún más los números del oficialismo.
Pese a las tensiones parlamentarias, Kast conserva un importante margen de maniobra sustentado en el sólido caudal electoral que lo consagró presidente en el balotaje con más del 58% de los votos. Aunque en las calles aún no se observan grandes movilizaciones ciudadanas, el debate de la reforma constitucional pondrá a prueba la capacidad de negociación del Ejecutivo y marcará el pulso de la gobernabilidad democrática frente a la creciente demanda social de seguridad.
